Hace unos días, el Gobierno peruano oficializó la Ley de Presupuesto Público 2025 considerando S/251 mil millones para su gasto público. De dicha suma de dinero se destina S/ 1,196 millones para el Ministerio del Ambiente (MINAM) y aproximadamente S/ 308 millones* para la Autoridad Nacional del Agua (ANA), es decir, en conjunto el sector medioambiental dispondrá del 0.59% del presupuesto nacional.
Las políticas de medioambiente necesitan mayor presupuesto
¿Será posible que el MINAM con esa pequeña suma de dinero cumpla su función de elaborar, ejecutar y fiscalizar las políticas nacionales sobre medio ambiente y recursos naturales, promoviendo y estimulando las actividades de preservación, protección, restauración, recuperación y uso sostenible de los mismos, así como poner en valor la diversidad biológica y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno?
Solo para recordarles: los objetivos prioritarios de la Política Nacional del Ambiente, son: 1) mejorar la conservación de las especies y de la diversidad genética; 2) reducir los niveles de deforestación y degradación de los ecosistemas; 3) reducir la contaminación del aire, agua y suelo; 4) incrementar la disposición adecuada de los residuos sólidos; 5) incrementar la adaptación ante los efectos del cambio climático del país; 6) fortalecer la Gobernanza ambiental con enfoque territorial en las entidades públicas y privadas; 7) mejorar el desempeño ambiental de las cadenas productivas y de consumo de bienes y servicios, aplicando la economía circular; 8) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país; 9) mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía. Bonito texto, que se estrella contra una dura realidad económica y financiera.
La seguridad hídrica es vital para vencer a la pobreza y lograr desarrollo sostenido
¿La ANA, con 308 millones de dólares, podrá gestionar, administrar, conservar, proteger y recuperar los recursos hídricos de 159 cuencas hidrográficas (84 se encuentran en la región Amazonas, 62 en la costa del Pacífico y 13 en los alrededores del Lago Titicaca), que registran 3,044 glaciares, 12,201 lagunas y 1,007 ríos existen en el país andino? Solo para recuperar el río Rímac se necesita mil millones de dólares, según estudio surcoreano.
Estoy convencido de que con este irrisorio presupuesto público no haremos nada que cambie la crítica situación medioambiental e hídrica, que sufre el país. La gobernanza medioambiental necesita y requiere de un fuerte y poderoso impulso económico y financiero, donde las partidas públicas deben ser complementadas con la asistencia y el apoyo de dos sectores importantes: la cooperación internacional y la contribución de la empresa privada.
La falta de inversión es un grave problema que atenta contra la gobernanza ambiental
Daniel Contreras Zuloaga, gestor de contenidos en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA, afirma: “La problemática ambiental en el Perú tiene tres amenazas latentes: en primer lugar, hay una instrumentalización de la legislación por parte de varios políticos y empresarios, quienes de forma irresponsable y con poco conocimiento del tema, buscan cambiar y menoscabar leyes como la Ley Forestal y de Fauna Silvestre o la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, con el fin de privilegiar el interés particular sobre el colectivo. En segundo lugar, estamos presenciando cambios en la estacionalidad y los eventos naturales debido al cambio climático, los cuales van a afectar los ciclos de polinización y los ciclos de cosecha, y alterarán los hábitos de reproducción de las especies”.
“En tercer lugar, ha habido un incremento notorio de actividades ilícitas como la deforestación y la minería ilegal, que promueven la explotación indiscriminada de los recursos ambientales. La amenaza plausible, sin lugar a duda, es la presencia del Fenómeno de El Niño. Los impactos serán los ya conocidos, pero van a cambiar las magnitudes, las excusas y las autoridades incompetentes. Es una prueba más de que, sin institucionalidad, profesionalización, legitimidad, ciencia y comunidades resilientes, seguiremos anclados en un “déjà vu” permanente”.
Por su parte, Teresa Oré, socióloga del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía – INTE-PUCP vaticina, respecto al sector hídrico, que “Nos estamos acercando a terreno desconocido en términos de escasez de agua. En Perú, la falta de previsión y planificación es evidente. Seguimos utilizando la misma infraestructura obsoleta y no se destinan recursos económicos para mejorarla. La falta de inversión en sistemas hídricos y en infraestructuras para el agua potable, sobre todo en áreas rurales, es un grave problema. Además, carecemos de autoridades estables y una visión a largo plazo libres de presiones políticas, que son importantes para garantizar una gestión del agua eficiente”.
Sin fortaleza económica nada podemos hacer frente a la acción negativa antrópica y el cambio climático
Toda la sociedad y los sectores económicos y productivos sufrimos el duro impacto de la acelerada contaminación en todos los ecosistemas de la sierra, selva y costa; de la degradación y pérdida de la biodiversidad, de la tierra, de los océanos; del incremento de las tasas de la mortalidad humana por un entorno medioambiental agresivo de ínfima calidad del aire, el agua, los alimentos, el transporte y la salud; de mortales desastres naturales a consecuencia del fenómeno de El Niño y el cambio climático; y del preocupante ensanchamiento de las brechas sociales debido al aumento de la pobreza, que debilitan la resiliencia social, amén de un sinfín de problemas sociales y de gobernanza pública.
El Banco mundial (BM) en su estudio Perú: acciones estratégicas para la seguridad hídrica sostiene que “El cambio climático reducirá aún más la disponibilidad de agua, amenazando el crecimiento económico, el desarrollo y la estabilidad. Las sequías, inundaciones y deslizamientos de tierras asociados con lluvias torrenciales, la contaminación de las aguas y la falta de acceso a agua y saneamiento seguros le cuestan al Perú entre 8.400 millones y 13.400 millones de dólares al año. Estima que “la brecha de financiamiento para lograr acceso universal (en Perú) para el año 2030, fluctúa entre 1.900 millones y 3.200 millones de dólares por año”. El Presupuesto del 2025 apenas considera 7,043 millones de soles (2.8% del total), para los programas de agua y desagüe urbano y rural, y la atención de emergencia por desastres.
Con presupuestos tan exiguos y mínima o escasa preocupación por el tema medioambiental y el recurso agua, será imposible cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y, menos, de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y/o cumplir otros compromisos internacionales.
