El presidente constitucional del Perú, Pedro Castillo en su discurso del 28 de julio ha ratificado su compromiso de “cerrar la brecha de servicios de agua y saneamiento al 100%; para ello, necesitamos un cambio total en la forma de servir del Estado. En los 100 primeros días de nuestro gobierno se fortalecerá la ejecución de obras de saneamiento rural sostenibles y de calidad a través de los núcleos ejecutores como un mecanismo para promover la participación directa y vigilante de la sociedad civil organizada y al mismo tiempo combatir el cáncer de la corrupción”.
En esta promesa presidencial destacamos cuatro conceptos importantes: 1. todos, ricos y pobres, citadinos, rurales o amazónicos tienen derecho al agua y saneamiento; 2. el servicio público, esto es, las instituciones relacionadas al agua, necesitan un cambio para la eficiencia y la calidad; 3. el pueblo organizado debe participar en la gestión hídrica y ser el principal fiscalizador para eliminar las malas prácticas públicas.
Y para redondear la idea de una nueva y moderna gobernanza hídrica, opino modestamente, que la gestión no debe continuar fracturada, es decir: por un lado el cuidado y la preservación de las fuentes naturales; por otro, el saneamiento, el servicio de agua potable y la infraestructura hidráulica. Si le sumamos a esto la superposición de normas y funciones, el centralismo, la dispersión de esfuerzos financieros, logísticos y humanos, el desnivel de tecnología, capacitación, información e investigación ―si la hay― entre las tres instancias de gobierno, y la alta rotación de funcionarios al libre albedrío de nuevos ministros, gobernadores y alcaldes, se produce un caos difícil de gobernar, fiscalizar y planificar a largo plazo.
La gestión del agua debe ser integral, transversal y multisectorial. Solo debe existir una institución que se encargue de administrar y gerenciar el agua, desde que esta nace de las cabeceras de cuenca en la altura andina, forma lagunas, fluye subterráneamente por ríos y quebradas, llega a los domicilios, abastece a las actividades económicas, y termina en el mar u otra fuente natural.
Debemos de aprender de la experiencia republicana de 200 años de gestión. Esta integración para su éxito deberá nutrirse del conocimiento ancestral andino, de la ciencia y tecnología actual, de la participación de la mujer y los jóvenes, de la economía verde, la big data, etc.; además de engranarse con todas las políticas públicas, especialmente medioambientales y relacionadas al cambio climático y los compromisos internacionales. Empecemos el bicentenario con una nueva mentalidad, sentido social y visión pluricultural de país.
