Siempre he planteado que el agua es el recurso natural estratégico más importante para el desarrollo de las sociedades, la supervivencia humana y la conservación del planeta. Pronto será más valioso que el oro o el petróleo, y será motivo de mayores conflictos sociales, y acumulación de capital y poder, incluso a nivel global.
La reciente cotización del agua en la Bolsa de Comercio de Wall Street, motivó al anterior Congreso de la República de Perú que se presentara el proyecto de Ley Nº 7579/2020-CR, para la creación del Ministerio del Agua, con el objetivo de establecer una “política hídrica para los años 2021-2024, que regule la accesibilidad a los servicios públicos hídricos y conserve las fuentes acuíferas”, protegiéndolas ante “elevados intereses nacionales de gobiernos extranjeros”, que podrían generar “un condicionamiento a las políticas nacionales”, según refiere el texto.
Desde diciembre del 2018, en la bolsa de valores de Nueva York, compradores y vendedores ya negocian el agua, en medio de la oferta y la demanda. Ergo, su contaminación, despilfarro, especulación, escasez, acaparamiento y/o monopolización influirá en su precio, deformando su esencia de bien público y derecho humano, condición sine qua non para eliminar la pobreza, como bien lo ha acordado las Naciones Unidas.
Por esta razón, se presentó el proyecto de creación del Ministerio del Agua, que ahora debería ser rescatado y contemplado por el flamante Congreso, para su debate y, si fuera necesario, aprobarlo para proteger y salvaguardar nuestro gran recurso hídrico y capital natural de un millón 768 mil 172 hectómetros cúbicos de agua, según estimación de la Autoridad Nacional del Agua, lo que nos ubica en el octavo puesto en el ámbito mundial, como lo señala la GWP (Global Water Partnership).
Esta iniciativa parlamentaria que no debería pasar al olvido, más aún si el flamante presidente Pedro Castillo propugna un gran cambio en la agricultura, la industria, el saneamiento y la conservación del medioambiente –como lo ha señalado en su discurso presidencial del 28 de julio―, permitiría establecer políticas de conservación de nuestras fuentes naturales de agua, que por el calentamiento global y la desglaciación tropical disminuye su volumen, habiéndose formado casi tres mil lagunas en el último medio siglo, agua dulce que debe ser gestionada y administrada conveniente y sostenidamente en aras del bien público y desarrollo ecosostenido nacional.
Si no se considera la creación de este Ministerio del Agua, por lo menos debería de verse la probabilidad de que la Autoridad Nacional del Agua deje el Ministerio de Agricultura y sea adscrita o bien al Ministerio del Ambiente o a la Presidencia del Consejo de Ministros, para otorgarle a la ANA mayor autonomía, autoridad, financiación, transversalidad, funcionalidad y visión holística y prospectiva, dado que el agua por las condiciones globales y coyuntura socioeconómica será el elemento más valorado y codiciado para el progreso de las naciones.
