Por razones periodísticas estoy en Tarapoto, departamento de San Martín, en la selva central de Perú. He leído los periódicos y siento mucho coraje y pena al informarme cómo las autoridades gubernamentales se escandalizan y reaccionan inmediatamente ante el doble derrame petrolero ocurrido al norte de Lima en las instalaciones de Repsol; mientras que en la Amazonía, estos atentados ecológicos es tema cotidiano y la inercia de las autoridades es mayor que la de un oso perezoso (en peligro de extinción por cazadores inescrupulosos en esta región).
Es cierto que el derrame de once mil barriles de petróleo crudo en un área de 140 kilómetros de costa, es el peor desastre en la capital; más, en la selva se han “registrado 474 derrames en los lotes petroleros de la Amazonía —y el Oleoducto Norperuano— desde el 2000 al 2019 (afectando la ecología y la vida de 45 pueblos indígenas), según datos del OSINERGMIN y el OEFA, información publicada en el estudio, ‘La sombra del petróleo: Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019’, de Aymara León y Mario Zúñiga (2020)[1]. ¿Y las autoridades?, !bien, gracias, desde hace 50 años¡
Ante esta desigualdad, es necesario mirar la problemática de la explotación petrolera con una visión integral, nacional, multicultural y étnica, donde es necesario cambiar urgentemente el marco normativo respetando estándares internacionales, dejar de lado el economicismo, combatir la corrupción estatal, mejorar la infraestructura petrolera, detener las invasiones y apropiación ilícita de bosques, sancionar ejemplarmente a los responsables del daño ecológico y exterminio de los pueblos indígenas[2], profundizar los estudios ecológicos, respetar la cultura de alrededor de 60 pueblos indígenas y campesinos, abandonar la decrépita idea y el decadente paradigma racista de ‘sólo Lima y las ciudades de la costa son importantes; los amazónicos que se jodan¡
Es preocupante y alarmante que las autoridades muestren inoperancia, ineptitud y desinterés permanente, sostenida y criminalmente, porque consideran errónea e históricamente, que los pobladores de la Amazonía ―y también los andinos― son ciudadanos de segunda categoría. ¡Lamentable y vergonzoso este racismo institucionalizado, que se transforma en serios atentados ecológicos!
¡La Amazonía debe ser declarada en emergencia ambiental! No podemos seguir perdiendo un valioso capital verde, que será fundamental en el futuro, no solo por la ingente cantidad de agua dulce que alberga, sino por los inmensos recursos y servicios ecosistémicos que ofrece.
[2] “En este marco, es necesario recalcar que Pluspetrol es la empresa con dos récords indignos: récord de contaminación y récord de resistencia a asumir responsabilidades de remediación, enjuiciando al Estado cuando este ha determinado su responsabilidad en el plano administrativo, quedando miles de sitios impactados sin atención”, indica la mencionada investigación.
