La Seguridad Hídrica es la capacidad de un país de proteger, brindar y asegurar en el futuro el acceso sostenible al agua a sus habitantes y, por ende, el desarrollo de su sociedad, así como la protección del medioambiente y sus ecosistemas.
Siendo un elemento natural vital para la existencia humana y de su entorno ecológico, el agua debe ser prioridad en toda agenda política. Pero en el Perú no lo es, al extremo de que siendo un país con gran recurso hídrico en el planeta, gran parte de su población no tiene acceso sostenible al agua y el saneamiento, y en muchas regiones el recurso se ha agotado. Al 2050 será una de las mayores naciones en crisis hídrica, si no adopta medidas urgentes.
Hace un mes un representante del Banco Mundial expuso en Lima que solo el 50% de la población tiene acceso a agua segura; el 43% apenas tienen acceso a saneamiento gestionado seguro; un millón de peruanos en áreas rurales defecan al aire libre; un tercio de las escuelas públicas no poseen instalaciones sanitarias adecuadas; solo el 20% de las escuelas tiene acceso a agua potable adecuada; y, cada año 900 mil niños menores de cinco años sufren de diarrea aguda.
El panorama hídrico se ensombrece más al señalar que la población y la actividad económica se concentran en áreas de estrés hídrico.
El agua es un factor clave para combatir la pobreza
En este contexto —según el valioso estudio ‘Perú: Acciones Estratégicas para la Seguridad Hídrica. Diagnóstico de Seguridad Hídrica’ (2023), del Banco Mundial— la seguridad hídrica se ha convertido en una preocupación en el campo social, económico, político y ambiental. La sostenibilidad de las cuencas hidrográficas se enmarca dentro de la adaptación a las condiciones variables del clima, el uso de la tierra y la demografía cambiante de la población.
El agua es un motor clave del desarrollo económico y social, y de los ecosistemas sostenibles en el Perú, señala el documento. (Este estudio debimos hacerlo nosotros hace mucho tiempo, y no esperar que una institución foránea lo haga y muestre mayor interés y preocupación que nuestros gobernantes y principales actores hídricos)
El documento —indica— está diseñado para ayudar a los países a posicionar el agua en el centro de sus agendas nacionales de desarrollo y ha recibido el apoyo de la Global Water Security & Sanitation Partnership (GWSP) y el aporte de países europeos y de la Fundación Bill y Melinda Gates.
Alerta ―trataré de resumirlo― que los sectores que usan intensivamente el agua representan casi dos quintas partes del Producto Interno Bruto (PIB) del Perú, con un 13 por ciento en la manufactura, 12 por ciento en minería e hidrocarburos, 7 por ciento en la construcción, 6 por ciento en la agricultura y 2 por ciento del agua y electricidad.
El Banco Mundial refiere que los choques hídricos y los insuficientes servicios de las Asociaciones Públicas de Saneamiento (APS) le cuestan a Perú entre 1,3 y 3,5 por ciento del PIB por año; y que casi la mitad del país (46 por ciento) es muy vulnerable a los desastres naturales asociados con el fenómeno de El Niño y el cambio climático a largo plazo.
Recomienda que la seguridad hídrica debe acelerarse para superar sus numerosos desafíos de dotación de recursos hídricos (alta variabilidad climática, contaminación del agua y desfase entre la demanda y la disponibilidad de agua, entre otros). El Perú deberá instituir una sólida gobernanza hídrica, adoptar estrategias integrales de gestión de recursos hídricos a nivel local y de cuenca, y asegurar coordinación y armonización entre las entidades relacionadas con el agua.
Además, sostiene que la implementación del marco legal requerirá pasar de una gobernanza centralizada a una gobernanza receptiva, inclusiva y debidamente descentralizada. En particular, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) requiere una mayor independencia para cumplir su función y emplear un enfoque integral y multisectorial del agua. Y como primer paso (de nueve sumamente importantes), debe reactivarse la comisión interinstitucional del agua para completar el plan de implementación de la gobernanza del agua basado en los resultados del informe de la OCDE sobre la gobernanza del agua, concluye el estudio del BM.
La incertidumbre política impide una gestión eficiente del agua
Pero hay un factor sensible que la investigación del Banco Mundial no contempla y del cual depende sobremanera la política hídrica nacional: el factor político y la incertidumbre social. No puede haber institucionalidad, gobernabilidad y gobernanza en el agua cuando el Estado sufre cambios constantes de sus actores decisorios.
Los jefes de la Ana apenas se mantienen en el cargo un promedio de ocho meses, en promedio. En 16 años de vida institucional, se han sucedido nada menos que 18 jefes. Y en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), se han sucedido 10 gerentes generales en solo siete años, entre el 2017 y 2023. Y qué decir de los cambios en los Ministerios de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), en el cual está adscrito la ANA, y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, directamente relacionados al sector agua.
Así no se puede lograr seguridad hídrica en el Perú.
