Opinión
Julio Berbel
La opinión deJulio BerbelCatedrático de Economía Agraria. Grupo WEARE. Universidad de Córdoba
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La sequía de 2023 en España


La sequía es parte del clima Mediterráneo y, en los últimos treinta años, hemos sufrido sequías de larga duración en los periodos de 1990-1995 y 2005-2008, cada una de ellas con daños a la producción agraria (directos), estimados en más de mil millones de euros anuales. La sequía actual coincide una caída de la producción del secano, que ha llegado al 100% en muchas zonas de España, con el quinto año de bajas precipitaciones, que ha llevado a los embalses del Andalucía y Cataluña a limitar el riego. En concreto, en Andalucía, las dotaciones fueron del 33% (2022) y 18% (2023) de la concesión nominal.

Los cultivos de secano han experimentado una disminución en los rendimientos y se han otorgado indemnizaciones récord. Se estima que las indemnizaciones por daños en los cultivos de secano, incluyendo cereales de invierno, leguminosas y colza, superarán los trescientos millones de euros. Aunque estas indemnizaciones solo cubren alrededor del 5% de la producción final, se espera que en 2023 alcancen un récord de más de novecientos millones de euros.

Aunque el secano es el 70% de la superficie cultivada, su valor no llega al 30% de la producción final, siendo el riego la respuesta tecnológica que los agricultores han adoptado históricamente con el fin de reducir la vulnerabilidad a la sequía y mejorar los rendimientos medios. Pero el problema es que los seguros no cubren el riesgo de sequía hidrológica porque se supone que se cumplen unos niveles de garantía si la gestión de los sistemas es correcta, es decir, si se controla la expansión de riegos a lo que es soportable con los recursos. En el caso de los riegos en Andalucía, que supone el 25% del valor de la producción española, desde 2017 se vienen recortando las dotaciones. Si vemos los daños en 2005-2008, que fueron de unos mil millones de euros al año, con restricciones alrededor del 50%, es fácil intuir que este año el impacto será mucho mayor.

Todavía se puede regar mejor, terminar con los riegos ilegales y controlar los legales para que la próxima sequía nos pille preparados

Junto a los daños directos, hay que tener en cuenta la agroindustria, que es en Andalucía el primer sector industrial, con empresas importantes cerradas, como la cooperativa de Lebrija por no tener tomate de industria (con un ERTE de casi doscientos trabajadores), o las almazaras, al tener el 50% (o menos) de aceituna que, evidentemente, tendrán la mitad de empleo. En general, se puede estimar que por cada empleo directo hay 0,8 empleos en sectores vinculados a la agricultura (insumos o procesadores). Este daño económico no suele ser ni asegurado ni protegido por los gobiernos.  Por último, el consumidor también sufre los daños de la sequía con subida de precios, como en el aceite de oliva (300%).

Hasta aquí una enumeración de los impactos directos e indirectos, pero podemos terminar pensando en qué podemos hacer para prevenir la próxima sequía. En primer lugar, terminar las infraestructuras prometidas por el Plan AGUA de 2005, algunas de las cuales, como la presa de Alcalá y túnel de San Clemente (HU), Cerrada de la Puerta y Conducciones de Rules (GR) o San Calixto (CO), están inexplicablemente paralizadas por el actual gobierno. Hay que recordar que todas las sequías terminan con una inundación y que, cuando venga la próxima, no solo no podremos guardar el agua, sino que habrá daños a las personas y bienes. También tenemos que seguir mejorando eficiencias: muchos municipios pierden el cincuenta por ciento del agua en sus redes. Todavía se puede regar mejor, terminar con los riegos ilegales y controlar los legales para que la próxima sequía (después de la próxima inundación), nos pille preparados.

Habrá que plantearse si los recursos disponibles pueden soportar la superficie regada en cuencas interiores, como la del Guadalquivir, que se va acercando al millón de hectáreas regadas, y en las cuencas litorales seguir invirtiendo en reutilización de aguas y en desalinización, pero siempre apoyados en una mejora de la en la gobernanza, que incluya reformas legales que son necesarias y urgentes (y sin complejos).