Opinión
Josefina Maestu
La opinión deJosefina MaestuEx Directora de la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015.
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¿Qué es la resiliencia del agua y qué políticas estamos desarrollando?


La resiliencia describe la capacidad de un sistema para resistir a los shocks sin derrumbarse, y la capacidad para recuperarse, reorganizarse y transformarse en previsión de futuros factores de estrés (IPCC, 2022). Para la OCDE, la resiliencia es la capacidad de anticipar, resistir y evitar los shocks y de responder y estar preparados para aquellos que tienen alta incertidumbre y baja confianza, creando flexibilidad para adaptarse a los impactos futuros, incluidos los imprevistos (OCDE, 2022).

Por ello, la resiliencia del agua requiere ser capaces de resistir, de recuperarse, de adaptarse y transformarse, incluyendo en situaciones de incertidumbre extrema. En España se han construido infraestructuras que permiten resistir ante situaciones de estrés hídrico, pero que son poco flexibles y con el cambio climático muchos embalses quedarán vacíos. La flexibilidad que tiene el sistema es porque en el régimen concesional, las dotaciones son contingentes de la disponibilidad de agua y permite que haya reducción de suministro (dotaciones) cuando hay situaciones de sequía, tenemos planes de sequía e inundaciones e instrumentos para su monitorización (Dionisio Pérez Blanco, 2024).

Pero las situaciones de estrés hídrico van a ocurrir cada vez más y no solo va a haber más sequías de cinco años, sino que el impacto de las sequías será cada vez mayor, porque se producen en un contexto de disminución de la disponibilidad de agua con el cambio climático. Además, con el aumento de las temperaturas se induce un aumento de la evapotranspiración, lo que significa mayores demandas de los cultivos que en el pasado, lo que compromete los recursos de las cuencas. Poder recuperarse y adaptarse ante estas situaciones va a tener impactos económicos como los que se han producido en California y Australia, donde ha habido una pérdida de cultivo de leñosos. Sobre todo, va a requerir una reasignación de unos recursos escasos y llevar a escala territorial las soluciones basadas en la naturaleza que faciliten, por ejemplo, la infiltración en los acuíferos. Estos es lo que se está haciendo actualmente en el Norte de Italia, donde se han plantado bosques con canales entre los árboles, de manera que las raíces contribuyen a la infiltración del agua en el acuífero superficial. Pero la efectividad de este tipo de soluciones dependen mucho del contexto (Dionisio Pérez Blanco, 2024).

Las situaciones de estrés hídrico van a ocurrir cada vez más y no solo va a haber más sequías de cinco años, sino que el impacto de las sequías será cada vez mayor

Las consecuencias sociales de estos fenómenos afectan a los que tienen menos capacidad de resistencia. Hay muchos abastecimientos de pequeños municipios donde existe un verdadero problema social porque no hay alternativas de suministro cuando aparece una sequía. Sin olvidar el problema de la calidad. Todo ello representa un reto enorme para el planificador.  Y el mayor está en el regadío, ya que el 80% del agua se usa en la agricultura y la ganadería, el 5% en la industria, y el 15% doméstico (incluido el turismo).  Algunas medidas que el gobierno ha puesto en marcha están en los Planes Hidrológicos del tercer ciclo e incluyen inversiones en depuración, gestión del riesgo, inundaciones, y más eficiencia en el uso del agua.  Un aspecto clave es la digitalización del ciclo del agua para afrontar el riesgo hídrico. La Inteligencia Artificial y la digitalización y teledetección representan un salto muy importante, ya que permiten hacer seguimiento de la pluviometría y los consumos con mucha precisión. En China ya se predice con mucha exactitud donde va a llover, lo que permite adaptar los cultivos. En España se va a crear un Observatorio de gestión del agua y ya existe una mesa nacional del regadío y se lideran alianzas internacionales como la IDRA para sensibilizar sobre la desertificación, movilizar recursos financieros, y promover la innovación (Manuel de la Rocha, Dolores Pascual 2024).

España está entre los países con mayor nivel de estrés hídrico, pero este, junto con las sequías, son solo una parte de los riesgos asociados con el agua. Claramente, nos encontramos en una frecuente situación de emergencia climática, como las prolongadas sequías en Cataluña o Andalucía y las violentas inundaciones en las costas mediterráneas, y las DANAS.  Pero no debemos olvidar la cuestión de la inadecuada calidad del agua, que presenta un riesgo muy importante también, y está indirectamente vinculada a eventos catastróficos asociados a la reducción de volúmenes de dilución en ríos y embalses debido al cambio climático. Pero esto es algo que se puede prever y gestionar (Sophie Trémolet, Sara Baliñas 2024). La mitad de los acuíferos españoles están contaminados, en gran parte debido a la infiltración de excedentes de abonos y lixiviados agrícolas, que introducen un exceso de nutrientes contaminantes en el suministro de agua.  Además, es importante considerar los riesgos asociados al deterioro de los ecosistemas que, si pierden su integridad, no pueden abastecer los servicios ecosistémicos que proveen cuando se encuentran en buen estado. Esos servicios incluyen la capacidad de depuración o de retención de agua. Por ejemplo, los humedales bien conservados retienen agua, actúan como almacén de carbono y albergan una gran biodiversidad (Sophie Trémolet 2024).

En materia de respuesta al cambio climático nos hemos centrado en la mitigación y siguen siendo más limitados los esfuerzos en la adaptación. Hay asimetrías en las respuestas, ya que hay unas empresas que están haciendo más esfuerzos que otras. Además, hay experiencias que ayudan a concienciar como son el cambio en las prácticas de cultivo, o la agricultura regenerativa. Sin embargo, es necesario llevar estas experiencias a escala de terreno y combinar políticas de oferta y de gestión de la demanda. Es también importante que el agua tenga un precio que permita reconocer su coste de oportunidad (Sara Baliñas 2024).