Después de meses de generar expectativas el Gobierno cerró 2017 dejando sobre la mesa y sin fecha la aprobación del próximo Plan Hidrológico Nacional. El Pacto Nacional del Agua, que debía haberse cerrado en 2017, se deja ahora para 2018. En efecto, el Consejo de Ministros, no ha incluido en su programación de leyes para el próximo año la revisión del plan hidrológico. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, prevé su tramitación como Proyecto de Ley para 2019, quizá después de las elecciones municipales y autonómicas.
Es decir, estamos ante un calendario dilatado y teórico, que supone demasiadas cosas para ser creíble:
- Se supone que se va a alcanzar el Pacto. Los antecedentes recientes y remotos indicen al pesimismo. Basta recordar que estamos estancados desde 2001 cuando se aprobó el primer Plan sin suficiente consenso, lo que comportó su posterior derogación.
- Se supone que, una vez eludido el tema en las elecciones municipales y autonómicas de la primavera de 2019 –no vaya a ser que se levanten ampollas de imposible tratamiento- las nuevas autoridades van a sentirse cómodas y respetar el Pacto eventualmente alcanzado por sus antecesores en 2018. Por lo observado, no es frecuente que en los traspasos de poderes se dé un traspaso detallado de información del saliente al entrante. Es más, a veces es el propio entrante el que no la pide y pocas veces se siente responsable de acuerdos en los que él no participó.
- Se supone que la legislatura va a durar hasta el final. No es imposible, pero en un contexto político tan complicado en que la fragmentación parlamentaria convive con la pasividad del gobierno y su incapacidad para la negociación y el pacto, es difícil que alguna de las urgencias no le alcance, le estalle en las manos y deban convocarse elecciones prematuramente.
- Se supone que el proyecto de Ley se va a tramitar en el Congreso con facilidad y celeridad. De momento estamos en plena atonía legislativa y nada permite suponer que el próximo año va a ser distinto.
En las negociaciones promovidas por el ministerio el verano pasado pareció claro que los puntos más relevantes del futuro pacto eran la atención al déficit hídrico, el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes Hidrológicos y la activación de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación. También se indicó que se buscaba formalizar mayores recursos para las cuencas más desprovistas del país, acelerar los resultados de los compromisos políticos y jurídicos asumidos con la Unión Europea y estabilizar la salud financiera del Sistema Español del Agua.
Es decir, la Luna.
No hay más agua, sino al contrario, las expectativas climáticas y las evidencias de los últimos años indican que llueve menos y que la tendencia se va a consolidar.
El agua se aprovecha mejor, pero no lo suficiente. No hay incentivos fiscales que promuevan el uso eficiente en regadíos y usos energéticos, que son los grandes usuarios del agua. Y no obstante, en algunas zonas áridas del país la agricultura ha encontrado cauces viables para su actividad. En otras, además del derroche habitual de agua, se observa que exportamos agua barata en forma de forrajes a países desérticos mucho más ricos que nosotros. Mal negocio colectivo, sería mejor apurar la cadena de valor y exportar directamente la carne.
El cumplimiento de las normas ambientales tiene un coste importante, ya sea en limitación de las extracciones, ya en tratamientos para el restablecimiento de la calidad del agua.
La prevención de inundaciones impone condicionantes y limitaciones a los usos del territorio, en especial los urbanísticos. Cada vez que llueve se observan desgracias perfectamente evitables derivadas de la ocupación de cauces públicos. El urbanismo salvaje practicado durante el desarrollismo del último franquismo y recuperado con la Ley del suelo promovida por Aznar y Rato que liberalizaba la formación de suelo urbanizable ha estado en el origen de numerosos problemas que han debido afrontar particulares y administraciones públicas en esa materia. No sólo fue la burbuja financiera que explotó hace 10 años.
Más recursos, mejor repartidos, más eficiencia, menor riesgo es una combinación posible. Otros países ya pasaron por ello y han dejado de mirar al cielo y de organizar procesiones. Miran a la tecnología y a la economía. Y desarrollan capacidad de pacto y de asunción de costes. El agua no es de nadie, pero es de todos. Y al gobierno compete tomar decisiones y repartir agua y cargas. Es difícil esperar gran inversión pública como antaño, pero no es tan difícil incentivar la actividad eficiente de los sectores de usuarios y garantizar el control público de las actuaciones promovidas. El tiempo pasado no volverá, no pueden sentarse las urgencias en la sala de espera, antes de que el país se seque hay que pensar cómo pactar sobre bases reales.
