Tarifas de servicios públicos e IPC tienen un vínculo histórico que se remonta a medio siglo atrás, cuando el fin de la autarquía en que España se sumió durante la postguerra civil dio paso a tímidos intentos de liberalización económica.
El Plan de Desarrollo Económico y Social tuvo tres ediciones a lo largo de la década de los años 60 del siglo pasado. El temor a un desbordamiento de los precios -y con ello a protestas sociales- indujo a la Dictadura a determinar un grupo de productos básicos entre los que figuraban el pan, el agua y los transportes públicos, que estaban sometidos a un régimen de precios autorizados por la que se denominó Comisión Central de Precios (que con la democracia fue transferida a las autonomías).
Entre esos productos de precios intervenidos y alguno más, se definió lo que en el lenguaje de la época se denominó “la cesta de la compra”. Con ella se fijó un índice ponderado que fue la base para determinar la evolución de los precios de los productos básicos que afectaban de modo general a la población. Ese fue el Índice de Precios al Consumo o IPC.
De ese constreñimiento gubernativo que tenía poco que ver con la evolución real de los costes, nacieron algunas picardías, como los kilos de 800 gramos. En el mundo del agua, las tarifas dejaron de cubrir la totalidad de los costes del servicio, parte de los cuales se cubrían -y se siguen cubriendo- con ingresos no tarifarios, algunos bien curiosos como el alquiler, la venta o el mantenimiento de los contadores. No conozco ninguna actividad económica que deje la máquina registradora -que es la base de facturación del servicio- en manos de sus abonados o clientes.
La vinculación de las tarifas al IPC ha dado lugar a numerosas situaciones que explican algunas de las contradicciones e insuficiencias del abastecimiento urbano de agua. Me voy a referir a dos, que me parecen especialmente significativas.
El reconocimiento de los costes reales. En el supuesto de que en el momento inicial los servicios estuvieran correctamente equipados, el IPC hubiera aguantado la calidad del servicio durante poco tiempo. En efecto, las necesidades crecientes en cuanto a garantía de suministro y calidad del agua hubieran exigido inversiones cuya financiación iba más allá de la actualización de precios. No fue así, y la dialéctica entre precios, financiación a cuenta de los crecimientos urbanos y subvenciones públicas está en el fondo de los problemas de financiación de los abastecimientos urbanos. A ello contribuye también la falta de compromiso de la mayoría de concesionarios, cuyo equilibrio económico se fundamenta en el agua facturada y se desentiende de las pérdidas de agua en la red.
La asimetría de la cuenta de explotación. He explicado en alguna ocasión que las cuentas de explotación del servicio tienen una estructura en la que el coste fijo es mayoritario, mientras que el ingreso mayoritario es el variable. Esa situación supone que parte del coste fijo se financia mediante ingresos variables.
En estas condiciones, el largo período en el que España experimentó un gran crecimiento urbano, los incrementos de coste se veían esencialmente cubiertos por el incremento más que proporcional en el ingreso variable. Las buenas noticias para los alcaldes eran frecuentes: este año no hace falta modificar tarifas -ese era el eufemismo. Eso era especialmente celebrado en años electorales que siempre se desean llenos de buenas noticias.
Los incrementos de costes sólo se proponían de vez en cuando, y se validaban en la medida en que eran comparables con el IPC
Pero llegaron las crisis: la económica y los períodos secos. El crecimiento urbano se estancó y los consumos unitarios, también. Pero los costes siguieron creciendo y el estancamiento o la reducción del ingreso variable dejó costes fijos al descubierto. Aquí tampoco sirvió de nada el IPC.
Visto en perspectiva, en los 60 años transcurridos desde su implantación, el IPC ha prestado escasa utilidad práctica a la viabilidad y calidad de los servicios de abastecimiento de agua. Tan solo ha sido útil como escaparate político para explicar la necesaria actualización de las tarifas.
Así pues, me parece necesario un enfoque realista en el que cada abastecimiento analice sus objetivos de calidad, sus necesidades de inversión y los costes de prestación de un buen servicio a la altura de los que exigen y merecen los ciudadanos de un país desarrollado. La protección paternalista que con carácter general ofrecía la dictadura ha quedado actualizada por las tarifas sociales que se extienden a los colectivos que las necesitan. Los demás, de la misma forma que exigimos calidad, debemos estar dispuestos reconocer los costes de un servicio tan básico como el abastecimiento urbano.
En ese contexto hay que destacar la tendencia a obtener economías de escala mediante la mancomunación de servicios, la transparencia informativa y la implicación de los operadores en la eficiencia del servicio. Las pulsiones del siglo pasado deben dar paso a análisis y propuestas realistas en la línea del reconocimiento de los costes reales del servicio, tal como nos indica la normativa comunitaria desde hace ya unos cuantos años.
