La epidemia ha puesto a prueba a nuestros abastecimientos de agua. Esos servicios públicos, como todos los demás que han mantenido el país durante semanas –sanitarios, limpieza, alimentación, transporte y comunicaciones- han demostrado su carácter esencial -que ha sido reconocido por el gobierno-, su solidez y se han hecho acreedores a la confianza de los ciudadanos.
La segunda mitad del siglo XX empezó a desplegar la realidad del mundo -su complejidad y potencial- gracias a cambios profundos, como la irrupción del llamado tercer mundo como sujeto político y económico, y la eclosión de las mujeres como personas en pie de igualdad con los hombres. Esas realidades llegaron para quedarse, al igual que la revolución comunicativa y digital. El número de los actores se ha multiplicado, así como las posibilidades interactivas.
Creo que estamos asistiendo a otro gran acontecimiento. Concierne por igual a toda la humanidad –esa humanidad ya necesariamente compleja- y que en su evolución todavía va a tener mucho que enseñar. De momento, estamos asistiendo a un insólito primer efecto: por primera vez en la historia de la humanidad la salud se trata como una premisa para la economía. Ni la peste bubónica medieval ni la mal llamada gripe española consiguieron eso. La gente se moría, pero la economía no paró. Ni tampoco la pararon la infinidad de episodios más o menos generales de otras infecciones masivas que ha registrado la historia.
Es seguro que la huella económica será muy grave. Y también es seguro que muchos servicios cuya disponibilidad se daba por descontada se van a redimensionar. ¿Qué decir de nuestra sanidad, tan competente, tan prestigiada y tan jibarizada desde la crisis de 2008? Están bien los aplausos de cada noche a los esforzados profesionales de la sanidad. Pero en el fondo nadie debe ser aplaudido por cumplir con su deber; más bien debe ser dotado con los instrumentos imprescindibles para llevarlo a cabo. Madrid y Cataluña estuvieron entre las CCAA que más se aplicaron en los recortes, vaya por donde. De eso, se va a hablar y mucho cuando todo pase.
Habrá que invertir, pero también se va a disparar el gasto social y la deuda. Y, por supuesto, la capacidad de generar recursos de una economía hibernada tardará en llegar. Ese es el panorama en el que deberemos reflexionar sobre el futuro de nuestros servicios públicos, en un contexto en el que la ecuación económica se parecerá a la de una postguerra.
Nuestra Constitución proclama que España es un estado social y democrático de derecho y sobre esta base se construyó, a la medida de nuestras posibilidades, el Estado del bienestar que al menos desde 2008 se está deconstruyendo.
Por otra parte, el confinamiento prolongado puede dejar rastros de desconfianza entre las personas y los grupos sociales. La globalización puede devenir tribalismo, lo íbamos viendo y quizá ahora se acentúe. Los besos y abrazos, incluso los apretones de manos, serán más escasos. Viene un mundo distinto en el que tendremos la oportunidad de mejorar en muchos aspectos convivenciales mediante el refuerzo de la cooperación social y el redimensionamiento de lo público, pero también corremos el riesgo contrario.
Análogamente, y aunque los titulares los suelen ocupar el gobierno y las CCAA, se va a hablar y mucho del papel que ha jugado los ayuntamientos, por su proximidad a los ciudadanos, por la rápida asistencia que han prestado a muchas necesidades. Antes que el gobierno lo decretara, muchos ayuntamientos han emprendido acciones de carácter social para facilitar el acceso al agua y a otros servicios esenciales que van a requerir de medidas específicas de refuerzo. También los operadores, públicos y privados han respondido a la nueva situación.
Todo lo que se sabe de los coronavirus indica que no se transmite a través del agua. Y sin embargo, con la crisis se disparó la compra de agua mineral. Ello prueba la inmensa tarea comunicativa que hay por delante para acreditar la humilde agua del grifo, cien o más veces más barata que la envasada, servida a domicilio, y con la que no hay que manipular envases extraños al propio producto. Esas diferencias de confianza no tienen explicación lógica si se excluye el esfuerzo informativo y publicitario.
Ello induce a repensar una estrategia que a la vez que mejora la disponibilidad y calidad de algunas aguas, comunique bien sobre la relación calidad precio del servicio público.
La crisis creará nuevas bolsas de precariedad económica y habrá que diseñar mecanismos robustos y confiables para garantizar el acceso al agua, la confianza en ella como alimento seguro y que el servicio sea económicamente sostenible. El agua, como la sanidad y la educación, deben reforzar su carácter de servicio público universal.
La unánime petición de auxilios al Estado no puede desvincularse de un intenso refuerzo de su papel en la redistribución de la riqueza e incluso su participación en los criterios para crearla a través de un sector público más potente y menos subsidiario, al menos en determinados sectores estratégicos.
El agua, no sólo el agua urbana sino toda, deberá incluirse en el paquete de medidas que replanteen a fondo la función de los bienes y los servicios públicos. La economía no funciona correctamente sin las precondiciones de un Estado social. En circunstancias normales, el Estado es el único soporte de los desamparados. Ahora somos casi todos, incluso muchos que en otras ocasiones desean menos Estado. Eso, y la escasa disponibilidad de los que pueden aguantar cualquier crisis producirá demanda de más Estado, es decir de más y mejores servicios públicos. La salud, como precondición y el Estado como garante de la vida y la economía sostenible.
