Las leyes serias son las que no sólo identifican problemas y proponen resolverlos, sino que se dotan de mecanismos efectivos para ello. No son muy frecuentes.
En el ámbito de la política ambiental el conocimiento de los efectos del desarrollo económico y el crecimiento urbano han ido aparejados de una conciencia crítica que, de ser marginal y considerada antisistema, ha ido escalando puestos en la percepción ciudadana y haciéndose eco en la agenda política.
Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. La cuestión ambiental requiere instrumentos técnicos y económicos concretos y, fundamentalmente, la modificación de las causas y las conductas responsables de esos efectos.
La entrada en política del medio ambiente ha sido progresiva, basada en estudios, evaluaciones, acciones puntuales de impacto, dotaciones presupuestarias, campañas de sensibilización o subvenciones. Rara vez el debate ciudadano ha ido más a fondo del mero reconocimiento del problema y del mandato “que lo arreglen los políticos”.
El ecologismo ha señalado problemas y ha propuesto objetivos. En esa dinámica, ha encontrado eco en los medios, que se han nutrido de titulares a medio camino entre la verdad y la sensación. Tan ignorante del problema ambiental ha sido la política tradicional, como ignorantes de la complejidad del mundo lo son las reivindicaciones sectoriales, y la ambiental entre ellas. No se trata de elegir bando. Los media, en general, no han ayudado con sus titulares.
Los programas políticos han tratado de responder a esas cuestiones con maquillajes biempensantes; no conozco ninguno que se haya planteado la cuestión ambiental a fondo. Ni tampoco cuestiones sectoriales concretas como las relativas al ciclo del agua, la calidad atmosférica o la degradación urbanística. Propósitos sin instrumentos, responsabilidades que permiten el peloteo competencial, no son buenas herramientas para resolver problemas. Más bien denotan falta de convicción y abundan en el maquillaje argumental, tanto buenismo, tanto tacticismo. Lo que, en definitiva, ha venido a llamarse postureo.
Es destacable que la intensidad de las medidas adoptadas ha ido por barrios. Las más profundas se han adoptado en las ciudades, pues la conciencia urbana ha sido más sensible a los retos ambientales. La industria ha seguido por ese camino en la medida en que las directivas ambientales lo iban exigiendo y que comprendían que ahí se juega buena parte de su prestigio. Y le llegó la hora al campo, hasta ahora abrigado por la visión idealizada que de él se tiene desde las ciudades. Pero el campo tradicional se despuebla y muere, mientras las nuevas formas de producción agrícola y ganadera, intensivas en capital y factores de producción, han ido introduciendo distorsiones ambientales que ya no se pueden disimular.
Los casos estallan uno tras otro. Recientemente se ha puesto de manifiesto que se usa agua para regar 51.000 Has. de regadío ilegal entre Doñana, el Mar Menor y las Tablas de Daimiel. Es difícil comprender la pasividad de la administración hidráulica respecto a ese abuso y a sus consecuencias: la desecación de las zonas húmedas, cuestión sobre la que ya hemos recibido apercibimientos de la Comisión Europea. Es difícil comprender cómo se pudo ignorar lo que ocasionarían los vertidos salobres, el exceso de fertilizantes y, en ocasiones, de agroquímicos prohibidos. Es difícil comprender cómo pueden llegar tranquilamente al mercado productos obtenidos al margen de la legalidad.
Análogamente, hemos visto cómo se ha sustituido la ganadería familiar por esos monstruos despiadados que, para reducir costes, eliminan puestos de trabajo y reducen la vida animal a la mínima expresión. La optimización de costes de producción no ha supuesto la internalización de los costes ambientales de tales actividades, que han ido en aumento con la intensificación de tales actividades. Bien al contrario.
Las recientes reacciones, algunas violentas, muestran la lejanía de una parte del sector primario que el algún caso ha reaccionado de esa forma al amparo de la comprensión cómplice de algunos. Si la primera condición para resolver un problema es reconocer que existe, en ese caso estamos muy lejos.
En el fondo, lo que se echa en falta es una reformulación estratégica de nuestro futuro en el que el crecimiento económico y social no dependa de los parámetros al uso. La integración del respeto ambiental no puede trasladarse a la próxima generación ni se puede contabilizar como coste social lo que ha sido beneficio privado durante años. Eso ya ha sucedido con las zonas degradadas que ahora estamos tratando de recuperar. Esa vía está agotada. La transferencia de deuda al futuro ya no es sostenible ni se puede justificar por la ignorancia.
Las cuentas de resultados deben reflejar los costes reales de los procesos. Es urgente definir un plan de adaptación para que nuestro sistema productivo, y en especial el sector primario, se pueda desarrollar en las debidas condiciones que le permitan internalizar los costes sociales y ambientales, y obtener su legítimo equilibrio económico.
El agua -las limitaciones necesarias en la extracción del recurso, el tratamiento de los residuos que se vehiculan a través de ella- es paradigma de la insostenibilidad que se observa. No es posible ignorar esos costes, como tampoco es posible que la viabilidad del sector deba depender de que se rompan las costuras de la legalidad. Hace tiempo que se sabe. La novedad es que las evidencias obligan a afrontarlo.
