La ausencia de lluvias en el este y el sur de España provoca preocupación y angustia. Los secanos tienen mal pronóstico y los regadíos están reajustando expectativas. En estas condiciones, han surgido voces destacadas del mundo agrario reclamando un reparto equitativo del agua. Me parece un asunto muy importante y quiero aportar mi opinión.
Estamos hablando del agua de escorrentía, que es la que circula por los cauces y recarga acuíferos y embalses. El Instituto Geográfico Nacional estima que en las regiones mediterráneas, y en amplios sectores de Canarias, la evaporación, los ecosistemas y el suelo absorben la mayor parte del agua precipitada, y solo una pequeña proporción de la misma se incorpora a la escorrentía durante los periodos más húmedos, o durante los episodios de grandes lluvias. De este modo, aunque el valor medio equivale a 220 mm, la distribución espacial de la escorrentía es muy contrastada, existiendo áreas donde esta no alcanza 50 mm/año frente a otras donde supera los 800 mm/año.
Si tenemos en cuenta que la pluviometría en esas zonas oscila entre 400 y 700 mm anuales, podemos concluir que hablamos de agua donde apenas la hay, pues, con una escorrentía escasa, el agua disponible para decidir su uso es muy poca. Esa es el agua que debe atender los usos esenciales, abastecimiento, regadíos, energía, industria y el resto de actividades económicas. Y aún: no toda esa agua está disponible, pues hay que respetar los caudales de mantenimiento de los ríos.
La cuestión de la equidad no solo es importante por sí misma, sino porque, en el mundo del agua, es nueva. Las modernas obras públicas hidráulicas empezaron atendiendo a los regadíos y la producción hidroeléctrica. El abastecimiento de poblaciones no fue objeto de planificación hidráulica hasta mucho más tarde, cuando se comprendió la importancia sanitaria del abastecimiento urbano y de las dotaciones para la industria y servicios en un contexto socioeconómico en el que el sector primario iba cediendo paso al secundario y al terciario en cuanto a ocupación y creación de riqueza.
No se trata de superar un bache, se trata de que el enfoque tradicional se ha vuelto insostenible.
En esas circunstancias y recogiendo las propuestas formuladas en 1935 por Victorià Muñoz Oms, la legislación fue redefiniendo prioridades de uso. Se siguió protegiendo y redimensionando al alza el sector agrario a sabiendas de su importancia estratégica, a pesar de que su grado de aportación al PIB y al empleo se reducía sensiblemente, pues crecían más deprisa la industria y los servicios. Y no obstante, seguía siendo, con mucho, el sector con mayor demanda de agua.
El coste de disponibilidad del agua se ha incrementado sensiblemente mientras aumentaba la demanda. Mientras, se ha ido reduciendo la cantidad de agua disponible, no solo por la reducción y la mayor irregularidad de la pluviometría, sino también por el aumento de la superficie forestal, que reduce la escorrentía, -en Cataluña ha pasado del 40% al 65% en pocas décadas- y el aumento térmico que incrementa la evaporación del agua. La paradoja está servida: se ha aumentado la superficie de regadío hasta agostar marismas y agotar acuíferos y lo que sería una expectativa teórica de producción agraria óptima se ha convertido en una exigencia ordinaria que, si no se cumple, requiere el aseguramiento de las cosechas y, con gran frecuencia, compensaciones públicas.
Habrá que recordar que los secanos son lo que son y que, si se trata de reequilibrar el campo, quizá haya políticas que no dependan de la lluvia para asegurar el bienestar de la población afectada. Habrá que recordar que las concesiones de agua para regadío siempre fueron derechos de uso sin garantía de disponibilidad. Habrá que recordar que una cosa es la ayuda al pequeño agricultor y otra a grandes empresas que ya no producen en términos de suficiencia alimentaria del país, sino que se definen como la huerta de Europa. Habrá que recordar que, más allá de las ayudas públicas en forma de inversiones o subvenciones al coste del agua, aparecen costes transferidos a la sociedad derivados de la contaminación de acuíferos. El problema no es circunstancial sino estructural. En otras palabras, no se trata de superar un bache, se trata de que el enfoque tradicional se ha vuelto insostenible.
No se puede hablar de equidad sin sentar unas bases éticas compartidas entre todos los sectores. Urge un debate en profundidad sobre que significa el reparto equitativo del agua y cómo se traduce en términos de eficiencia de uso, de calidades necesarias, de asunción y reparto de costes, de sectores a proteger o sectores que pueden asumir los costes reales.
España se enfrenta al dilema imposible de un campo que multiplica los regadíos en un país sin agua
El coste del agua es minoritario en la mayor parte de los escandallos de nuestra actividad económica. Ningún sector se ha hundido por esos costes. Y más allá de los sectores a proteger, en muchos casos los márgenes empresariales son claros.
Se dice que la suficiencia alimentaria de nuestro país está en peligro. Si así fuere, ¿quizá hubiera que prohibir la exportación de productos agropecuarios? Esa vía de razonamiento me parece que no tiene sentido, ni en la afirmación del sector, ni en su consecuencia lógica.
Como se ha señalado en algún medio de comunicación, España se enfrenta al dilema imposible de un campo que multiplica los regadíos en un país sin agua. Quizá sea más útil pensar que tenemos un sector agrario sobredimensionado para nuestra disponibilidad de agua y que será mejor orientar la economía a sectores de mayor valor añadido que nos permitan importar los alimentos que no somos capaces de producir.
Quizá sea más útil condicionar las ayudas públicas al rescate de agua que pueda obtenerse de la reducción de pérdidas en canales y acequias, como ya sucedió con la ley 18/1981 sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona que estableció el trasvase del Ebro a Tarragona a cambio de la impermeabilización del canal de riego del que se extrajo el agua. Las noticias recientes evalúan en 1.200 M€ la modernización del canal de Urgell. ¿Cuánta agua se va a recuperar para otros usos? Más allá de su valor absoluto, hay que señalar que esa inversión será mucho mayor que toda la inversión prevista en Cataluña para desalación y regeneración de agua en los próximos seis años.
Campo, ciudades, sector energético, industria, turismo, tienen necesidades, visiones e intereses distintos en relación al agua. En mi opinión, el reparto equitativo del agua es un asunto trascendente que no solo requiere diálogo entre sectores, sino la proyección de esa equidad en el tiempo.
