Nací en un año especialmente seco de una década en la que los desastres de la guerra fueron reduplicados por la incompetencia de los vencedores y el miedo de los vencidos. La “pertinaz sequía” fue el pretexto mediático con el que se escudaba Franco para justificar las malas cosechas -el hambre que muchos sufrieron- y las restricciones de energía. Se modificó el diseño de los pantanos para que almacenaran más agua, aunque se produjeran menos kilovatios.
A lo largo de mi vida no he dejado de oír las apelaciones a la sequía para explicar las insuficiencias con que manejamos nuestra relación con el agua. Ni democracia ni autonomías han servido para que unos poderes más cercanos y transparentes sean capaces de cambiar el discurso.
La apelación a la sequía suena a castigo divino, tiene resonancias medievales. Cada vez que oigo hablar de sequía me doy cuenta de las limitaciones históricas de la planificación hidrológica. Si de algo sirve planificar es para reconocer lo que hay y prever un futuro mejor: más allá de poner parches a las limitaciones del presente se deberían anticipar soluciones a los escenarios previsibles que se consideran más probables.
Pues bien, todos los modelos climáticos prevén que en la región mediterránea el aumento de temperatura irá acompañado de menor intensidad pluvial y con precipitaciones de peor calidad: menos nieve, más episodios intensos y períodos secos más prolongados. La conclusión rápida es que caerá menos agua, de la que podremos aprovechar una menor proporción. Si a eso añadimos que el aumento térmico producirá una mayor evaporación, ya queda claro que el agua disponible irá claramente a la baja. Ya va.
Por otra parte, nuestra sociedad ha adquirido otros compromisos. Hemos convenido en que no cabía agotar los caudales de los ríos, sino que debíamos respetar los caudales mínimos que permiten la continuidad de los ecosistemas acuáticos. Hemos convenido el respeto a nuestras zonas húmedas y que la explotación de los acuíferos debía ser sostenible, es decir, que se debían ajustar las extracciones a la capacidad de recarga. Last but not least, hemos convenido que los vertidos se harían en las debidas condiciones, de forma que no se deteriore la calidad de las aguas receptoras.
Esas consideraciones conllevan dos consecuencias esenciales: se limita aún más el agua disponible en relación a la que actualmente se utiliza y, en consecuencia, se debe considerar e interiorizar el coste de mantener esos compromisos. Ese es el coste de sostenibilidad que en muchos casos no se asume. Y es por eso, que deseamos un modelo que no se sostiene. Esa es la paradoja en la que estamos.
La apelación histórica a la sequía ya no da más de sí. Lo exigible y posible es la apelación a la garantía de suministro. Una sociedad moderna se sustenta sobre las bases de unos servicios esenciales garantizados, sean las comunicaciones, la energía o el agua, de modo que esa fiabilidad se traslada al funcionamiento social y económico.
Ello requiere un cambio de paradigma mental. Hay que internalizar que las demandas deben desvincularse progresivamente del ciclo natural del agua, de modo que la garantía no dependa de la pluviometría.
En realidad eso ya sucede con las redes de abastecimiento en alta, cuya virtud es precisamente aumentar la garantía de suministro de sus miembros mediante el recurso a suministros lejanos convenientemente compartidos.
Otro paso se dio en 2012 en Catalunya. La polémica privatización de Aigües Ter Llobregat fue acompañada de un fuerte incremento de tarifa cuya finalidad era doble: asegurar el equilibrio económico del servicio -cuya privatización hubiera sido imposible sin ello- y dotarlo de un fondo de tesorería para garantizar su viabilidad en ocasiones en que la falta de recursos procedentes de la lluvia, hiciera necesario incrementar la producción de agua desalada, más cara por la mayor intensidad energética requerida para su obtención. Ese fondo, que actúa como un seguro de contingencia, va a permitir ahora asegurar el suministro de agua a los municipios sin necesidad de elevar la tarifa, a pesar del funcionamiento intensivo de las desaladoras del Prat y Blanes.
El paso es tan significativo como insuficiente. Para el período 2022-2027 en las cuencas internas de Catalunya se prevé un incremento en la producción de agua cercano a los 100 Hm3/año para usos domésticos, equivalente a un 20% del consumo total. Ello debe conseguirse mediante:
- La ampliación de la ETAP del Besós, de 15 Hm3/año en Barcelona para aprovechar el acuífero, hoy contaminado.
- La construcción de la planta desaladora del Foix, 20 Hm3/año ampliable a 60 Hm3/año, en Cubelles, para evitar tener que extender el minitrasvase del Ebro a la provincia de Barcelona.
- La ampliación de la planta desaladora de Blanes, de 20 a 60 Hm3/año, para cumplir con el Pacto de limitación del trasvase del río Ter a Barcelona, suscrito en 2017.
Las inversiones previstas para el período 2022- 2027 reconocen la necesidad de avanzar por el camino de la garantía y dejar atrás los viejos pretextos. Hay países más áridos que el nuestro en los que el problema se ha resuelto.
Otra cosa es que esas fuentes de agua son más intensivas en energía. Pero aquí se abre la esperanza de que las energías renovables permitan obtener y almacenar agua, pues se puede obtener y almacenar más fácilmente que el hidrógeno, y que un nuevo paradigma agua-energía permita superar las limitaciones actuales con un coste energético inferior al actual, pues ya se va viendo que las renovables son considerablemente más baratas que las energías fósiles.
