El president de la Generalitat ha identificado la sequía como el mayor problema de Catalunya. El reconocimiento se agradece y me da ocasión de ampliar algunos de los conceptos expuestos en mi anterior entrada de blog.
El análisis comparado de las demandas urbanas de agua en los tres ciclos de planificación aprobados desde 2009 muestra claramente la tendencia a la baja de esa demanda, a pesar del incremento del 10% de población observado en Catalunya en los últimos 15 años. Los documentos formales del Plan identifican que una de las causas es, precisamente, la reducción de los usos no medidos que, como el propio documento aclara, no son necesariamente pérdidas. El ritmo gradual que plantea la planificación elaborada por el ACA se considera posible y prudente. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿a qué viene ahora el aspaviento y la culpabilización a los municipios?
La llamada a la responsabilidad se supone que debe ser para todos los sectores. Y por eso me permito insistir en que hay que poner el acento en otras direcciones.
Por ejemplo, la aportación de nuevos recursos de agua desalada, que ahora se plantea como urgente, estaba prevista en el primer ciclo de planificación. Nadie ha explicado los motivos por los que primero se pospuso, y después se abandonó (no aparecen en el segundo ciclo de planificación) y ahora se proponen como urgentes. ¿Hubo problemas financieros? Probablemente, pero la ACA ya nació con ellos y eran previsibles en el primer ciclo de planificación. ¿Hubo problemas de disponibilidad energética? Algo de ello sabe el Institut Català de l’Energia (ICAEN), pero parece que las urgencias del momento lo han resuelto sin más novedades en nuestra red eléctrica.
También me he referido a la agricultura. Estoy de acuerdo en que es un sector a proteger, pero no sin condiciones. Las concesiones hay que respetarlas, pero asociadas a la superficie a la que fueron referidas. Y las reinversiones públicas en mayor eficiencia deben revertir al ámbito público en agua que se ahorra, tal como propuso recientemente la consellera en Mollerusa. El agua barata no debe perderse por las fugas de canales o acequias -de las que, por cierto, la ACA no conoce ni la proporción, ni tampoco queja o propósito declarado de medirla- o por prácticas de regadío abusivas de las que, sin llegar al escándalo de Doñana, tenemos numerosos ejemplos.
La cuestión es especialmente importante si se considera que las escorrentías agrarias contaminan acuíferos con nitratos y otros agroquímicos, que después aparecen inutilizando pozos de abastecimiento de agua urbana o encareciendo el tratamiento de esa agua. Los costes evitados por un sector, se transfieren así a otro sector de usuarios.
Estoy de acuerdo con que la autosuficiencia alimentaria es una cuestión estratégica. Pero no sería difícil encontrar contraejemplos en los que la escasa agua que tenemos se exporta a otros países en forma de productos agropecuarios. La ventaja competitiva del agua subvencionada con inversiones públicas abre interrogantes que merecen un debate entre todos los contribuyentes y stakeholders, obligados de nuestra agricultura.
El uso eficiente del agua me parece un mínimo exigible que pone a todos los usuarios de agua frente a un compromiso moral común: el ahorro y la justa distribución de responsabilidades en el uso de un recurso público. Las circunstancias han querido que, en Catalunya, agua urbana, agua agrícola y energía hayan recaído, por primera vez, en la misma Conselleria. La ocasión para definir unas reglas del juego más acordes es única: todos sentimos la angustia por la escasez de agua. Habrá que ver si la desaparición del Departament de Sostenibilitat y la creación del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, significará que el sector agropecuario se integra en las nuevas perspectivas que induce el cambio climático -mayor temperatura, menos agua, impulso a la transición energética- o que agua urbana y energía quedarán inmersos en el marco de la política agraria tradicional.
La Agencia Catalana de l’Aigua tiene unas dinámicas lastradas por su histórica precariedad económica y su burocracia complicada y, además, se ha orientado a la gestión del agua urbana con criterios económicos y ambientales. Pero su gestión apenas alcanza a una cuarta parte del agua usada en Catalunya y está sometida a presiones de distinto tipo a las que debe hacer frente, siempre con discreción. El president la defiende y no es mi propósito atacarla. El problema que nos muestra la realidad del agua es de carácter estratégico y de nivel superior al que hoy puede resolver la ACA con sus mejores armas.
Pero por favor, no disparen a los municipios, resuelvan el problema en casa, hay mucha más tela que cortar para resolver el problema.
