El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027, referido al tercer ciclo de planificación hidrológica, caracteriza los usos del agua que se dan en Cataluña. Con datos referidos a 2018, indica que el gasto de agua en el ámbito catalán ha sido de 120 litros/hab/día para los usos domésticos, que se elevan a 240 l/hab/día si se contabilizan todos los usos urbanos e industriales, y de unos 1.100 l/hab/día si se incluyen los consumos agrícolas directos para toda Cataluña, aunque en las cuencas internas el consumo total queda reducido a 400 l/hab día, pues el peso de la agricultura en esa zona es inferior al de la parte catalana de la cuenca del Ebro.
Está claro que los usos domésticos suponen un 11% del total y el conjunto de los usos urbanos, un 22%. De ese 22%, una quinta parte no aparece contabilizada como consumo.
Es cierto que algunos municipios no han hecho todos los deberes. Es cierto que hay que conocer mejor por donde se va el agua de nuestras redes urbanas. También lo es que las pérdidas reales son muy inferiores a las aparentes, pues una parte significativa de ellas son consumos que no se contabilizan por distintos motivos que en general son técnicos, como los subcontajes; o por otros motivos que, como la conciliación del derecho a la vivienda y el derecho al agua, merecen una mejor regulación y control en un marco de mayor complejidad que el de la estricta gestión del agua urbana.
La gravedad de la situación por la falta de lluvia ha sido el motivo de la publicación del Decret Llei 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.
Su convalidación por el Parlament de Catalunya fue posible gracias a la promesa de una mesa de negociación propiciada por algunos grupos parlamentarios. Pues bien, la mesa de negociación fracasó por la cuestión de las sanciones que la norma prevé para los municipios que incumplan ese decreto.
El debate mediático y el debate político se han centrado en esa cuestión. Me parece bien hablar de eso, pues poner los problemas encima de la mesa es la primera condición para afrontar su solución. Cuesta más comprender que esa sea la cuestión que haya causado la escasez de agua, como ya se ha divulgado después del fracaso de la cumbre catalana del agua, o que por ese camino vaya a venir la solución.
No voy a defender a los municipios incumplidores. Me voy a referir a la eventual eficacia del planteamiento que, en mi opinión, desvía responsabilidades de la administración catalana y elude cuestiones esenciales:
- La proporción entre el problema y el enfoque. Llama la atención la ignorancia y despreocupación por las redes de agua agrarias, cuyo consumo de agua supera el 75% del total. Sobre las pérdidas de esas redes se sabe muy poco. Pero algunas de las cosas que se saben son significativas. Las pérdidas evitadas del canal del margen derecho del Ebro fuero suficientes para liberar 125 Hm³ de agua que alimentan desde hace 35 años el llamado minitrasvase del Ebro a Tarragona. ¿Cuánta agua adicional se puede recuperar de las pérdidas del riego en otras zonas? No se sabe, o no se tiene en cuenta para evaluar la realidad y posibilidades de acción. La consellera Jordà es consciente de ese potencial, tal como expresó recientemente en Mollerussa en ocasión de la presentación del proyecto de modernización del canal d’Urgell, que se debe quedar en Catalunya, para completar el Segarra-Garrigues y velar por el Delta. En su propuesta, el agua no saldría del ámbito agrario, pero se reconoce el potencial de recuperación de agua cuyo alcance se desconoce. Y si de ese ahorro va a salir una mejora para el Delta del Ebro será porque hay mucha agua a recuperar.
- El discurso conceptual y su tratamiento económico y fiscal. En Cataluña, el agua urbana está sometida a un tratamiento fiscal muy exigente que estimula el uso eficiente y permite la financiación del saneamiento. Me parece bien. Lo que ya no se entiende es que esas condiciones de eficiencia se refieran únicamente a la parte minoritaria del consumo que suponen los usos urbanos e industriales. No es equitativo ni útil, pues nuestros ríos y acuíferos sufren, por lo menos, la contaminación difusa de las escorrentías agrarias. Dicho de otro modo, los excesos de consumo por la ineficiencia del regadío son, además, vehículo de transporte de contaminantes agroquímicos.
- Los retrasos de planificación y ejecución de obras para disponer de más agua. Las plantas desaladoras que ahora se van a activar y los sistemas de regeneración de aguas usadas, estaban previstos desde hace años. ¿Por qué motivos se pospuso lo que ahora se considera urgente?
Finalmente, el planteamiento del problema resulta contradictorio, pues si la cuestión quedara resuelta mejorando la eficiencia de las redes urbanas, habría que invertir en ellas y no en obtener nuevos recursos de agua.
Como ya he dicho en alguna otra ocasión, la consellera Jordà es la primera que agrupa en su mano las competencias sobre el agua urbana, el agua agraria y la energía. También es cierto que en esas condiciones son más evidentes las contradicciones que han lastrado la gestión de la Generalitat en esas materias. Parecería lógico que, siendo así las cosas, el decreto no señalara a quién tiene poco que mejorar y, en cambio, tiene mucho que aportar para optimizar la gestión de redes, pues, sin duda, la cultura del ahorro de agua está mucho más implantada en las ciudades que en otros ámbitos
El argumentario defensivo de la Generalitat se ha centrado en esa quinta parte de la quinta parte del consumo de agua urbana no contabilizada, de la que la mitad son pérdidas reales. De las pérdidas en los consumos mayoritarios, no se sabe gran cosa, no se contempla su estudio y, mucho menos, un régimen de sanciones para las ineficiencias o los abusos, como el regadío de maizales por aspersión, en verano, a pleno sol. Parecería lógico que las circunstancias favorecieran el fortalecimiento de la Agencia Catalana de l’Aigua de modo que se unificaran y coordinaran las acciones de planificación, inversión y se homogeneizaran los criterios fiscales y de gestión en todos los ámbitos de uso del agua.
Los municipios bien podrían recordarle a la consellera: ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo? Lucas 6, 37-42.
