La polémica sobre las macrogranjas tiene su miga. No sólo por el motivo que indujo al ministro Garzón a hablar del asunto, que bien leído se refería a cuestiones como las relativas a la calidad de la carne, que son de su competencia como ministro de consumo, a las que añadía que contaminan el suelo y el agua, ni por la oportunidad, muy discutible, de provocar el debate en un medio extranjero y sin una acción coordinada con el ministro de agricultura.
También ha llamado la atención la sobrereacción de muchas comunidades autónomas que ya estaban trabajando para limitar el alcance de esas explotaciones industriales que nada tienen que ver con la agricultura o la ganadería tradicionales ni con la atracción de población a la España vacía, sino más bien con ventajas económicas de la economía de escala y en muchos casos con ventajas fiscales o permisividad ambiental que en su día propiciaron determinados emplazamientos.
Obviedades que no son nuevas, ni el ministro las dijo por primera vez, ni es el único que las dice, y que están en la agenda política desde hace décadas. Y que en los últimos tiempos han sido objecto de iniciativas desde todos los niveles y de todos los colores. ¿Qué miseria mental ha podido convertir eso en carnaza electoral?
Por respeto a los lectores de ese blog me voy a limitar a hablar de la cuestión en relación a las aguas.
España entró en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986. Ya por entonces estaba claro que el futuro del campo, en especial en los secanos, estaba en la ganadería. Muchos agricultores complementaron sus rentas con explotaciones ganaderas intensivas de pequeño tamaño. Nuestro campo miraba a Europa deslumbrado por los fondos de la política agraria.
Lo cierto es que Europa se movía también en otros frentes. En el normativo, se publicó la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos usados en la agricultura.
De ella cabe destacar algunos aspectos:
- Debía trasponerse a las legislaciones de los estados miembros antes de dos años. En nuestro caso, se hizo durante el quinto año mediante el RD 261/1996, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
- El objeto de la Directiva fue “establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos.
En aquel momento la Directiva se orientaba preferentemente a la agricultura de regadío, que era contemplada como la principal amenaza contra la calidad de las aguas subterráneas en relación a los nitratos. La ganadería intensiva en nuestro país era incipiente y no parecía un problema general. No obstante, quedaba claro que el objetivo era la protección de las masas de agua y en especial de los acuíferos.
Una de las novedades de la Directiva fue la obligación de establecer mapas de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Ya por entonces comprendimos que se trataba de un eufemismo amable, pues en realidad se trataba de mapear las zonas vulneradas.
Recuerdo muy bien los primeros mapas que se realizaron en Catalunya, en los que, al lado de zonas de agricultura intensiva, en las que los fertilizantes minerales aportaban buena parte de las causas, aparecieron otras en las que, por convivir con usos ganaderos, y especialmente porcinos, los purines orgánicos se aplicaban de forma desmesurada (y con ocasión de lluvias abundantes, muchas balsas de acumulación aparecían sorprendentemente vacías al día siguiente).
Se estableció la obligación de que las explotaciones ganaderas aportaran compromisos con propietarios que aceptaban esos purines en sus terrenos, con la debida proporción entre la dimensión de la explotación ganadera y los terrenos aportados. Se hizo evidente que, en algunas comarcas, los terrenos disponibles a una distancia razonable eran insuficientes.
¿Que se hizo? Nada, igual que en otros lugares. De eso, y de la agricultura intensiva nuca se pudo hablar. Fue tabú de la agenda política hasta que estalló el Mar Menor y todo el mundo se rasgó las vestiduras.
La ganadería intensiva, como la agricultura intensiva, son actividades de carácter industrial: son intensivas en capital y en insumos. Nada tienen que ver con las prácticas tradicionales de nuestro campo. Producen grandes cantidades a precios competitivos, y dejan un rastro de residuos que no se pueden ignorar como se ha hecho durante décadas.
Estoy hablando de la prehistoria: las granjas de la época eran pequeñas o medianas. Se generalizó la integración ganadera, que consistía en la cesión de lechones a los ganaderos, a los que se facilitaba los insumos necesarios, como el pienso, y se les garantizaba la compra del cerdo ya criado. Así, el pequeño agricultor pasó a ser un trabajador autónomo vinculado a su integrador. Los problemas -purines, muertes de animales, tramitaciones y dificultades legales- quedaban subrogados al integrado. El negocio del integrador externalizaba los riesgos y se aseguraba unos precios sin competencia.
No creo que el aumento de tamaño de las granjas haya contribuido a una mejor solución del problema. Cierto es que las soluciones técnicas existen. Lo que no existe es un marco de obligaciones normativas y fiscales que encaje con los análisis de viabilidad de esas explotaciones. Quizá por ello importamos lechones de otros países más exigentes en su normativa ambiental, a los que les interesas la carne y nos dejan con lo que no quieren en su país. Y que encima recibamos apercibimientos de Europa por tener los acuíferos cargados de nitratos.
No es sostenible defender que las chuletas o los pimientos son buenos si dejamos el medio hecho unos zorros.
