En la entrada anterior de mi blog me referí al megamárqueting. Aquellos que lo practican lo consideran eficaz para sus intereses. Pero desde el punto de vista del servicio público es un claro ejemplo de ineficiencia: aporta coste y no garantiza que el mercado sea para el mejor. En algún caso las personas contratadas aportan el prestigio de su capacidad como empresario en mercados muy distintos. En la mayoría de casos, simplemente se llama empresarios a personas cuyo único activo es su agenda de contactos: hola soy yo, ¿tienes un momento para recibirme?, ¿comemos juntos?
En los últimos años, la prensa ha aireado prácticas poco edificantes, como el convenio firmado por una de las grandes empresas del sector con el Consejo General del Poder Judicial para la formación de jueces en materia de agua, que estuvo vigente a partir de 2011 y al que el CGPJ renunció en 2015 después de su divulgación por los medios de comunicación. El mal estaba hecho y el cuarto poder forzó la corrección del tercero.
El goteo informativo ha aireado casos en los que las extralimitaciones han incurrido en conductas que han sido investigadas y con frecuencia condenadas. Nada de eso es nuevo ni aporta eficiencia a un servicio público. Tan solo rentabilidad a los negocios que lo practican. En su libro Por qué fracasan los países, el economista Daron Acemoglu se refiere a las empresas que promueven esas prácticas como instituciones extractivas. Extractivas de rentas públicas, claro.
Hay otros ejemplos de ineficiencia, que demuestran la mala articulación del sector privado en el servicio público y la necesidad de un replanteo en profundidad de las bases de su prestación. O si se quiere, la necesidad de revisar los fundamentos de lo que el sector privado llama colaboración público-privada.
- Los procesos de licitación y adjudicación se han convertido en causa frecuente de litigios entre actores del sector. Bien es cierto que unos más agresivos que otros, pero siempre acaban implicando a los municipios afectados que, buscando en el mercado una solución, acaban encontrándose con un problema: no solo no resuelven con agilidad la colaboración privada que pretendían, sino que a veces deben destinar recursos públicos a un conflicto de intereses entre privados. Algo parecido sucede al finalizar un contrato, por la resistencia a abandonar un determinado municipio, ceder los activos amortizados y/o facilitar la información necesaria para continuar la operación del servicio. En esas condiciones, buscar la solución en el mercado se convierte en una azarosa y estéril aventura que aleja las soluciones buscadas.
- Una consecuencia de la situación anterior es la prórroga de muchos contratos vigentes sin mediar licitación. Se conocen casos espectaculares que duran muchos años. Eso añade gravedad a unos tiempos de contrato muy largos, que históricamente se fueron dilatando de una media de 25 a 50 años. Bien es cierto que la ley de Contratos del Estado ha establecido alguna limitación a los dilatados e injustificados períodos pactados con anterioridad. Pero eso, en todo caso, afectará a los nuevos contratos, no a los muchos que estaban vigentes en el momento de aprobar la Ley o a los que no se pueden plantear por las dificultades que impone el contratista saliente.
- La lógica de mercado no es incompatible con la de un Servicio Público. Pero, siendo lógicas distintas, hace falta esforzarse para establecer la sintonía necesaria. Lo han demostrado muchas empresas que en distintos ámbitos–jardinería, regulación semafórica, urbanismo, entre muchos otros- han sabido adaptar su lógica apetencia por la ganancia económica con los requisitos y prioridades de un servicio público: respeto a la autoridad pública, máxima colaboración y autocontención en aquellos casos en los que la capacidad económica del operador supera la del municipio contratante. No hay que olvidar que la legislación ha decantado la agilidad operativa hacia el mundo empresarial, mucho menos exigido de garantías procedimentales que las administraciones públicas. En la misma medida, debería autoimponerse prácticas no ventajistas en especial en relación a la asunción de riesgos, pues en teoría eso es lo que distingue el sector privado y el público. Ya hemos visto casos como el Castor, en los que la colaboración público-privada ha consistido en el traslado íntegros de los riesgos a la parte pública. Pues vaya.
- En los contratos de servicios públicos eso es especialmente importante. Se trata de servicios que, por sus características, son intensivos en capital y por tanto acarrean la doble faceta de inversión y explotación. Los estudios de alternativas, la información compartida y la atención al ciudadano abonado al servicio debe integrarse en una lógica absoluta de servicio público. Y no obstante con frecuencia asistimos a desmarques y actitudes equívocas cuando no a desafíos directos al propio concepto de servicio público.
- Las insistentes presiones del sector por obtener una regulación del mercado del agua desdeñosa con la competencia municipal y poco acorde con las necesidades objetivas del ciclo general del agua, del ciclo local del agua y de su concepción como servicio público municipal.
- Hay aspectos de los que no se puede responsabilizar directamente a esos agentes. Por ejemplo, el sistema de tarifas, tan mal diseñadas, que premian el gasto, pues el beneficio industrial y los gastos generales son tanto mayores cuanto mayor es el coste de explotación. El sector ha influido en ello, pero ciertamente las decisiones administrativas hubieran podido ser otras. El sistema tarifario se ha convertido en un panal de rica miel en el que, a pesar de la falta de inversión y el envejecimiento de las redes, liban privados con su retribución y muchas veces públicos a través de cánones o de agua gratuita. ¿Acudiría el mercado en otras condiciones? La paradoja es que, con tarifas insuficientes por falta de inversión, se obtiene rentabilidad.
Los intereses en juego del sector privado son proporcionales a los beneficios que obtiene. Es por ello que los municipios que intentan establecer reglas claras y gobernadas para su servicio público se deben comportar heroicamente y aun así no tienen la victoria asegurada. Colaboración, se ve poca, si no es para mantener el statu quo o decantarlo más en direcciones que no mejoran la calidad del servicio público.
