Hay una tensión permanente entre el derecho y los intereses. El agua, que fue patrimonio real hasta bien entrado el siglo XIX, mantuvo su condición de bien público cuando la extensión de su derecho de uso se consolidó bajo la forma de concesión. Salvo las contadísimas excepciones que detalla la ley, el agua no fue ni es patrimonio privado.
Las concesiones para regadío fueron las primeras que aceleraron la puesta en servicio de un recurso ocioso que permitió la transformación de extensos territorios desérticos en zonas productivas y prósperas. La práctica administrativa, a la vez que otorgaba los permisos de uso -concesiones asociadas al punto de captación, la cantidad de agua y el uso autorizados, y su límite temporal – evitó siempre convertir ese permiso en una garantía de disponibilidad. Todas las concesiones eran condicionadas a la existencia del recurso, con lo que la administración evitó asumir los riesgos asociados a la variabilidad de nuestro clima. También evitó compartir los riesgos empresariales de los beneficiarios del regadío.
A título de ejemplo, la construcción del canal d’Urgell a mediados del siglo XIX se realizó sin ningún tipo de regulación del río Segre. El colosal esfuerzo que supuso la excavación de un túnel de 5 km -en un momento anterior a la invención de la dinamita, en el que las voladuras debían hacerse con pólvora- y la construcción de 144 km de canal principal y miles de km de acequias se hizo a riesgo, en la convicción de que el resultado sería un éxito y se traduciría en la prosperidad de la comarca (y de los inversores, pues la iniciativa financiera fue privada). La oportunidad vino reforzada por la construcción de la línea férrea Barcelona-Lleida-Zaragoza que, financiada por los mismos inversores, aseguraba, entre otras cosas, la relación eficaz entre la producción esperada y sus mercados naturales.
El canal, que riega 70.000 Ha entró en servicio en 1863, pero no fue hasta 1959, casi 100 años más tarde, que se mejoró la garantía de suministro con la construcción del embalse de Oliana, que desde entonces forma parte del sistema de regulación del río Segre. 40 años más tarde, el pantano de Rialb mejoró esa regulación y la subsiguiente garantía.
Lo que se vivió como un factor de prosperidad y de suficiencia alimentaria no puede convertirse en un derecho financiado por los contribuyentes, en los términos actuales
Con el tiempo las cosas han evolucionado. Lo que en un principio se vivió como una oportunidad se fue transformando en un hábito que fue percibido como un derecho natural a la mejor cosecha que se podía esperar. Hemos vivido episodios en los que una helada a destiempo, un granizo u otro episodio meteorológico se denuncian como un perjuicio que merece indemnización, como si fuera la administración la responsable del mal tiempo.
Es cierto que los usos agrícolas definen buena parte de nuestro territorio y contribuyen al asentamiento de la población. Pero eso ha evolucionado mucho desde el siglo XIX. Hoy conviven en la actividad pequeños productores cuya economía precaria merece ayudas, con grandes latifundistas y empresas inversoras que se benefician del relato dominante y acaparan subvenciones. En el siglo y medio transcurrido, la población agrícola ha descendido notablemente -en Cataluña supone el 3% de la población activa-. También ha descendido hasta el 2% el valor añadido bruto del sector. Ese sector productivo usa el 72% del agua. Aunque en su totalidad, si se añade la ganadería y la industria de transformación, el sector agroalimentario catalán alcanza el 19,2%, también es cierto que buena parte de esa producción no depende de su origen, ni tampoco se destina a asegurar la suficiencia estratégica de nuestra cesta de la compra. La actividad exportadora es tan habitual como en cualquier otro sector productivo.
El relato de hace dos siglos se ha alterado notablemente. Lo que se vivió como un factor de prosperidad y de suficiencia alimentaria no puede convertirse en un derecho financiado por los contribuyentes, en los términos actuales. La agricultura, por lo menos nuestra agricultura, debe replantear su estrategia productiva, adaptada a la realidad de los mercados en los que opera -que afortunadamente van más allá de los mercados locales-, su sistema de adecuación a los riesgos naturales -de forma análoga a cualquier sistema productivo moderno que desea y necesita cuantificar y minimizar los riesgos mediante su aseguramiento.
El agua expresa la necesidad de adaptación. Si las concesiones nunca garantizaron la disponibilidad de agua, es probable que en algunos casos se otorgaran más concesiones de las que era aconsejable por la disponibilidad de agua. La tendencia a la baja es notable, pues no solo llueve menos, sino sobre todo por el efecto combinado del incremento de la evapotranspiración debido al aumento térmico y al aumento de la superficie boscosa que aumenta ese efecto.
En los cauces hay menos agua disponible y muchos acuíferos están agotados y contaminados. Quizá alguien piense en resucitar el plan Borrell que preveía amplias interconexiones norte-sur. No creo que sirva para resolver un problema estructural. El coste público del sector agrario se puede medir en diversos capítulos:
- La inversión en infraestructuras de regadío y en su modernización.
- La financiación de algunos excedentes agrarios.
- La financiación de los riesgos asociados a eventualidades meteorológicas.
- La inversión en saneamiento de las aguas procedentes de las actividades del sector.
- El sobrecoste de tratamiento de las aguas de abastecimiento urbano contaminadas por nitratos y otros agroquímicos.
En la definición de las prioridades productivas estratégicas debe intervenir la autoridad pública, que debe condicionar las ayudas a la limitación de los derechos de agua que permitan ajustar la dimensión del sector a la disponibilidad real de agua. Dinero a cambio de eficiencia. Y el sector debe reconocer los límites a la disponibilidad de agua y asumir los costes de su tratamiento, que ahora se transfieren al futuro y a las captaciones urbanas.
Puesto que estamos financiando la política agraria con fondos públicos de todas las procedencias que salen de nuestros impuestos, los ciudadanos tenemos el derecho a opinar sobre una cuestión que nos concierne. El relato decimonónico requiere un replanteo y una actualización a fondo.
