Hasta época reciente, disponer de agua era barato. El precio del agua considerada materia prima era escaso: una captación superficial, un bombeo bastaban para disponer del líquido. Otra cosa es su acondicionamiento, almacenamiento, transporte y suministro en las condiciones adecuadas de caudal y presión. Ese tratamiento – industrial y logístico- y su control técnico y administrativo han sido, hasta el momento, los elementos esenciales del coste del agua. Y muy especialmente del agua urbana, aunque algunas comunidades de regantes disponen de elementos hasta cierto punto comparables.
El bajo precio de la disponibilidad de agua se basó en dos factores: la relativa abundancia del elemento -relativa, pues su demanda estaba, en general, por debajo de sus disponibilidad-, y la escasa valoración de la garantía de disponibilidad. Los secanos se resignaban cuando no llovía -era lo que había sucedido siempre-, y las ciudades se acomodaban a las restricciones y cortes.
La construcción de la sociedad moderna se ha basado en dos conceptos que se han incorporado de forma sucesiva. En primer lugar, la garantía de suministro. La actividad económica y social se fundamenta en ello. Industria, agricultura, sanidad, servicios requieren de esa garantía para asegurar, a su vez, el desarrollo de esas actividades.
En segundo lugar, la sostenibilidad. Ese concepto es fruto de una evolución desde que se observó que la actividad humana tenía consecuencias negativas no deseadas que se denominaron impactos ambientales. Algo parecido a lo que en términos bélicos se ha denominado efectos colaterales, es decir, resultados no deseados, pero que inevitablemente suceden. Los planteamientos conceptuales han evolucionado para definir formas de actividad que eviten esos impactos y que garanticen que esa actividad se podrá realizar de forma indefinida y sin impactos sobre el medio.
Pues bien, la transición climática ha puesto definitivamente sobre la mesa la necesidad de asociar esos conceptos a la disponibilidad de agua. El único factor barato del servicio, ya no lo será, pues habrá que incorporar elementos tecnológicos que garanticen la disponibilidad y la sostenibilidad del servicio.
Eso conlleva cambios importantes en nuestras administraciones hidráulicas. Hasta el momento, ellas actuaban como meros dispensadores de agua a través de los permisos de concesión. Ahora su función es más compleja: garantizar la disponibilidad de agua supone determinar cuánta agua va a poner a disposición de los usuarios, con qué garantía de disponibilidad y a qué coste.
El agua natural, la que procede del ciclo de evaporación y lluvia, ya es insuficiente y su contribución a la disponibilidad es decreciente. El agua regenerada y la desalada son los nuevos componentes de suministro en los que la tecnología y, en especial, la energía, sustituyen con coste a la energía del ciclo solar natural que eleva el agua ya desalada hasta las nubes.
Cuando se produjo la privatización de Aigües Ter Llobregat, en 2012, en el escandallo de costes de la concesión se introdujo un factor de garantía que permitía recaudar unos 5 millones de euros al año. Sobre la base de que en general el agua suministrada procedería del Ter y del Llobregat, ese factor permitía el funcionamiento básico de la desaladora del Prat, recientemente puesta en servicio, y cubrir los sobrecostes de su funcionamiento a pleno rendimiento en los supuestos de carestía de agua en los pantanos. En 2019, la Agencia Catalana del Agua decidió reducir esa bolsa a 4 millones anuales para así poder afrontar otros factores de coste sin elevar las tarifas.
Hasta el momento, ATL aguanta las presiones sobre el coste del funcionamiento en continuo de la desaladora con unas tarifas insostenibles. El riesgo de una nueva privatización por descapitalización de la empresa pública es grande. Alguien tendrá que explicar que los reyes son los padres.
