Más allá del ciclo del agua y las cautelas para reducir la dependencia de la lluvia, podemos contemplar los diversos escenarios en los que se plantean actuaciones concretas, su grado de ejecución y sus métodos de financiación. De forma sucinta podemos mencionar los siguientes:
- Las actuaciones previstas en el tercer ciclo de planeamiento 2002-2027.
- Las actuaciones previstas en el PECIA (Pla estratègic del cicle integral de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona)
- El plan de medidas urgentes de la Generalitat aprobadas en agosto de 2024 por el gobierno Illa para evitar la dependencia de la lluvia.
- Las propuestas a largo plazo del OIA (Observatori Intercol·legial de l’Aigua) para alcanzar la suficiencia y eficiencia en el uso del agua en 2050.
Por otra parte, hemos tenido el anuncio reciente de un nuevo plan catalán de regadíos que será redactado en 2025. Y finalmente, tenemos la perspectiva del cuarto ciclo de planificación que debe prepararse ya para cuando acabe el tercero.
Con independencia de los contenidos, en parte superpuestos, en parte complementarios y algunas veces contradictorios, cada uno de esos planes tiene costes estimados y mecanismos de financiación específicos y con distintos grados de concreción.
Los del tercer ciclo de planeamiento están contenidos en los documentos del plan y descansan esencialmente en la financiación pública por parte del ACA, ya sea con fondos propios ya con los que se puedan obtener de Fondos comunitarios de la UE.
Los del PECIA tienen referencias genéricas a los mecanismos de financiación del ciclo del agua y, en algunos de los proyectos, estimación de costes y mecanismos de financiación que principalmente se atribuyen al ACA.
El Plan de medidas urgentes de la Generalitat es, quizá, el más concreto. Resulta del Plan Especial de Sequía que se puso en marcha el 2021, que preveía que, hasta 2027, la Generalitat invertiría 2.400 millones de euros para garantizar el abastecimiento y mejorar el medio ambiente con la construcción de 174 nuevas estaciones depuradoras. De esos, 290 se utilizaron para incentivar la eficiencia en las redes locales de abastecimiento y 169 como soporte a la agricultura.[1]
Prevé un aumento de la oferta de agua de 280 Hm³ anuales y una aportación financiera de la Generalitat que en buena parte irá a parar al operador metropolitano Aigües de Barcelona, que para el período 2025-2027 puede equivaler al 75% del coste estimado de la inversión.[2] Ese coste, en su momento, deberá ser recuperado, al menos en parte en virtud del mandato comunitario de aproximar el precio del agua a su coste. Está por conocer el mecanismo de esa recuperación, que puede ser a través de la tarifa del operador o del canon del agua.
La elección del mecanismo y su cuantía no serán indiferentes. En el primer caso, la devolución vía tarifa equivaldría a la privatización de los grandes mecanismos de financiación de los flujos de agua urbana en los que hasta el momento han prevalecido los mecanismos públicos en los que el canon del agua y los fondos comunitarios han sido el pulmón de la financiación púbica controlado por el ACA. Aigües Ter Llobregat ha actuado como el gran operador en alta y AGBAR ha sido operador subsidiario en función de sus derechos históricos.
Más allá de los problemas del agua urbana están los de la agricultura, que después de 35 años de camino aparte, se han vuelto insostenibles y ahora exigen disponibilidad de agua para poder afrontar el futuro. El lamentable plan de regadíos 2008-2020 daba por supuesto que el agua estaba allí, abundante y gratuita, esperando las obras para poder regar. Tuvo un desarrollo escaso y sin perspectiva. El nuevo conseller ha anunciado un nuevo plan de regadíos para 2025, sin esperar a la planificación global del agua ni haber coordinado actuaciones con la CHE ni, que se sepa, con la propia administración catalana del agua. El resultado será necesariamente escaso. Si se quieren resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes.
En ese marco, las propuestas del OIA han concretado necesidades y propuestas técnicas, pero no todavía los mecanismos de financiación y cuál debe ser diseño del ciclo del dinero.
El Plan de medidas urgentes de la Generalitat es el más concreto porque se apoya en los estudios y proyectos que, en el ámbito metropolitano, hizo el operador privado con más detalle que el ACA. Quien da primero da dos veces y ese riesgo, el de la privatización del circuito del dinero y de la propiedad de algunas grandes infraestructuras, está sobre la mesa pendiente de aclaración en relación a los usos del agua urbana.
Será necesario que las decisiones de urgencia a que obligó la sequía se remansen en un proyecto de ley que especifique y detalle la primacía de lo público sobre lo privado, corrija los excesos e incompetencias detectados en los últimos años y proyecte sobre el cuarto ciclo de planificación los mecanismos para una gestión eficiente del ciclo del agua y del dinero necesario para disponer de ella.
El cuarto ciclo deberá recuperar también las medidas de aprovechamiento de aguas pluviales y grises previstas en el tercer ciclo y en el PECIA, y que no se han desarrollado; así como los mecanismos para recuperar agua azul mediante una gestión adecuada de las masas forestales de las cabeceras de nuestros ríos. Esas medidas que no se corresponden directamente con un coste por metro cúbico sino en términos generales de garantía de disponibilidad para todos los usos, requerirán sin duda de mecanismos específicos de financiación.
El reforzamiento de la coordinación administrativa, del control público de la financiación y la aproximación de la señal económica al coste del agua son el único camino posible. De otro modo, tan solo habrá baile mientras alguien pague la orquesta.
