A título de ensayo prospectivo, de vez en cuando me pregunto por los supuestos que dan pie a las propuestas de los planificadores. Esos supuestos parten del conocimiento de la realidad sobre la que se pretende incidir, es decir de los problemas a resolver, de los instrumentos disponibles para ello, y de la definición de prioridades para enfocar el futuro.
Me referiré a la planificación hidráulica desde los tiempos de Lorenzo Pardo hasta época reciente, y más concretamente a la planificación catalana desde Victoriano Muñoz Oms, y autor del Pla Hidràulic de Catalunya de 1935 que se incorporó al Plan Nacional Hidráulico redactado por Lorenzo Pardo en 1933.
El Pla Hidràulic tenía una coletilla: de aprovechamiento integral de los ríos de Catalunya, que era ya una declaración de principios: había que considerar los ríos que transcurren por el territorio de Catalunya como un recurso único del que obtener el máximo aprovechamiento.
Los recursos disponibles para ello eran los de la época: básicamente, canalizaciones a favor de la gravedad. Aunque ya se disponía bombas, el coste del bombeo era prohibitivo para grandes trasiegos de agua y sólo de contemplaba para el abastecimiento de algunas poblaciones.
Las técnicas de tratamiento de agua eran rudimentarias y se limitaban a la filtración y la desinfección. Quedaba claro que la prioridad era el abastecimiento urbano, y que el Plan debía distribuir el agua disponible para generar riqueza en todo el territorio, de modo que las comarcas cedentes tuvieran compensaciones económicas claras, que en aquel entonces eran la creación de nuevos regadíos. También estaba claro que todos los aprovechamientos debían ser cofinanciados por los beneficiarios.
Manuel Díaz Marta, ingeniero de caminos experto en obras hidráulicas y colaborador del ministro de la República Indalecio Prieto, afirmó que, al terminar la guerra civil, numerosos ejemplares del Plan Pardo de 1933 fueron quemados en el Ministerio de Obras Públicas, pero los restantes fueron celosamente custodiados por los ingenieros hidráulicos y más tarde utilizados como libro de información y consulta para la elaboración de sus planes. Así pues, la planificación hidráulica de la dictadura de Franco tomó, aunque nunca lo reconoció, muchas de las iniciativas contenidas en el Plan Pardo. La selección buscó, prioritariamente, la construcción de pantanos que, a la vez que regulaban los ríos permitían su aprovechamiento hidroeléctrico y la construcción de regadíos. Se olvidaron las compensaciones territoriales a los territorios cedentes y se ejecutaron las expropiaciones de forma despiadada al amparo del silencio impuesto por la censura de prensa y el miedo generalizado de la población durante la postguerra.
El primer objetivo de esos planes era obtener una cierta autonomía alimentaria y energética, ítems que encajaban con la economía autárquica en la que nos sumió el franquismo durante las dos décadas posteriores a la guerra civil. Más adelante vinieron los proyectos de grades trasvases: Tajo Segura, para abastecer poblaciones y regadíos del sudeste; Ter, para asegurar el abastecimiento de Barcelona y su área metropolitana; y Ebro, que debía complementar y substituir el del Ter y asegurar todos los usos de la creciente área metropolitana e industrial de Tarragona. De ellos se ejecutaron los dos primeros, pero no el tercero, que años más tarde se quedaría en el llamado minitrasvase a Tarragona.
Las aguas subterráneas nunca fuero objecto de planificación pública pues la normativa las consideraba de carácter privado.
La ley de aguas de 1985 estableció las prioridades de la democracia: la más importante, la declaración de la unidad del ciclo del agua y con ello -aunque con algunas excepciones- el carácter público de las aguas subterráneas.
El crecimiento urbano, la influencia de las normas internacionales y el poder democrático municipal impulsaron la generalización del abastecimiento y más adelante el saneamiento de poblaciones; en definitiva, ese fue un gran paso adelante en la dignificación de pueblos y ciudades.
En paralelo con ello, se desarrolló una creciente atención al medio ambiente, ya sea en forma de respeto a ríos, lagos y zonas húmedas, ya sea con la intensificación del tratamiento de las aguas residuales urbanas.
De ello quedaron al margen los acuíferos salinizados por sobreexplotación o vulnerados por contaminación difusa, mayormente procedente de la actividad agropecuaria. La consciencia del problema y su simultánea falta de solución encontraron encaje mediante su calificación de “zonas vulnerables”, que evitaba el reconocimiento de que eran ya zonas vulneradas.
Las preocupaciones actuales son administración de la disponibilidad de agua mediante dotaciones de la autoridad hidráulica; esas y su tarificación son las condiciones para un uso eficiente del recurso. El riego eficiente, la reducción de pérdidas en redes, deben ser los objetivos y los resultados de la planificación del futuro.
La conciencia del coste del agua y de su valor deben impulsar estudios sectoriales que midan, por una parte, las aportaciones del uso del agua en términos de PIB de cada sector de la economía; por otra el valor ambiental del agua; i finalmente, el valor del agua en términos de política territorial, en el impulso a la modernización de los regadíos y, de forma más general, en términos de reequilibro social y económico.
Hoy tenemos conciencia de los límites de disponibilidad y del valor económico del agua: regulación, interconexión y nuevos recursos son el trípode instrumental de la garantía de disponibilidad. También tenemos los recursos tecnológicos de los que se carecía pocas décadas atrás.
Finalmente sabemos que, sin desestimar la importancia y la necesidad de las obras hidráulicas, tenemos mucho que aprender en términos de gestión pública del recurso: administraciones hidráulicas, comunidades de regantes y municipios deben intensificar y coordinar sus actuaciones competenciales. No basta con disponer de empresas privadas siempre dispuestas a contratar servicios. El pollo debe llevar bien puesta la cabeza en su sitio.
