Cuestiones de concepto (1)

De acuerdo con los datos que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográ­fico, la demanda estimada de agua en España para el año 2021 fue del orden de 32.000 Hm³ anuales. El principal uso del agua es el regadío y usos agrarios, que supone aproximadamente el 80,5% de esta demanda, seguido por el abastecimiento urbano que representa el 15,5%. Tras ello estaría el uso industrial.[1] Está claro cuál es el problema a considerar.

Nuestra pluviometría media es de unos 650 mm anuales. Ahora bien, el Instituto Geográfico Nacional de España (IGNE) estima que, de esa lluvia, tan solo un tercio, 220 mm anuales, son objeto de escorrentía. El resto se evapora directamente o a través de las plantas que la reciben.

La traducción a escala macroscópica de esa escorrentía supone que por cada km2 de suelo español discurren 0,22 Hm³ de agua al año. O lo que es lo mismo, los ríos y acuíferos españoles reciben 110.000 Hm³ de agua al año.

A primera vista, parece que no deberíamos tener problema de agua. Para comprender lo que sucede hay que acercar el foco al tiempo y al territorio.

Los datos históricos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indican que, en torno a la media de 650 mm, la variación anual de lluvias oscila entre 950 y 480 mm, es decir, de doble a sencillo. Aunque la tendencia de las últimas décadas es suavemente decreciente, el factor clave es la progresiva aparición de períodos secos que, como el actual, duran más de un año.

Nuestra capacidad de regulación del recurso depende de tres factores: los acuíferos, los embalses y las cumbres nevadas. Pero el aumento térmico ya nos muestra que la nieve tiende a escasear en beneficio de lluvias, que en general son más violentas.

Las reflexiones sobre el factor tiempo parecen abogar por una mejor regulación hiperanual de nuestra capacidad de embalse y un uso sostenible de los acuíferos, lejos del que se observa en la actualidad. O, como se sugiere de forma recurrente, una mejor conexión entre las cuencas del norte y las del sur.

Si ponemos el foco en el espacio, el territorio español es muy diverso. El propio IGNE advierte la gran diferencia entre la escorrentía observada en el norte, superior a los 800 mm, y la de buena parte de la cuenca mediterránea, donde es inferior a 200 mm y, en amplias zonas, inferior a 50 mm.

Sucede que la lluvia real que cae en esas zonas áridas, sirve mayoritariamente a bosques, pastizales y secanos, aunque con la incertidumbre propia del aumento térmico.

Sucede que esas zonas son, precisamente, las que por su clima tienen mayor potencial productivo por cada palmo de terreno cultivado y por cada litro de agua aplicada.

Sucede, también, que la agricultura española tuvo un antes y un después con la entrada en la Unión Europea. El Mercado Común Europeo, nacido de las cenizas y de las lecciones aprendidas de la II Guerra Mundial, tuvo en la agricultura uno de los pilares más poderosos, pues Europa fue, durante la postguerra, deficitaria en alimentos. Desde hace casi 40 años nuestros campesinos participan de las garantías comunitarias en formas diversas y, como es lógico, ya no piensan en los conceptos decimonónicos de asegurar la suficiencia alimentaria del país, sino que se consideran “la huerta de Europa”. Y tienen razón, pues el clima es nuestra gran ventaja competitiva. El éxito ha sido tal que, en muchos casos, de lo que se ha tratado no es de ser autosuficientes, sino de financiar excedentes.

La gran cuestión a plantear es con cuánta agua se puede contar con las garantías que requiere una agricultura moderna y tecnificada, cuál es el coste para el sector del factor productivo agua, y en qué casos se justifica que ese coste requiera ayudas públicas, ya sea por cuestiones territoriales o por garantías a determinadas producciones consideradas estratégicas para nuestra economía.

Bien entendido que el siglo XXI no puede afrontarse con argumentos y procedimientos decimonónicos, que hay formas objetivas de asegurar las cosechas y los riesgos climáticos, y que el interés público del agua está por encima de los intereses sectoriales de determinados regantes y de sus procedimientos de expresión. Está por escribir la lista de manifestaciones extemporáneas frente a determinadas autoridades hidráulicas. No se puede pedir lo que no hay, nadie se ha bebido el agua que no llueve, ni se pueden exigir más garantías de las que ofrece el documento concesional.

De todas formas, no puedo evitar pensar en otros aspectos de interés:

Por ejemplo, ¿quién decide los puntos de consigna para los desembalses de las hidroeléctricas? Esos puntos deberían fijarse con la prudencia suficiente para asegurar los demás usos durante un período suficientemente grande. No se sabe mucho sobre eso, pero al menos se sabe que en determinadas ocasiones los desembalses han sido exagerados y la autoridad hidráulica se ha enterado a balón pasado. Urge una explicación de las reglas de juego con las que ese sector usa el agua.

Por ejemplo, la dependencia de algunas agriculturas respecto al agua rodada, contrasta con los campos de cultivo de Almería, que son plenamente competitivos con agua desalada. ¿Cómo es posible que mientras unos se ganan correctamente la vida, otros pongan el grito en el cielo?

No es de recibo que mientras se sigue regando a manta, se organicen tractoradas para exigir más agua.

Tampoco es de recibo que las ayudas públicas a la modernización de regadíos se traduzcan en una mayor oferta de agua en vez de una recuperación de derechos para otros usos.

Hay un gran recorrido para encajar todas esas piezas en una política que priorice el interés público en el uso del agua.