En mi blog de 22 de mayo me refería al calendario del cuarto ciclo de planificación para la elaboración del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) para el período 2028 – 2033, que acababa de anunciar la Agencia Catalana de l’Aigua.
En él me refería a los déficits estructurales que ya se detectaban en el primer ciclo de planificación, estimados en 212 Hm³ para el año 2007 y a los recursos que permitieron pasar sin mayores apuros durante algunos años más: el ahorro urbano, que la propia ACA dimensionó en 120 Hm³ y las desaladoras del Prat i Blanes, que a pleno rendimiento aportan unos 70 Hm³.
Quince años atrás, las lluvias hicieron olvidar los deberes pendientes para alcanzar las debidas garantías de suministro. Parece que ahora no será así. El Govern da muestras de haber aprendido la lección y aprovecha la tregua que han dado las lluvias de otoño para intentar llegar al verano en mejores condiciones, aunque no llueva lo necesario.
El Observatori Intercolegial de l’Aigua, formado por especialistas de los colegios profesionales de Economistas, Ingenieros Industriales, Caminos y Agrónomos, presentará en los próximos días el documento Bases per a la Transició Hídrica a Catalunya. Este documento trata de ofrecer un escenario en el que se combinen las mejoras en la práctica de nuestra agricultura, el equilibrio en el uso, la garantía de disponibilidad, los nuevos recursos de agua y el reequilibrio territorial.
Más allá de lo dicho, hay otras cuestiones de gran calado que no dependen de la sequía. ¿Cómo debe la Generalitat recuperar sus responsabilidades en el Ebro? Leo que, finalmente, se han interesado por los problemas de la cuenca del río Siurana y de algunas comunidades de regantes de las cuencas internas que desde hace años están sin agua. Por algo se empieza. Pero, ¿cómo deben conciliarse la política hidráulica y la política agraria para modernizar nuestros regadíos y evitar el colapso del campo o su absorción por las multinacionales del sector? ¿Cómo equilibrar la oferta del recurso público, agua y su uso eficiente?
Aquí debo recordar que con la Llei 5/1990 d’infraestructures hidràuliques, la agricultura de regadío se desentendió de la administración catalana del agua y su financiación. El preámbulo de la ley no puede ser más claro:
La intervención de la Generalidad comporta, pues, la ejecución de una serie de obras que implican un volumen muy importante de inversión pública. Previamente, la Generalidad debe tomar en consideración cuáles son los recursos económicos disponibles, cuáles los criterios de prioridad entre las diferentes actuaciones y cuál el grado de participación de los beneficiarios de aquellas obras en sus respectivos costes. Esto requiere la elaboración de un programa de infraestructuras, la implantación de un régimen económico-financiero específico que permita generar los recursos adicionales indispensables y, finalmente, el establecimiento de un régimen de auxilios económicos a las corporaciones locales, entidades y particulares que sean destinatarios de las obras programadas y que, de acuerdo con el carácter más o menos directo del beneficio resultante, participarán en la financiación.
De la combinación de dichos criterios, resulta, en primer lugar, la conveniencia de considerar separadamente, por una parte, las obras denominadas de infraestructura general, como son el acondicionamiento de ríos, la defensa contra riadas, v el abastecimiento, dentro del que se incluye la red primaria sin distribución domiciliaria, y, por otra, las obras de infraestructura de regadío.
En las Cuencas Internas de Catalunya se invirtió en mejorar algunos regadíos y en la zona Ebro el interés se centró en la expectativa de construcción del canal Segarra Garrigues. Los gravámenes impuestos a la contaminación industrial y urbana se obviaron para la contaminación agraria y ganadera.
En esa lógica, los sucesivos ciclos de planificación hidráulica de las cuencas internas de Catalunya han ignorado las necesidades hídricas del campo. De forma complementaria, el Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020 daba por supuesto que había agua y que su disponibilidad no tendría coste. Tampoco se ha considerado seriamente el factor forestal, cuyo crecimiento fuera de control ha aumentado el riesgo de grandes incendios a la vez que, en los peores momentos, ha consumido importantes dosis adicionales de agua y reducido su disponibilidad para los usos sociales y económicos.
En 35 años nadie ha movido una pestaña para defender escenarios alternativos en los que el agua se administre con eficiencia y como recurso único.
La sequía pluviométrica supuso un desagradable y costoso baño de realismo para todos los sectores. El coste de esa actitud es todavía incierto, pero hay pocas dudas de que habrá sido alto. Por las pérdidas en nuestra economía, por la pérdida de la cultura de regadío -difícil de recuperar en las zonas más castigadas por la sequía-, por los sobrecostes de la improvisación, y por la pérdida de credibilidad que nos hace menos competitivos.
La administración futura del agua deberá tomar nota de que no hay más margen para el ensimismamiento en el que ha vivido la política de agua, en especial respecto al regadío, pues de eso depende el reequilibrio territorial, hídrico, social y económico de Cataluña. El cuarto ciclo de planificación debe ser un sólido punto de partida de ese reencuentro entre los sectores interesados.
