El concepto de riqueza ha ido evolucionando. Lo fueron las cabezas de ganado, lo fue el oro, lo fue el petróleo. Hoy son los datos, el oro del siglo XXI. Lo saben las empresas tecnológicas que han hecho de ellos la base de su negocio – ¡qué maravilla, internet gratis!, hemos dicho tantas veces sin sospechar que era a cambio de nuestra intimidad-.
Dejamos rastro en nuestras tarjetas de crédito, en nuestras llamadas telefónicas, en los controles de seguridad de cámaras de videovigilancia, en las búsquedas en la web…
Y esa intimidad está en la base del elevado valor de las start ups, algunas vendidas a precios de vértigo, otras convertidas en nuevos gigantes financieros que invaden territorios insospechados como los de la mismísima banca. La compraventa de esos datos burla las normas de protección tan piadosamente puestas en circulación y se manifiesta en la publicidad selectiva que recibimos en los mail y en el trato informado y ajustado que nos dispensan nuestros proveedores habituales de bienes y servicios.
La combinación de la ingente cantidad de datos y los avances en inteligencia artificial permiten un paso más: la oferta directa, por parte de la tecnoindustria, de servicios de valor añadido vinculados a los datos que ya posee –y que va actualizando permanentemente con nuestra colaboración via Google, Facebook, Whatsapp o cualquier otra aplicación-. Hay grandes cambios a la vista, por no hablar de los ciberataques o la ciberguerra, de los que tenemos ejemplos cada vez más frecuentes.
Pues bien, los datos y su protección requieren de la intervención pública, ya sea con la creación de una base pública de datos, ya sea mediante su regulación como servicio público, ya sea impidiendo la apropiación privada de datos que ya son públicos.
Y es que sin datos ya no es posible gobernar ni gestionar una comunidad. Eso lo vivimos cada día desde los servicios públicos,
Domicilios, cuentas corrientes para la domiciliación de recibos, consumos u otras cuestiones relacionadas, son la base sobre la que se construye la relación entre un servicio y sus usuarios. Por ello los datos de un servicio público pertenecen a su titular, pues se dispone de ellos en tanto que necesarios para la prestación del servicio y son fruto de su prestación. Y esa prestación sólo accidentalmente y de forma temporal está sometida a un determinado régimen de gestión por el operador de turno.
El sector del agua ha tenido un mérito histórico: ha sabido ganar la confianza de sus contratantes, de modo que ha llegado a convertir en costumbre la ausencia -o la insuficiencia, según los casos- de transferencia de información a los municipios, y en todo caso ha puesto de manifiesto la dificultad de su contraste y verificación.
Ha sido así; y el sector ha acabado percibiendo esa costumbre como un derecho, que además ha escudado en la legislación sobre protección de datos para no facilitarla y dificultar así el gobierno del servicio por su titular. No me voy a referir a sentencias o dictámenes, que los hay. Basta contemplar la realidad en la que el sector practica el doble discurso: por una parte afirma que el servicio es municipal y por tanto no tiene sentido hablar de municipalización y remunicipalización; por otra retiene información esencial lo que equivale a impedir el control del contratista y el buen gobierno del servicio. Esa dificultad se exacerba en el momento en que, finalizado un contrato, hay que decidir sobre el futuro de la gestión del servicio.
No me voy a referir a cuestiones jurídicas, que me son ajenas, sino a la lógica de las cosas, en la que el titular permanece en su obligación de dar continuidad al Servicio y el contratista está sujeto a una doble eventualidad: la de que no es obligatoria su existencia y la de cuando existe, lo es por un tiempo tasado.
Esa cuestión no es menor. En los debates sobre gestión pública o privada se suele aludir a cuestiones de eficiencia y se omite que hay otras vertientes a considerar, como la transparencia o el acceso a los datos.
Si ese acceso no es posible, ¿cómo gobernar el servicio?, es decir, ¿cómo tomar las decisiones más adecuadas para determinar las inversiones necesarias, las prioridades y el ritmo? ¿Cómo asegurar el óptimo de las tarifas del servicio? ¿Cómo tomar la mejor decisión sobre la forma de gestión en el momento en que deba afrontarse la cuestión? ¿Cómo profundizar en el análisis detallado de las formas de gestión?
La respuesta de algunos operadores resulta impropia y desleal a la confianza recibida en el momento de su contratación. No sólo dificulta el procedimiento de toma de decisiones sino que deja un poso de desconfianza que no favorece futuros entendimientos con el sector que, en el marco de un servicio público, se comporta con la lógica de un servicio privado.
