Treinta años atrás, Carmen Rico Godoy publicó su novela "Cómo ser mujer y no morir en el intento" y con ella aportó inteligencia y humor a la lucha de las españolas por superar las dificultades que debían soportar para desenvolverse en la vida. Su editor lo resumía así:
Cuenta la historia de Carmen, una mujer independiente que lucha por ser ella misma, a pesar de las innumerables trampas que le tiende su propia condición femenina: hijos que reclaman atención, maridos que desaparecen, perros que hay que pasear, jefes incompetentes que es preciso aguantar, ligues inesperados que hay que quitarse de encima, endemoniadas instrucciones de cremas de belleza que hay que descifrar… En fin, la permanente carrera de obstáculos que cualquier mujer tiene que salvar sin morir en el intento.
Obsérvese que los mayores contratiempos de Carmen derivan de compromisos adquiridos que son objeto de interpretaciones abusivas por la otra parte. Basta recordar que, hasta hace menos de 50 años, las españolas necesitaban permiso del marido para abrir una cuenta corriente o tener pasaporte. No siempre lo obtenían.
Carmen Maura le puso broche de oro en la película homónima que protagonizó.
En el mundo del agua, a muchos ayuntamientos les sucede algo parecido. En el caso más típico, suscribieron contratos con empresas que les resolvieron dos problemas: uno, financiero pues les aportaron cánones e inversiones que no computaban en el endeudamiento municipal; otro, la gestión del abastecimiento de agua. En muchos casos, la selección de operador no se hizo por una prospección del mercado para encontrar el gestor más competente o el más eficiente, sino el financiador más confiable. Muchas situaciones se consolidaron sin concurso. Otras, mediante pliegos de condiciones genéricos que apenas disimulaban el desconocimiento del servicio que se concedía. Los controles previstos sobre el gestor, muy suaves en la forma, en tantos casos apenas se ejercieron. Nadie aceptaría algo parecido al contratar un servicio personal. Las excepciones, escasas y muy honrosas, confirman que la regla fue esa.
Todo eso sucedió un día, en general ya lejano, y los pactos se cerraron por un largo período: 15, 20, 25, 40 o 50 años, muchas veces superior al necesario para amortizar las inversiones.
Los contratos se van acabando, es hora de hacer balance, y el municipio se encuentra atado de pies y manos. En el debate social ha primado el tópico de que el sector privado se defiende, con la ayuda de las leyes que ayudaron a promover mediante su persistente y eficaz acción lobbystica y que siguen ahí, frente a los intentos de remunicipalización.
Sin discutir ese punto, voy a profundizar un poco más. Las leyes están ahí, cierto. Pero no se puede olvidar la ignorancia confiada de tantos alcaldes, la vista gorda de tantos servicios técnicos (incluidos secretarios e interventores). En definitiva, el descontrol largamente ejercido sobre lo que ocurría en el servicio.
Los municipios despiertan en la era de los datos y apenas tienen alguno, superficial y descontextualizado. Muchos de ellos han encargado auditorías que apenas les informan de la profundidad de su ignorancia.
Los concesionarios saben que información es poder y van a lo suyo.
Ciertamente, los municipios que han emprendido ese camino han sufrido sudor y lágrimas. En el mejor de los casos, han conocido la diferencia entre información y conocimiento (hoy se llama know how y algunos, encima, lo cobran como si fuera un valor añadido, como si fuera posible operar un abastecimiento sin él). Y han podido observar la insolidaridad o la indiferencia de muchas instituciones, incluso de carácter local, que deberían haber salido en su ayuda. Ese es un tema conocido y en el que aquí no voy a profundizar.
Volviendo al principio: olvidemos por un momento la remunicipalización, entendida como retorno a la gestión pública. Imaginemos que un municipio desea algo tan natural como remunicipalizar el gobierno de su servicio y licitar la gestión en el mercado de operadores privados. Pues no va a ser fácil. Hay que saber qué es lo que se quiere que sea el servicio futuro -pero ¿qué decir de lo que no se conoce ahora? ¿cómo saber lo que hay que corregir o mejorar?; y si en algún caso se sabe, ¿cómo financiarlo? Hay que redactar un pliego de condiciones, pero ¿cómo, si no se tiene el hábito de gobernar el servicio?
La pescadilla se muerde la cola. ¿Por dónde empezar? En muchos casos, se opta por seguir como se está. Muchos municipios con el contrato ya vencido, en especial los más pequeños, no tienen la posibilidad práctica de efectuar una nueva licitación, y menos aún hacer una gestión pública eficaz.
Antes, los matrimonios eran para toda la vida. Afortunadamente eso ya se superó. Pero los contratos, que no eran ni deben ser para toda la vida, en la práctica se perpetúan. El sector piensa que el vendaval remunicipalizador quizá pase, y lo importante es seguir ahí. Ya vendrán tiempos más tranquilos.
No importa el futuro público o privado: tampoco las reglas pactadas. Lo que se observa son maniobras para no perder un mercado. El dilema gestión pública o privada no es el dilema de fondo. Lo importante es quien tiene los datos, el conocimiento, y la capacidad real de tomar decisiones.
Los municipios que deseen algo distinto, deberán aprender a obtener la información y tomar decisiones. Nadie ha dicho que eso sea fácil. Nadie se puede levantar del sofá y correr la maratón. Y mucho menos ganarla. El entrenamiento, las decisiones difíciles, el sufrimiento, son los compañeros de la voluntad. Los que quieren, pueden. Y no mueren en el intento.
