Opinión
Joan Gaya Fuertes
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Biscarrués y la cuadratura del círculo


Cuadrar el círculo es la vieja expresión de la imposibilidad. Se refiere al irresoluble problema de hallar, con solo regla y compás, un cuadrado que posea un área igual a la de un círculo dado. No se trata de una imposibilidad absoluta, sino tan sólo de una imposibilidad instrumental: la regla y el compás no bastan.

Ese es el tipo de problema al que se enfrenta el ciclo del agua. Aquí, las variables de la ecuación incluyen las tradicionales necesidades del mundo económico, su compatibilización con el respeto ambiental y el derecho al agua, y el encaje de todas esas necesidades con una financiación suficiente y equitativa. Hasta el día de hoy, los instrumentos disponibles se han revelado insuficientes.

Vayamos por partes. En su momento, las necesidades del mundo económico en relación al agua fueron impulsadas por la política de “escuela y despensa”, prioridades de un país azotado por el analfabetismo y el hambre y en el que se trataba de limitar, entre otras cosas, la emigración forzosa del campo a la ciudad. Hoy es muy distinto; el campo ha mejorado mucho su productividad, importa mano de obra, y las bolsas de necesidad social se localizan más bien en determinadas zonas urbanas. El mundo agrario produce y exporta, y sus necesidades suelen estar del lado de la comercialización adecuada y la gestión de excedentes, más que de la producción.

Las ayudas también existieron para la industria energética, en especial el sector eléctrico. Pero más que buscar la ayuda a la inversión –que también-, esa industria ha velado para que el regulador les protegiera desde el BOE. Aquí la comercialización está sobreprotegida, y muy condicionada la entrada de nuevos competidores.

Los dos sectores, agrario y energético, obtienen valor añadido del agua. Mucho más del que aportan a su sostenimiento económico. Los dos sectores crecieron en ausencia de sensibilidad respecto a los vectores de atención sobrevenidos en la sociedad urbana desarrollada; por orden de aparición, el ambiental y el social. En relación a ellos, los sectores tradicionales vinculados al agua tienen amplios márgenes de mejora para encajar sus intereses con los nuevos componentes del interés público asociado al agua.

Cuando empezó el conflicto de la presa de Biscarrués en el río Gállego, los vecinos defendían su casa, sus tierras y su trabajo. En 1987 no estaba definido el corpus conceptual del ecologismo, ni mucho menos el de la política ambiental. El arma de los vecinos era más simple: la libertad de expresión, que vino con la democracia. Eso que no habían tenido los que en tantos otros lugares habían sufrido expropiaciones y expulsiones en tiempos anteriores en los que había que callar frente a los atropellos.

Los sectores beneficiados estaban acostumbrados a que su interés sectorial fuera interpretado sin discusión como interés general. Así fue durante muchas décadas.

La aparición de nuevas prioridades y otros mecanismos de acción social ha dejado a esos sectores con el pie cambiado. Y eso no significa que haya que minusvalorar sus intereses ni sus argumentos. Significa simplemente que hay que encajarlos en el nuevo marco.

Por otra parte, la protección ambiental también genera negocio –deporte y turismo- y ayuda a fijar la población en el campo. Su efecto produce efectos económicos impensables hace tan sólo 30 años.

Respecto a Biscarrués, el Tribunal Supremo dice que no se puede “invocar en abstracto el interés público superior”, sino que “es necesario un análisis científico detallado y específico del proyecto”. Vaya, pues bienvenidos al mundo de hoy, cuántos años y cuanta lucha para obtener la compensación de esa frase. Compensación argumental por otra parte modesta y evasiva, ya que la ciencia es ajena a los auténticos motores que han movido el conflicto: han sido los conflictos políticos y económicos los que han reducido progresivamente la capacidad proyectada del embalse de Biscarrués de 900 a 192 y 35 Hm3[1]. La justicia se ha limitado a reducir los 35 Hm3 a 0; simplemente remató el trabajo de una larga lucha social cuando el embalse ya no era adecuado a los fines para los que se proyectó inicialmente.

Al rematar a un difunto, el TS subraya el valor conceptual de la protección ambiental en relación con el interés general. Me parece que ese es el auténtico valor de la sentencia, de modo que los estudios de impacto ambiental dejarán de ser un mero trámite y deberán ponerse en pie con los demás estudios de viabilidad de un proyecto.

En la sentencia, el Supremo analiza si el interés general de un proyecto de obras hidráulicas, equivale o es equiparable al concepto de “interés público superior” que exige la Directiva Europea del Agua a las infraestructuras que afecten al estado de aguas superficiales para entender justificada la alteración de las mismas. Y concluye que para hacer una excepción debe explicarse por qué el interés público de la ejecución del embalse es superior respecto de los intereses afectados, pues aun teniendo ciertas similitudes ambos conceptos, no puede concluirse que «sean equivalente o puedan equipararse», ya que el superior requiere inexcusablemente un plus.[2]

Algo parecido ha pasado con el proyecto de trasvase del río Castril en Granada. Respecto a él, la Sentencia del Tribunal Supremo confirma que, por encima del dudoso interés general del trasvase, está el interés público superior de todos los ciudadanos y que hay que valorar soluciones alternativas, que no dañen los ecosistemas fluviales de los ríos.

Los nuevos elementos del interés público han complicado la financiación del ciclo del agua, pues por una parte, imponen restricciones y por otra, nuevas exigencias. La cuadratura del círculo sigue lejos. En realidad, el debate sobre la aportación de cánones urbanos pueda enmascarar los problemas de fondo a una población sobreinformada de los problemas ambientales e insuficientemente informada sobre los balances hídricos y económicos en torno al agua. La solución hay que buscarla donde el agua genera valor añadido e interpretarla en función del interés público superior.

Algún día quizá coincidan la mejor sensibilidad ambiental y social de los grupos de presión del agua con la mayor cultura económica de la opinión publicada. Aquí podría estar la clave para cuadrar el círculo del agua sin que nadie se llame a engaño.

[1] El País, 25 de mayo de 2020

[2] Heraldo de Aragón, 19 de mayo de 2020