La relación entre Barcelona y el agua entró con mal pie en la modernidad. Desde el siglo I, Barcelona había disfrutado de un acueducto romano que en la Edad Media fue sustituido por una acequia feudal, el Rec Comtal, destinada esencialmente a mover molinos y a regadíos. Parte de esa agua fue desviada para proveer fuentes de la ciudad en 1703, y sucesivas reformas aumentaron el caudal disponible hasta 1826.
En aquel entonces la ciudad había crecido tanto en población y actividad industrial que el agua no sólo era escasa sino insalubre. La esperanza de vida era de 25 años, que se reducían a 20 para las clases trabajadoras. Las epidemias de cólera, tifus y fiebre amarilla eran recurrentes.
A los problemas de cantidad y calidad del agua el Plan Cerdà añadió el de la cota, pues el agua rodada del Rec discurría conforme a la lógica topográfica de la Barcelona medieval y no alcanzaba l’Eixample.
Desde 1714 la ciudad quedó ocupada militarmente y las capacidades política y presupuestaria municipales fueron muy limitadas. Por otra parte Barcelona no mereció la atención que en 1851 Bravo Murillo prestó a Madrid – “Madrid ve amenazada su existencia por la escasez de agua y que el gobierno no puede permanecer por más tiempo como mero espectador de los sufrimientos actuales de los habitantes, ni aguardar con indiferencia las calamidades que amargan a una numerosa población que crece rápidamente”- que supuso el impulso a la construcción del Canal del Lozoya al que incluso la reina Isabel II aportó fondos de su patrimonio.
En esas condiciones, el crecimiento urbano de Barcelona quedó abandonado a la iniciativa privada: el agua se trató como un producto de lujo y la pléyade de pequeñas empresas que intervinieron en ese mercado fueron progresivamente absorbidas por la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) que acabó prestado ese servicio prácticamente de forma exclusiva.
A la impotencia municipal pudo poner remedio el Estatuto de Calvo Sotelo, que en 1924 otorgó a los municipios la capacidad de establecer servicios públicos en diversas materias, entra las cuales el agua. Primo de Rivera, que había sido capitán general de Catalunya, puso al frente del ayuntamiento a un hombre de su confianza, Darío Romeu, barón de Viver. Romeu era un hombre de negocios con intereses en el banco Hispano Colonial que a su vez era uno de los propietarios de la SGAB. Pues bien, ese alcalde consideró que no era necesario municipalizar el agua.
De esa manera se pasó de una etapa de impotencia a otra de inhibición. Con el breve y turbulento paréntesis de los años 30, esa actitud siguió en la postguerra, de modo que el ayuntamiento consideró que el agua no era un problema suyo. Hasta tal punto, que después de pertinaces sequías, en el Pleno municipal, de 30 de mayo de 1953, el concejal señor Segón dijo que el Ayuntamiento se preocupa intensamente de activar y conseguir la solución de tal vital problema, a pesar de no hallarse dentro de la órbita de su competencia, pues como es sabido, corresponde a concesiones y aprovechamientos de aguas.[1]
Así fue como el Gobierno trató las concesiones del Llobregat, que no se realizaron a favor de Barcelona sino de la SGAB, cuestión realmente insólita tratándose de agua para el abastecimiento urbano.
La disponibilidad de agua aumentó. Pero el Llobregat, rio industrial y con residuos salinos, no podía ofrecer una calidad suficiente ni asegurar el futuro de una ciudad ya metropolitana que crecía a ojos vista. Finalmente, el Gobierno puso los ojos en la ciudad y concedió agua del Ter, que llegó a Barcelona en 1966.
Aquí empezó una nueva etapa. El alcalde Porcioles hizo suyo el problema del abastecimiento y con ello inició una etapa de progresiva intervención municipal en la cuestión, aunque a remolque de las iniciativas de SGAB. Barcelona tenía derechos de agua propios y la SGAB buscó la negociación que imponía la situación en la que apareció una alternativa pública creíble. Se saldó con acuerdos financieros y compromisos de control público del servicio. Los primeros, se cumplieron.
En este punto la SGAB inició una carrera en diferentes direcciones[2] la mayoría de las cuales fracasaron y la pusieron al borde de la quiebra. Así se llegó a las elecciones democráticas de 1979 y a la decisión municipal de salvar la SGAB y crear el servicio público metropolitano de abastecimiento en alta, materializado en los acuerdos de 1983. Respecto a la distribución de agua en baja, se garantizaba que la SGAB recibiría los caudales en alta pero no se entraba en la regulación específica de ese servicio, que quedaba supeditado a hechos futuribles que pronto quedaron alterados por la intervención de la Generalitat y la creación de ATLL.
El debate y las dudas sobre la naturaleza jurídica de la relación entre Barcelona y SGAB se mantuvieron. En 2010 se pronunció sentencia al recurso 298/2010. En ella se desmentía la existencia de relación contractual entre la SGAB y el ayuntamiento. Por otra parte, desde 2009 era conocido el interés de Suez por hacerse con la mayoría de Agbar mediante la compra del paquete accionarial de La Caixa. La operación planteaba problemas políticos y procedimentales que se resolvieron en 2013 mediante la constitución pactada, es decir, sin concurso público, de una empresa mixta, Aigües de Barcelona en la que SGAB tenía un 85% de acciones y el Área Metropolitana de Barcelona un 15%.
Dicha operación fue recurrida en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictó la sentencia 126/2016 que estimó el recurso. Actualmente se está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación interpuesto a iniciativa de Agbar.
Sea cual sea la conclusión de ese caso, las nuevas circunstancias sociales y políticas derivadas de la crisis han aflorado nuevas sensibilidades en torno al agua y su gestión, que al cabo del tiempo en Barcelona finalmente se expresan por la voluntad de intervenir de forma decidida en la definición de políticas públicas en relación a la gestión del agua y su control. Será difícil que futuras mayorías municipales puedan alterar esa cuestión. El genio ya salió de la botella.
La historia permite comprender, recordar y aprender. Lo que en Madrid y muchas ciudades europeas se planteó de forma natural en los desarrollos urbanos del siglo XIX. Se trata de gobernar el agua con la misma naturalidad con la que se gobiernan los semáforos o el transporte público. Con independencia de si la gestión es pública o privada, en ningún otro ámbito se discute la primacía de la autoridad pública.
Bien es cierto que la selección y la ponderación de los hechos permiten que cada historia incluya muchas historias. Pero en los debates sobre el agua los defensores de la situación actual suelen omitir detalles fundamentales para comprender.
