Puesto que ya no es evitable, ni quizá tampoco mitigable, hay que pensar en la mejor forma de adaptarse a él. Sobre los últimos milenios, sabemos más de grandes enfriamientos, debidos principalmente a grandes erupciones por emisión de polvo que ocultó la luz del sol y que en algunos momentos pusieron en crisis la existencia de la especie humana. Así sucedió con el volcán Taupo en Nueva Zelanda, cuya erupción, hace 26.000 años expulsó suficiente lava como para cubrir toda Europa. El intenso enfriamiento posterior, debido al oscurecimiento de la atmósfera, se convirtió en una glaciación que duró miles de años, pasados los cuales se dieron grandes migraciones humanas. Las duras condiciones de vida de los supervivientes los habituaron a convivir con grandes superficies heladas. Lo hemos vivido en pequeña escala 30 años atrás, cuando en 1991 el volcán Pinatubo, desde Filipinas, provocó un descenso térmico sostenido de 0,4ºC en todo el hemisferio norte.
De calentamientos, sabemos lo que estudia la historia climática de la Tierra, mucho más dilatada. Los ha habido en épocas más remotas y conocemos su estrecha relación con la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera.
Lo que nos viene ahora quizá fuera poco importante si no fuera por la enorme carga ambiental de nuestros modos de vida, muy dependientes de premisas optimistas o neutras en relación con el medio ambiente. Es decir, seguimos pensando el futuro en función del mandato bíblico “creced y multiplicaos, y llenad la tierra” (Génesis, 1:28).
Todo indica que estamos en otro momento: nos hemos multiplicado, hemos llenado la tierra, pero seguimos en ese imaginario cultural. Y en la cuestión ambiental nos limitamos a poner parches más o menos efectivos, como quien enciende un cirio a su santo favorito para que nos proteja de los males que nos acechan. El discurso va por un sitio y la práctica por otro. No se corresponden.
El agua es uno de esos ejemplos. Los grandes usuarios del agua, las empresas energéticas y la agricultura, juegan con ella como si tal cosa: se desembalsan pantanos con total impunidad, se riega a manta o por aspersión a pleno sol en verano y también sabemos hasta qué punto, en diversas partes de nuestra geografía nuestra agricultura está más allá de los límites normativos en relación al uso del agua. Lo ha señalado recientemente WWF en relación a Arenales, Doñana, Daimiel y el Mar Menor, donde se relaciona la sobreexplotación de acuíferos con el riego ilegal de 88.000 hectáreas[1].
Tampoco se pueden pedir más trasvases, aunque sea para alimentar una agricultura tecnificada. Esa agricultura debe utilizar, si es necesario, agua desalada y trabajar dentro de los límites de la legalidad. Se lo puede permitir y además lo tiene previsto. Al igual que la viabilidad de las empresas energéticas no depende de la rentabilidad añadida que les pueda dar un desembalse oportunista. Y las cuencas cedentes deben reordenar el uso de su agua en condiciones muy distintas a las habituales.
Por otra parte, va siendo claro que las energías renovables van a abaratar el insoportable coste de los combustibles fósiles agravado el sistema de precios del mercado eléctrico, de modo que la desalación tiene futuro, en especial sobre la base de las comunidades energéticas.
Dada la rapidez de respuesta de los sistemas hidroeléctricos, el uso energético del agua debería limitarse a la regulación de las puntas de consumo y a la estabilización del sistema para acomodar demanda y oferta. La práctica concesional debe hallar la forma de interpretar los actuales derechos de forma equitativa y debe acomodar la normativa a la realidad de que el agua, como fuente energética, ya no es esencial, sino complemento útil del sistema. La base de nuestra producción hace décadas que pasó a ser la térmica en sus diferentes modalidades y ahora evoluciona hacia el sol y el viento.
Y si esto es así, quizá lo más oportuno sea afrontar esa realidad y no castigar más las conciencias urbanas con mensajes de ahorro. Hablamos de escasez, predicamos austeridad al imaginario urbano, siempre más dispuesto al sentimiento de culpa y a la conciencia ambiental.
Desconozco hasta qué punto el desarrollo reglamentario de la Ley del Cambio Climático podrá afrontar esas cuestiones, y hasta qué punto el gobierno de turno vaya a tener voluntad de aplicarse en ellas, o vaya a ser capaz de imponer su criterio a los intereses sectoriales. Pero no me cabe duda de que esa es la cuestión. La precipitación de lluvia en nuestro entorno tiende a disminuir en cantidad y a empeorar en forma: menos nieve y más precipitaciones intensas. En su conjunto, menor cantidad de agua regulable y aprovechable.
El artículo 19 de la Ley se refiere a la Consideración del cambio climático en la planificación y gestión del agua. En su punto 1 dice:
La planificación y la gestión hidrológica, a efectos de su adaptación al cambio climático, tendrán como objetivos conseguir la seguridad hídrica para las personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades socio-económicas, de acuerdo con la jerarquía de usos, reduciendo la exposición y vulnerabilidad al cambio climático e incrementando la resiliencia.
Pues eso.
[1] El País, 20 de octubre de 2021.
