Los debates sobre las formas de gestión del agua urbana tienen su cara visible y su cara oculta. En la cara visible, los contendientes aparentes son la gestión pública y la gestión privada. Entre bastidores, lo que se juega es el control del servicio –control público del servicio por su administración titular, o control privado sometido a una regulación formal más o menos efectiva, a la manera de los sectores eléctrico o bancario-.
No tengo dudas de que los sectores público y privado deben colaborar. Lo hacen en muchos campos y me parece lo más natural del mundo: de la ejecución de obras públicas a la compra de papel de oficina, pasando por muy variados contratos de contenidos diversos, el número de interfaces de relación es considerable: compras, trasferencias de conocimiento o prestación de servicios son ámbitos en los que la relación es fértil y diversa. Eso es una obviedad.
La confusión no viene del debate sobre modelos de gestión. Más bien es consecuencia de la defensa de un modelo de negocio privado que en mi opinión tiene fundamentos discutibles en el ámbito de un servicio público, y muy probablemente, consecuencias perjudiciales para el interés público.
Me explico: hace unos años se vienen observando nuevos comportamientos en algunas de las empresas del sector. Algunos de los más destacados son:
- Un fuerte aumento de la litigiosidad. Se observa en relación a muchos procesos de licitación, en algunas de sus fases y en especial en relación con las adjudicaciones. Pero también se observa al final de los contratos vigentes en los que el contratista saliente plantea conflictos a la administración, ya sea en relación a la liquidación del contrato, ya en relación a la forma en que se aborda la nueva etapa de gestión del servicio. Eso obliga a las administraciones a dedicar recursos económicos y humanos a resolver las dificultades planteadas y en ocasiones conduce a largas interinidades en la gestión del servicio. Y, como paradoja, con frecuencia ocurre que las relaciones entre las partes se dan más entre abogados que entre los técnicos que deberían entender sobre los problemas concretos de gestión del servicio.
- La opacidad en la transferencia de información. La información de un servicio público, ya sea técnica, económica o administrativa pertenece a su titular. El gestor es un depositario que la gestiona, es decir, la usa y la actualiza de forma instrumental en el marco del servicio. Y no obstante, la transferencia de información del gestor privado al municipio es escasa y en general poco útil para la toma de decisiones estratégicas, que son las que corresponden al responsable del servicio. Sin duda esta situación proviene de una época en la que hubo poco control por la parte pública. Pero en los casos en que la tendencia se invierte y el municipio se pone en su sitio, las resistencias del gestor privado son notables y en algunos casos han llegado a ser desconsideradas.
Con frecuencia se plantea la cuestión de la eficiencia. Sin duda es una cuestión central que suele quedar al albur de intereses o prejuicios. No hay más que ver con qué rapidez y con qué inconsistencia formal se despacha cuando las decisiones de los responsables públicos favorecen la gestión privada, y con qué ahínco se cuestiona cuando se pone la gestión pública en la balanza. Y con cuanta frecuencia se trata de profecías autocumplidas, pues la resistencia del saliente a transferir información y a finalizar su contrato se traduce en dificultades y litigios que sin duda encarecen el procedimiento.
Se siguen haciendo propuestas a municipios que sin más información, se basan en la confianza en la gestión privada. Es decir, se pide confianza pero se niega la transparencia, algo muy próximo a lo que, simplemente, podríamos llamar fe. Y en sentido contrario, se exige un rigor metodológico exhaustivo en los análisis, por parte de aquellos que, dificultando el acceso a la información, hacen muy difícil alcanzar ese rigor.
El movimiento que se ha venido en llamar remunicipalizador es una respuesta aparecida como consecuencia de la crisis económica y que ha venido potenciado por esas evidencias resistentes del sector, al que le iba de perlas la tolerancia de muchos municipios en relación a su gestión.
En los albores de nuestra democracia constitucional se pusieron en boga algunas prácticas parlamentarias que fueron denominadas filibusteras[1]. Con ello se denotaba que su finalidad no era otra que la de dificultar los procedimientos parlamentarios de toma de decisiones. Me acuerdo muchas veces de las variantes que ha ido tomando esa actitud, que no beneficia a nadie, pues dificulta el gobierno de los servicios públicos.
Claro que a la vez desacredita a quien lo practica, de modo que no alcanzo a comprender el sentido estratégico de quien lo practica. Por una parte se subraya la competencia municipal a la vez que se dificulta el control real –mediante el estímulo a la confianza en el gestor por mecanismos diversos, o por la retención de información a cara de perro. Forma parte de la cara oculta del debate.
El servicio público del agua es, por otra parte, una actividad que por su naturaleza, es fuente de empleo cualificado, no deslocalizable y generadora de conocimiento público. Bienes escasos en los tiempos que corren, que deberían ser objeto de protección, como cualquier especie en riesgo de extinción.
[1] Filibusterismo. Obstruccionismo parlamentario
