Agua, energía y territorio

Los nuevos tiempos nos enfrentan con los límites. Han pasado 52 años de la publicación del informe del Club de Roma Los límites del crecimiento [1], que fue presentado en la conferencia de Estocolmo de 1972. El informe fue el primer intento de relacionar los problemas demográficos, energéticos y alimentarios, por un lado, y su repercusión ambiental, por otro. Los análisis prospectivos imaginaban el futuro a 50 años vista.

La repercusión que tuvo el informe está en la base de las políticas ambientales que con mayor o peor fortuna se han emprendido en muchos países y de los que la Unión Europea ha sido paladín. Ese fue también uno de los factores que contribuyeron a la aparición de los distintos movimientos conservacionistas y de la preocupación por la sostenibilidad ambiental de las políticas emprendidas por los gobiernos.

El informe se limitaba a alertar sobre las consecuencias de una sobreexplotación de recursos, inevitable si se mantenía la tendencia de la actividad económica mundial. Hay que observar que 50 años atrás nadie hablaba de cambio climático, fenómeno que ha añadido gravedad a las previsiones del Club de Roma. En su momento, el informe fue tildado de alarmista. Y no obstante, hemos visto cómo muchos de sus pronósticos se han ido cumpliendo.

Una de las consecuencias en la práctica administrativa han sido los estudios de impacto ambiental que han acompañado los proyectos significativos en materia de obras públicas, urbanismo y actividades económicas. Esa cultura ha sido aplicada sin convicción por los organismos públicos, que en general han seguido la lógica desarrollista, con matices que la hicieran presentable a la opinión pública.

De forma paralela, los movimientos conservacionistas de los países desarrollados han promovido la aparición de una nueva “religión” urbana, el ecologismo, cuyos sacerdotes administran certificados de buena o mala conducta a diestro y siniestro. Para ellos la economía es un demonio a ignorar, si no a combatir, desde la comodidad de sus vidas urbanas y la ignorancia de las dinámicas exteriores a la ciudad. En la dinámica observada, han obtenido espacio mediático a cambio de titulares.

Pocos del lado de la economía se han interesado por la cultura ambiental, y viceversa. Los resultados, me atrevo a calificarlos de mediocres y costosos. Y la credibilidad de las fuentes se ha perdido. Cada bando solo convence a sus feligreses.

Me pregunto por los que malograron el paisaje de la costa con tanto bodrio urbanístico y que ahora protestan por un parque eólico situado en el horizonte; por los que se han resistido con argumentos “ecológicos” a la implantación de infraestructuras esenciales de tratamiento de residuos pensando en el valor de sus fincas; por el movimiento antinuclear de Cataluña, uno de los fundamentos de nuestro movimiento ecologista, que en su día proponía sembrar los campos de molinos eólicos, a los que hoy aplica la lupa; por la patrimonialización de un recurso público como el agua por algunos sectores; agua que aunque no nos sobra, está tan mal repartida que da vergüenza que no llegue a donde debiera.

Está claro que los estudios de impacto ambiental deben estudiar los efectos a considerar y, si es el caso, a corregir en la proximidad. Pero su simple formulación ya da la medida de su sesgo. Los impactos deben considerarse en su globalidad: ambientales, económicos y sociales; positivos y negativos. Y el balance global es el que debe ser determinante en el momento de tomar y justificar la decisión.

La aparición del factor ambiental exigía su consideración específica para moderar los excesos y la miopía del desarrollismo. Pero su maduración solo se alcanzará cuando el factor ambiental se integre en el conjunto de las reflexiones sociales y económicas que determinan la bondad y la viabilidad de un proyecto.

Claro que esto no deja de ser un desiderátum. No están los tiempos para estas reflexiones. No existe fuerza política que haya propuesto un modelo de país que dé lógica global a las decisiones locales. Y quizá está por formular una cultura profesional y política que la haga viable.

Me asaltan algunas preguntas ucrónicas:

• Esos castillos medievales que nos dan identidad y nos enorgullece visitar y enseñar, hoy tendrían informe ambiental desfavorable. No se permitiría construir ninguno.
• El canal de Urgell, cuya construcción supuso tanto esfuerzo y que tanta riqueza ha creado, hoy sería de imposible aceptación.
• Inversamente, el canal Segarra Garrigues, ya previsto en el plan de obras hidráulicas de la Generalitat republicana que, de no haber sido la guerra civil, hoy estaría en funcionamiento y las comarcas afectadas tendrían una vida y una economía muy distinta.

La ignorancia mutua entre política desarrollista y política ambiental ha producido resultados nefastos. Los problemas observados en la construcción y explotación del canal Segarra-Garrigues o en la forma anárquica con que se extienden parques fotovoltaicos sin tener en consideración las inversiones públicas previas en regadíos, son expresiones especialmente significativas de que hasta el momento Cataluña no ha contado con un proyecto de país, un imaginario compartido sobre los usos del territorio, su protección, su desarrollo social y económico, y la puesta en valor de su potencial productivo.

Territorio, inversiones públicas e intereses privados: hay que definir unas reglas del juego que permitan el desarrollo de las nuevas energías, una distribución equitativa del agua y la potenciación de las superficies agrarias de valor donde se ha hecho o se proyecta hacer inversión pública.