El agua es un elemento esencial para la vida y la actividad económica. Eso es tan cierto como que los asentamientos humanos y la actividad económica responden, con frecuencia, a otras circunstancias. Las rutas de paso, la fertilidad de la tierra o los yacimientos mineros han sido, muchas veces, el motivo por el que la actividad se ha desarrollado en ambientes muy escasos en agua. Los acueductos romanos recorrieron decenas de kilómetros para alimentar las ciudades del imperio, y los grandes sistemas de irrigación árabes son buena muestra de cómo fertilizar el secano. Las minas de Potosí florecieron gracias a la tecnología de los ingenieros civiles españoles que concibieron el embalse y el transporte de agua desde largas distancias en las alturas de la cordillera andina.
El siglo XX vivió el florecimiento de la obra pública de hormigón y con ella los grandes embalses y los trasvases, algunos de los cuales se llegaron a realizar (Ter,Tajo y minitrasvase del Ebro entre otros) y otros quedaron en proyecto, en especial los del plan Borrell de interconexión general de los grandes ríos españoles. Esas actuaciones permitieron mejorar notablemente la disponibilidad general de agua.
Las polémicas asociadas a los trasvases (en las que se atendió más al concepto técnico económico que a la compensación de equilibrios de ganancias y pérdidas entre cuencas) ayudaron al nacimiento de la conciencia ecológica. Con ello se reconoció entidad al río como soporte de un ecosistema específico que debe respetarse. Eso limita la capacidad de extracción de agua a la vez que introduce la condición de calidad del agua, necesaria para el correcto desarrollo del ecosistema acuático. Ese planteamiento tiene un coste adicional asociado que debe ser asumido por los usuarios del agua.
Por otra parte, la tecnología ha desarrollado nuevos instrumentos para incrementar la disponibilidad de agua, ya sea por depuración de aguas residuales que permitan su reutilización, ya por desalación. También disponemos de un mejor conocimiento de las técnicas de medición y ahorro del agua. Con ello hemos mejorado la capacidad general de acceso al agua. Y eso también tiene un coste.
En su conjunto, la mejor garantía de acceso al agua y el respeto a los ecosistemas son elementos compatibles si se aceptan sus consecuencias: la disponibilidad de agua tiene un límite que hay que conocer y respetar; y la garantía (de disponibilidad actual y futura) y la calidad del agua tienen un coste.
Es conocimiento compartido que el cambio climático vendrá acompañado de menor proporción de precipitación de nieve, menos lluvia, y mayor proporción de episodios extremos, como gotas frías y largos períodos secos. Así pues, todo apunta a que el agua será más escasa y estará peor repartida. Esos acontecimientos señalan una mayor inseguridad en la disponibilidad de agua. O lo que es lo mismo, los costes de garantía tenderán a aumentar (aunque habrá que ver si las renovables y las economías de escala los pueden compensar).
Esa perspectiva ambivalente merece una reflexión de futuro.
En primer lugar, las nuevas tecnologías reducen la dependencia directa del ciclo del agua. Y puesto que todas las alternativas tienen su coste económico y su impacto ambiental, el debate debe ampliarse al conjunto de instrumentos de que disponemos para afrontar el futuro. Ya no en términos absolutos sino en términos relativos.
Ese debate se planteó años atrás en relación al trasvase del Ter y quedó resuelto con el pacto firmado en agosto de 2017 que prevé su retorno progresivo hasta en un 70% a la cuenca cedente. Las claves, fueron precisamente la mayor disponibilidad de recursos alternativos para el abastecimiento de la Barcelona metropolitana y las posibilidades de una mayor eficiencia en el uso del agua en la propia cuenca.
En segundo lugar, las prioridades que la ley establece. Está clara la singularidad del abastecimiento humano -y en su ámbito, el reconocimiento del derecho al agua. También está clara la mejor disposición de los usuarios urbanos a asumir un coste más próximo al real que incluye la financiación del derecho al agua para los que no pueden pagarla. Los demás usos se pueden considerar económicos, es decir, en relación a ellos, el agua es un factor productivo. Desde esa perspectiva, destaca el recelo de gran parte del sector agrario al reconocimiento del nuevo escenario que se plantea en el tercer ciclo de planificación hidrológica. En mi opinión hay cuestiones recurrentes que están en el núcleo de las preocupaciones expresadas:
1.- El conflicto entre las dotaciones concesionales y los caudales ecológicos. Se plantean como antitéticos. Esa cuestión requiere un planteamiento valiente que a mi entender pasa por dos puntos complementarios:
- a) Consensuar los márgenes de mejora de productividad deseables e incluir su financiación en el plan.
- b) Destinar los excedentes de agua obtenidos a mejorar la disponibilidad de caudales circulantes. Aquí debe aceptarse que el excedente de agua obtenido no afecta a la producción y que el resultado será una concesión reducida, pero de productividad equivalente. Como se ha dicho, hay antecedentes en el bajo Ter, y el reconocimiento del caudal ecológico del Tajo va a plantear el mismo asunto en relación al trasvase.
2.- El precio del agua. El coste de adquisición de bienes y servicios de las explotaciones agrarias del Campo de Cartagena supone el 41% de los costes de producción totales, de los que la compra de agua supone un 11%, es decir un 4,5% de los costes totales.[1] Un aumento del precio del agua hasta el coste de producción de agua desalada (0,50 €/m3) no parece que deba tener un efecto crítico sobre la viabilidad de esos cultivos.
3.- El coste ambiental. Ese es un problema singular, pues nadie habla de que el sector deba asumirlo y paradójicamente, el sector ha criticado que la administración dedique de forma preferente sus inversiones a resolverlo.
4.- La Directiva Marco del Agua. Las alegaciones del sector a la planificación hidráulica muestran su incomodidad sector con esa norma. Comparto que la DMA está más pensada para el norte de Europa, que tiene más agua, que para el sur. No obstante, creo que caben interpretaciones de la DMA adaptadas a nuestro entorno mediterráneo que permiten aproximar los objetivos de calidad de las masas de agua e introducir razonablemente el principio de recuperación de costes.
Las alegaciones y el enorme despliegue comunicativo desplegado en torno a la planificación hidráulica y las nuevas reglas del trasvase Tajo Segura muestran, por otra parte, las malas relaciones entre planificadores y planificados agrarios. Urge un trabajo de mejora de los canales de comunicación, desdramatización de conflictos y búsqueda de consensos.
[1] Encuesta incluida en el informe Valoración económica de las actividades agrarias en el Campo de Cartagena. Alberto del Villar, Mª Inmaculada López, Joaquín Melgarejo. Universidades de Alcalá y de Alicante. Octubre de 2020.
