A propósito de la creciente necesidad planteada desde los sectores productivos, académicos, científicos y políticos respecto del reúso de aguas servidas tratadas (AST), y considerando las múltiples barreras que hoy impiden su desarrollo, resulta oportuno reflexionar sobre el reciente ingreso al Congreso del proyecto de ley Boletín N.º 17.329-09, de iniciativa parlamentaria del diputado Víctor Pino y otros, que busca regular la reutilización de las AST descargadas al mar mediante emisarios submarinos.
Resulta paradójico que, después de casi 20 años, con el 99,9% de las aguas servidas urbanas siendo tratadas, solo reutilicemos un modesto 5,5% de los cerca de 1.400 millones de m³ tratados anualmente. El resto se descarga sin aprovechamiento en cauces naturales (73,1%) o al mar a través de emisarios submarinos (212,3%). Esta situación contrasta con la grave escasez hídrica que afecta a algunas zonas del país, desaprovechando una fuente no convencional de agua con enorme potencial.
La experiencia internacional —Israel, España, Singapur, Australia— demuestra que el reúso puede transformarse en un pilar estratégico de la seguridad hídrica, gracias a marcos regulatorios robustos, estándares sanitarios claros y tecnologías adaptadas a distintos fines.
En Chile también existen experiencias relevantes. En Santiago, la planta La Farfana reutiliza AST para enfriamiento de procesos industriales y riego de áreas verdes y agrícolas. En el norte, empresas mineras en Antofagasta y Copiapó incorporan estas aguas en sus procesos productivos. Más recientemente, se licitó un nuevo proyecto de reúso en Antofagasta, impulsado por ECONSSA Chile.
Las AST dispuestas en fuentes naturales como ríos o lagos no deberían considerarse reúso. Al ser vertidas en el afluente, se diluyen y se mezclan con otras aguas de menor calidad o contaminadas, perdiendo su valor y calidad obtenida con el proceso de tratamiento y sin destinarse a un reuso específico. Lo anterior implica que eventualmente, de acuerdo al reuso que se les quiera dar, deberían volver a tratarse incurriendo en costos nuevamente
¿Por qué no avanzamos entonces en esta materia? Existen al menos dos miradas, la primera está en el conflicto ocurrido en 2011 en el valle de Copiapó, entre Agrícola El Carmen y la empresa sanitaria Nueva Atacama (ex Aguas Chañar), por el acceso y uso de las AST. El caso derivó en un juicio donde se cuestionó la titularidad de dichas aguas, que hasta entonces se consideraban de propiedad de la sanitaria. En mayo de ese año, la Corte Suprema ratificó la competencia de la SISS para interpretar el DFL MOP N.º 382/88, Ley General de Servicios Sanitarios. Sin embargo, mediante el oficio N.º 2.725 de julio de 2011, la propia SISS declaró que no le corresponde fijar el sentido o alcance de las normas legales. Desde ese momento, las inversiones en reúso han estado paralizadas por la inseguridad jurídica y la falta de liderazgo institucional. La segunda, es que existen sectores de usuarios productivos que se ven beneficiados con la situación existente y ven como una amenaza que se regulen estas aguas.
Durante estos 20 años no ha existido ninguna iniciativa normativa eficaz del Poder Ejecutivo, ni de la autoridad sanitaria, que resuelva el problema de fondo, las que existen en el congreso son iniciativas del Poder Legislativo,
La ley vigente sobre aguas grises (Ley 21.075) y los proyectos de ley actualmente en tramitación, solo abordan casos puntuales (aguas grises o AST de emisarios submarinos), esta fragmentación jurídica que se está esbozando, probablemente es para evitar enfrentar el verdadero nudo crítico: ¿a quién pertenecen las aguas servidas tratadas una vez dispuestas en el río? ¿A la sanitaria? ¿Al Estado? ¿Al inversionista? ¿A los usuarios con derechos de aprovechamiento aguas abajo?
El juicio de Copiapó aún abierto, es mucho más que una disputa entre partes. Es el punto de origen de un bloqueo legal, político y económico que impide consolidar y regular al reúso como una nueva fuente de agua segura y sustentable. Mientras no se resuelvan estas indefiniciones, las AST seguirán ausentes en las políticas estratégicas de seguridad hídrica, adaptación al cambio climático o gestión ambiental.
Actualmente, el volumen de AST que se disponen en los ríos proporciona seguridad hídrica gratuita a los usuarios de aguas abajo. Los clientes del servicio sanitario urbano o rural cubrieron este costo a través de sus tarifas
Chile cuenta con un marco regulatorio en materia de agua y saneamiento, pero con vacíos normativos importantes como el caso del reúso. La normativa actual exige a los operadores sanitarios tratar y disponer las AST, pero no los incentiva ni obliga a valorizarlas o reutilizarlas. El agua tratada sigue siendo considerada un desecho que debe ser dispuesto en un afluente y no un recurso estratégico reutilizable.
Es necesario establecer pronto una Ley de Reúso de Aguas Servidas Tratadas, que defina estas aguas con un enfoque sistémico e integral, ya sean de origen de agua dulce o desalada, tratadas mediante emisarios submarinos, planta de tratamiento o procesos naturales, en zonas rurales o urbanas. El proceso debe entender el reúso como objetivo del tratamiento, estableciendo calidades según su uso (agrícola, industrial, urbano o rural) y estándares sanitarios y ambientales claros. Además, debe reconocer derechos de uso sobre estas aguas tratadas y definir su propiedad, junto con promover un modelo de economía circular y no un modelo lineal donde el término del proceso es la descarga.
Chile no puede seguir rezagado tecnológicamente mientras otros países avanzan decididamente en esta materia. Existen capacidades técnicas, conocimiento acumulado, oferta y demanda suficiente. Solo falta dos cosas: un marco normativo que regule e incentive el reúso con mirada de largo plazo y eliminar las barreras que no nos permiten regular estas aguas.
