Adaptado de Mary Maher, Jon Nevill y Meter Nichols “Achieving river integrity trough NRM and ICM legislative frameworks”.
No es fácil ni frecuente que se hagan cambios en la legislación y por lo tanto debe hacerse bien para no desperdiciar la oportunidad ni generar gastos inútiles. Es importante reconocer que, a pesar de las dificultades, proponer gestionar las intervenciones en una cuenca y sus recursos hídricos sin base legislativa es una visión muy limitada.
La viabilidad en la aplicación de una ley no está desconectada del soporte de la comunidad o sociedad, de firmes compromisos políticos y del suministro de recursos económicos adecuados. La legislación no requiere que esos factores estén previamente dados para partir ni tampoco puede predominar sobre los mismos.
Hay ejemplos (en los Estados de Australia) donde las leyes de aguas han tenido el rol de líder en fomentar la gestión integral de las intervenciones en cuencas y sus fuentes de agua particularmente en términos de especificar claramente las competencias de los gobiernos estatales, de las instituciones encargadas de elaborar planes que pueden ser verificados y controlables (accountable plan) así como implementar las estructuras para poner en práctica lo que manda la ley.
La parte negativa de las leyes es que son muy lentas en ser desarrolladas y adoptadas (con relación al ritmo rápido de la evolución de los procesos de gestión en respuesta a los problemas y conflictos asociados al uso del agua y las cuencas), presentan mucha dificultades para modificarlas, son el resultado de compromisos políticos de última hora y por lo tanto a veces ambiguas y poco efectivas (“sanitizadas” según los autores), onerosas o caras para ser puestas en práctica y carentes usualmente de soporte político y económico para aplicarlas tal como debería hacerse.
Las leyes por lo tanto pueden ser igualmente opuestas a los fines de una buena gestión para lo que supuestamente fueron hechas, representar más un obstáculo que una ayuda o hasta ser irrelevantes porque no cambian nada en la práctica…
Según los autores, esta situación difiere de un Estado a otro en Australia porque las personas a cargo de aplicar la ley son diferentes y por qué los actores claves son diferentes.
Ven de distinta forma cual es el rol más apropiado que pueden asumir, de acuerdo con la interpretación del contenido de la ley vigente, para aplicarlos en búsqueda de la obtención de las metas requeridas para lograr la gestión integrada del agua. Estas metas pueden ser de nivel local, estadual o nacional.
Las leyes pueden ser utilizadas para que jueguen o no un rol central y visible. Pueden adquirir un rol de perfil alto imponiéndose para lograr metas de gestión integral o tener un rol menos visible induciendo y dejando aflorar una buena parte de las iniciativas de gestión por parte de los organismos y sociedad local llevándolos poco a poco a aplicar lo que la ley indica.
