Primero que todo, es importante considerar el mensaje en el siguiente extracto – editorial para una circular de la CEPAL del año 2012:
“La gestión del agua siempre existe, no se detiene nunca; con o sin presencia del Estado o de una autoridad nacional; siempre hay usuarios por secciones de ríos, usuarios de canales compartidos, comunidades campesinas o de indígenas, asociaciones de regantes, empresas de agua potable, comunidades de aguas subterráneas u otros, las que abastecen ciudades, zonas de riego o hidroeléctricas. Siempre existe porque nada ni nadie puede desarrollarse sin agua. Se capta agua en forma legal o ilegal, de buena o mala calidad, en cantidades a veces apenas suficientes para vivir pero se consigue, se afecta o no se afecta el medio ambiente u otros usuarios, se sufre de inundaciones o de sequías, se sufre de contaminación de agua en los ríos y lagos, se secan ríos o tramos de ríos… pero se sigue captando agua y usándola con o sin presencia del Estado, con o sin planificación total o parcial” .ref. Axel C. Dourojeanni
Esto implica, que en todo el territorio de un país hay sistemas establecidos que funcionan bien o menos bien, y que han estado ahí desde siempre; hay personas a cargo, sistemas operando, acuerdos establecidos y organizaciones del algún tipo que gestionan el agua de una cuenca. Lamentablemente, muchas veces las reformas legales y organizacionales decididas desde el nivel nacional ignoran estos hechos y la complejidad de la trama del sistema de gestión existente. La cambiante política del agua y la forma uniforme como se aplica en algunos países impide la consolidación de sistemas adecuados de gestión respetando las particularidades de cada cuenca y sus habitantes. Las intervenciones sobre el agua y la cuenca (por ejemplo construyendo presas y otras obras hidráulicas para regular la descarga de agua), y la gestión para el control de los impactos que causan las intervenciones sobre la cuenca (en lo social, político, económico y ambiental), debe tener como objetivo alcanzar las metas deseadas pero al mismo tiempo minimizar los efectos no deseados de dichas intervenciones. Toda intervención causa efectos sobre terceros y sobre el medio ambiente y dichos efectos deben ser compensados. Sólo así se logra reducir los conflictos que pueden surgir de no tomar previsiones. En este capítulo se irán analizando las fuentes de conflictos en torno a la gestión del agua y así mismo se delinearán formas de enfrentarlas. Todo esto en el contexto de casos de estudios de América Latina.
En el Perú los conflictos mayores ocurren entre regiones que compiten por la misma agua o que deben ceder parte del agua de sus vertientes para trasvasarlas hacia otra vertiente y región o hacia zonas bajas de la costa
Las causas de conflicto son multifactoriales y dependen principalmente del contexto ambiental y social de cada cuenca. Por ejemplo en el Perú, Carlos Pagador (ex jefe de la Autoridad Nacional del Agua ,indica que “el problema ocurre tanto por la actividad minera como por la equivocada percepción que tiene la ciudadanía del recurso, pues “creen que el agua le pertenece a una región, cuando es del Estado”, pero eso no corre para desojar de agua a los usuarios tradicionales. Las disputas –dice– se dan entre la población y los sectores Energía y Agricultura. Uno de los problemas más agudos por el agua fue el que se suscitó entre Tacna y Moquegua, el cual enfrentó a sus poblaciones hace unos meses”. La resolución de este tipo de conflictos es una tarea que consume mucho tiempo y recursos. Por ejemplo con relación a la Autoridad Nacional de Aguas (ANA) del Perú se indica que “Aunque la resolución de conflictos no debería ser la actividad más importante de la ANA, admiten que esta labor es la que más tiempo les demanda.
Para lograr una adecuada gestión del agua y así mismo disminuir posibles conflictos, es un requisito contar con un sistema de gestión del agua, tanto desde el nivel nacional, nivel regional y/o a nivel de cuencas. Éste debe ser dirigido por una institución designada como gestora del agua. Dicha institución, es la que debe tomar las decisiones finales de lo que se debe hacer para el manejo integral del agua en la cuenca. Para ello, debe seguir un proceso previamente establecido, el que satisfaga a las diferentes partes (consultas, participación, información actualizada, estudios técnicos, balance de intereses, compensaciones, política del país, etc.). Si por el contrario, no se cuenta con un sistema de gestión del agua que sea estable, creíble y con todas las credenciales, los actores o usuarios del agua entran en un debate sin salida donde la posibilidad de minimizar los conflictos es casi imposible (ver por ejemplo el caso Majes-Siguas II, en Perú, dónde un juez local decidió sobre un tema de interés nacional generando mayor conflicto a un proyecto en si conflictivo[1]).
Cuando no se dispone de un sistema estable, conocido y respetado de gestión del agua a nivel de cuencas se fomentan más conflictos a escalas antes no pensadas. Por ejemplo el conflicto nacido a raíz de la propuesta de trasvase de agua de una cuenca a otra, en Perú, en cuencas que aportan agua a dos regiones administrativas distintas; Arequipa y Cusco (Proyecto Siguas II)[2], donde la carencia de un sistema para la gestión del agua -a una escala adecuada- al cual recurrir para que dirima y solucione los conflictos de interés está impidiendo avanzar por que hay una serie de instancias que entran en contradicción inclusive con las atribuciones del mismo Estado.[3].
En teoría, el costo de planificar y orientar las intervenciones en una cuenca se supone mucho menor que el costo de solucionar una crisis de conflictos una vez que estos han ocurrido. Sin embargo, aunque los costos sean menores esto implica necesariamente que se deben asignar recursos para tal fin…. Es por lo demás evidente a medida que hay más presión sobre el agua, los conflictos crecerán en complejidad y costos. Solo en el Perú se han catalogado más de 244 conflictos por el agua[4].
Si sabemos que es importante minimizar los conflictos de interés ¿qué pasa con la asignación de recursos financieros para la adecuada gestión del agua y las cuencas? Este tema tan importante no parece ser una prioridad en América Latina. En la mayoría de los países de la región, no hay un “cultura de pago” por el agua ni siquiera por las obras hidráulicas construidas por el Estado y entregadas a los usuarios… Tampoco hay confianza además que el pago que se haga por la gestión del agua en manos del Estado se invierta en forma adecuada… ¿Desconfianza? ¿El agua debe ser dada en forma gratuita? ¿Inadecuada comunicación? ¿El Estado asume roles de gestión del agua que luego no puede cumplir por carencia de recursos económicos o humanos?. ¿Los privados reposan y esperan en que le Estado soluciones los problemas que ellos deberían solucionar? Cualesquiera que sean los motivos es necesario determinarlos y superarlos.
Para lograr una adecuada gestión del agua y así mismo disminuir posibles conflictos, es un requisito contar con un sistema de gestión del agua, tanto desde el nivel nacional, nivel regional y/o a nivel de cuencas
En contraste a la oposición al pago de los “gastos comunes” “para la gestión del agua a nivel de cuenca o sistema hídrico” hay mejor posibilidad de solucionar conflictos a pequeña escala y pagar para recibir servicios concretos, sobre todo si la cobranza y gestión está en manos privadas o de sus propias asociaciones por que pueden fiscalizar mejor el destino de su dinero, participar en decidir donde usar el dinero, etc.[5]. Así es común encontrar que los usuarios sí paguen para mantener el sistema o servicio que los abastece de agua, sea a domicilio como es el agua potable o para riego por ejemplo las asociaciones de regantes, de canalistas, de usuarios de un mismo acuífero o simples dueños de casa que pagan por el agua a una empresa sanitaria. Todos los usuarios tienden a pagar por estos servicios y hasta por obras hidráulicas que les sirven directamente. En cambio es común que NO estén dispuestos a pagar por la gestión del agua de la cuenca de donde se abastecen.
Las razones pueden ser muy variadas, por ejemplo que los usuarios no saben que implica la aplicación de una “gestión integrada”, o no creen en “ello” porque no saben que van a obtener, no tienen confianza en que ese dinero va servir para hacer algo en su beneficio y no saben en que se invierte lo que pagan. Por lo tanto no están dispuestos a pagar por la gestión “integrada” de recursos hídricos[6]. Ello explicaría en parte porque la gestión basada en otras “dimensiones” territoriales en lugar de cuencas, como son la gestión del agua por fuentes de agua o por servicios otorgados por sectores usuarios, tiene más éxito. Lo otro es que en los países de la región, salvo excepciones como México, existe poca capacidad de cobranza y sobre todo de fiscalización de usos.
Para algunos la gestión del agua por sectores usuarios, por fuente de origen (organizaciones de usuarios de aguas subterráneas, de usuarios de canales, de usuarios de cauces, de usuarios de una presa, de usuarios de aguas servidas con o sin tratamiento, de lagos, etc.), o por sector usuario y servicio, (servicio de agua potable y saneamiento, de generación de hidroenergía o de riego y drenaje (regantes) sigue siendo lo dominante en grandes cuencas y para muchos es lo que “efectivamente funciona”. Aunque no se preocupen de que la gestión parcializada no permite enfrentar los problemas comunes a todos como puede ser la contaminación, sequías, o inundaciones.
Es normal en todo caso que luego de años de tradición de hacer gestión por sectores de usuarios, fuentes de agua u otra forma acotada de gestión, cueste a un determinado sector de usuarios, como por ejemplo el de riego, participar en un sistema de gestión integrada de aguas por cuencas.
En contraste a la oposición al pago de los “gastos comunes” “para la gestión del agua a nivel de cuenca o sistema hídrico” hay mejor posibilidad de solucionar conflictos a pequeña escala y pagar para recibir servicios concretos
En el Perú, por ejemplo, el poderoso sector de regantes[7] que administra el 80% del agua que se consume, ha sido el que tradicionalmente ha gestionado el agua en las cuencas. Esto ha sido avalado por la ley de aguas anteriormente vigente que señalaba que la autoridad de aguas en primera instancia era el “Administrador Técnico del Distrito de Riego”. Las empresas hidroeléctricas, las de agua potable y las mineras a su vez rara vez han dado cuenta de los usos de agua que hacen ni se han integrado a la gestión del agua de la gran cuenca donde se instalan.. Estas empresas por lo menos en el Perú no tienen costumbre de asumir la gestión de agua a nivel de cuenca con otros usuarios[8]. Cambiar esas costumbres toma tiempo, mas aún si no hay suficientes recursos para hacerlo. Otras veces los que se oponen a gestionar el agua por cuencas son los gobiernos de regiones que consideran que el agua dentro del territorio de ellos es “suya”, es decir, que muchas organizaciones e instituciones existentes no se avienen a enfocar la gestión del agua por cuencas… así los motivos son muy variados.
Algunos consideran que la gestión del agua por cuenca se debe hacer a partir de los gobiernos tradicionales establecidos sobre límites político-administrativos por ser una opción más efectiva[9]: Es el eterno debate entre la gestión del agua por cuencas mediante la creación de organizaciones de gestión del agua por cuencas (completas con consejos y agencias) en contraposición a la gestión del agua desde los gobiernos regionales, provinciales y locales establecidos.
Hay evidente complejidad y dificultad para que una provincia o región ceda parte de sus atribuciones en favor de una organización nueva que abarca una cuenca que forma parte de sus territorios de gestión. Algunas regiones tienen sus propias comisiones de gestión del agua y otras, aun cuando no las tienen, no están preparados a ceder atribuciones o no saben cómo hacerlo. Por otro lado en general el aparato público tradicional a nivel de regiones como en el Perú[10] no consideraban necesariamente participar en sistemas de gestión por cuencas dentro de sus roles pero si se sienten dueños del agua de las cuencas que nacen en dicho territorio.
En el Perú los conflictos mayores ocurren entre regiones que compiten por la misma agua o que deben ceder parte del agua de sus vertientes para trasvasarlas hacia otra vertiente y región o hacia zonas bajas de la costa. En esta circunstancia afloran los regionalismos así como la necesidad de proteger las fuentes de agua y a los usuarios de las partes altas. La autoridad de aguas se ve convertida en un árbitro entre grupos antagónicos. La presencia de Organizaciones de Gestión de Agua por Cuencas puede ayudar a reducir estos enfrentamientos si sirve para establecer el dialogo entre las partes y se puede lograr fórmulas de compensación aceptables por las partes.
En el Perú, por ejemplo, el poderoso sector de regantes que administra el 80% del agua que se consume, ha sido el que tradicionalmente ha gestionado el agua en las cuencas
En el Perú casi todos los ríos importantes cruzan varias regiones. Para su desarrollo el Perú requiere trasvasar agua de la vertiente del Atlántico (más del 98% de las aguas disponible) al Pacífico ( menos del 2% del agua disponible en el país) dado la escases de agua en el lado del pacífico. Los proyectos captan agua de ríos ubicados en las zonas altas de la vertiente del atlántico o de lagunas altas para trasvasarlos a la costa del pacifico dejando con poco agua dichos lugares. Esto genera muchos conflictos como está ocurriendo en el Perú entre usuarios de agua de las vertientes de donde se importa agua y los usuarios del agua en las zonas de la costa que la trasvasan para irrigar sus campos , entre mineras y agricultores y entre regiones como Cusco y Arequipa y Piura y Lambayeque[11]. También hay conflictos cuando de un mismo río nacen varios proyectos que compiten por el agua como del río Santa (Ancash, Perú) que debe abastecer dos grandes proyectos el CHAVIMOCHIC y el CHINECAS además de los usuarios directos del río.
Para minimizar conflictos se debe sobre todo establecer una capacidad de participación efectiva e informada de los actores o usuarios del agua en los consejos de gestión de recursos hídricos. Es importante que todos los representantes de actores que intervienen en forma directa o indirecta en una cuenca y su agua participen en dichos consejos donde existe un sólido apoyo técnico el que permite la toma de decisiones informadas. Sin eso, los conflictos a veces se gestan a partir de creencias muchas veces sin bases reales y alimentadas sólo por los intereses de algunos. Además de participación informada se necesita disponer de un sistema adecuado de gestión del agua que ponga en práctica las decisiones tomadas por el consejo bajo la orientación de un grupo técnico. La transparencia en la gestión es esencial… y no menor es mantener un equipo profesional de alto nivel, bien equipado a cargo de conducir los acuerdos de un Consejo de Recursos Hídricos de cuencas y hacer cumplir la ley y sus reglamentos.
Otro caso que nos permite analizar otras fuentes de conflictos es el caso chileno en el contexto de la legislación existente. Los conflictos por el agua en Chile siguen un ritmo diferente que en la mayoría de los países de la región. Prácticamente todos los conflictos se atribuyen a la aplicación del Código de Aguas[12]. Los conflictos más comunes surgen por acaparamiento, especulación, inequidad, pero también existen los denominados macro-conflictos asociados a posiciones (y/o presiones) políticas. Las propuestas de solución por lo tanto se centran mayormente en la modificación del código o hasta lo que denominan algunos como “la nacionalización del agua”; nacionalización de empresas de agua potable y saneamiento o de recuperación de derechos de agua de manos de empresas privadas sobre todo de generación de energía. El problema con esta propuesta es que se basa en la idea de que al eliminar los derechos otorgados sobre el agua se pudieran evitar todos los conflictos por el agua, y esto es poco realista.
Cuando no se dispone de un sistema estable, conocido y respetado de gestión del agua a nivel de cuencas se fomentan más conflictos a escalas antes no pensadas
La situación real es que ningún gobierno en el mundo ha ido tan lejos en la entrega del agua al sector privado como en Chile. No sólo en términos de los derechos sobre el agua sino también en la gestión del recurso. El agua se ha entregado sin justificar su uso, se compra y se vende como cualquier mercancía inclusive durante años se hizo sin informar a la autoridad de aguas, se entregó agua a perpetuidad y sin pago alguno y sin límites de posesión, el derecho es hereditario, no se privilegia el uso del agua a la población, no hay disposiciones para la gestión integrada del agua por cuencas y otros aspectos. Desde la aplicación del Código de Aguas en 1980 y durante más de una década solo se escribieron artículos que daban por sentado que esta forma de gestionar el recurso agua era lo mejor. El primer documento que alertó sobre las limitaciones de esto fue elaborado en la CEPAL en 1999[13] y recién a partir de ese trabajo surgieron más investigaciones alertando las posibles consecuencias de su aplicación (ver por ejemplo Bauer (2002)[14].
La mayoría de los conflictos por las intervenciones en las cuencas y el agua en Chile no son diferentes que en las de los demás países[15], solo que en Chile la mayoría de los mismos se atribuye, como se señaló, al Código de aguas (1980). Sin embargo, el hecho que se encuentran conflictos similares en países con leyes de agua diametralmente opuestos indica que el problema no sólo es la legislación del agua; volver a transferir las empresas y las aguas en manos del Estado, o que se prohíba la participación privada en el otorgamiento de servicios de agua potable y saneamiento para que así no se tengan conflictos ha demostrado no ser la solución en otros países. Se requieren estudios mucho más exhaustivos para determinar cuáles son los cambios necesarios que se pueden implementar para mejorar la gestión del agua en Chile.
Otro de los conflictos identificados en los estudios existentes es la inadecuada gestión del recurso hídrico, aunque estos son mencionados en menor relevancia comparados con el tema de la legislación. Los efectos de una inadecuada gestión o incumplimiento de lo que estipula el código es en parte responsabilidad del código pero también parte de la carencia de capacidades del Estado y de los privados para gestionar el agua. En algunas cuencas aun una buena parte de los usuarios de agua sobre todo de riego, aún no tienen todos las organizaciones necesarias, carecen de una visión de gestión integrada del agua por cuenca (siguen gestionando por secciones del cauce principal), no respetan acuerdos entre ellos, no invierten ni mantienen sus sistemas de riego, tienen registros de usuarios desactualizados, no aplican reglas estrictas para evitar robos de agua, ni para evitar la sobre explotación del agua subterránea, no se preparan lo suficiente para enfrentar situaciones de sequías o inundaciones, invaden zonas de riesgo de inundación, no tienen la infraestructura adecuada para la distribución del agua y su medición, no hay suficiente control de la contaminación, no invierten en hacer mediciones volumétricas del agua, muchos no regularizan ni los pozos ni los derechos de las aguas que utilizan y en general están aún muy atomizados separando la gestión del agua subterránea de la superficial. Todo ello no es generalizado ni atribuible al código de aguas si no a la carencia de buenos sistemas de gestión del agua por cuenca.
La situación real es que ningún gobierno en el mundo ha ido tan lejos en la entrega del agua al sector privado como en Chile
Los reclamos de los directores regionales de agua son muchas veces sobre las limitaciones que les impone el código como las que son ajenas al código de aguas. El código ciertamente impone limitaciones a la Dirección General de Aguas para mejorar la gestión del agua y debe ser mejorado. Se lamentan por ejemplo de estar obligados a recurrir por un juez de policía local para resolver controversias y conflictos por el agua, tener que acatar un dictamen de los mismos jueces para entregar más agua a pesar de saber que el acuífero de donde se supone que debe sacarse agua ya este agotado, a permitir la compra y venta de derechos de agua de papel (jamás usados ) o no poder opinar si la compra y venta afecta a terceros o al medio ambiente, a no poder impedir que se respete el factor de uso[16] cuando se vende el agua o a no poder intervenir para mejorar la distribución del agua si no se declara la región en emergencia, entre otros temas. Los variados informes elaborados sobre la situación de la gestión del agua en Chile durante el año 2011 dan amplia cuenta de todas esas situaciones[17].
No hay duda que muchos artículos del código se deben mejorar significativamente, como por ejemplo poner regulaciones al mercado de agua, protección a terceros y al medio ambiente. Para determinar cuáles artículos deben ser mejorados y en qué forma, será esencial recoger las opiniones de los usuarios, de la sociedad civil y de los funcionarios públicos sobre todo de la DGA (Dirección General de Aguas, Chile). Preguntarles sobre las limitaciones que les impone el código para lograr una mejor gestión del agua en su calidad y cantidad.
Otro de los conflictos identificados en los estudios existentes es la inadecuada gestión del recurso hídrico, aunque estos son mencionados en menor relevancia comparados con el tema de la legislación
Referencias:
[1] Conflictos por el agua Majes-Siguas II agravados por un juez de la provincia, El Comercio (Perú). El juez Prudencio Aymituma Quispe, titular del Juzgado Mixto de la provincia de Espinar (Cusco), ordenó ayer paralizar el proyecto de irrigación Majes-Siguas II por considerar que este afectaría la vida de los pobladores de la provincia cusqueña al contener el agua del río Apurímac en la represa del pueblo de Angostura. Además, señala que no se han aprobado los estudios de impacto ambiental ni de balance hídrico. La resolución se basa en los vacíos que habría encontrado Aymituma tras las explicaciones de los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa, el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) -con quienes se reunió el pasado 5 de enero- sobre cómo se garantizará el abastecimiento de agua para los pobladores de Espinar. Según el estudio de balance hídrico que realizó Agricultura, la ejecución del proyecto provocaría un déficit de 12 millones de metros cúbicos por año…. “JUEZ HA SIDO PRESIONADO” En Arequipa, funcionarios del gobierno regional consideraron extraña la resolución del juez Aymituma, quien está a pocas horas de dejar el cargo al no haber sido ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). “El juez Aymituma ha tomado una decisión presionado por los pobladores de Espinar”, aseguró el gerente del proyecto, Ronald Arenas Córdova, al corresponsal de El Comercio Carlos Zanabria. Sin embargo, para los representantes del Comité de Lucha de Espinar, así como para los funcionarios de la región Cusco, que el CNM no haya ratificado en su cargo al juez Aymituma es una intromisión del Gobierno Central. Arenas Córdova sostuvo, además, que la resolución que ordena paralizar las obras causará molestia en el concesionario y seguramente incertidumbre en la población, “pero legalmente no puede surtir efecto porque el proyecto ya ha sido concesionado y está en etapa de ejecución definitiva”. “No sabemos qué va a paralizar: el proceso de licitación ya terminó y estamos a la espera del inicio de las obras civiles”, aseguró. A su turno, el gerente del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzales, precisó que aún no han sido notificados y que apenas reciban la resolución, apelarán el fallo a través de los procuradores Fernando Bustamante y Jorge Luis Cáceres… y esto sigue.
[2] Incluye la construcción de una represa, denominada Angostura (1,140 mm3) cerca de los límites entre Cusco y Arequipa. La desviación del agua de Angostura al Colca (18.4 km. de túnel para 30 m3s-1) mediante trasvase de agua de la vertiente del atlántico a la del Pacífico, la construcción de la bocatoma Lluclla (23 m3s-1) y la derivación Lluclla – Pampa, de Siguas (16 km. de conducción) mas el sistema de distribución de agua para 38,500 ha. Costó alrededor de 234 millones de US Dólares.
[3] Es de destacar que muchas veces los proyectos de trasvase se planifican en base a “importar” agua de otras vertientes sin considerar medidas de compensación para los habitantes de donde se proveen de agua
[4] Autoridad Nacional del Agua del Perú (ANA) identifica 244 conflictos por agua, Marzo 10, 2010: Un total de 244 conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos identificó la Autoridad Nacional del Agua a febrero de este año, de los cuales nueve fueron resueltos en los últimos cuatro meses, entre ellos el caso de Laguna Parón en Ancash, reveló el secretario general de la institución, Javier Carrasco. Precisó que de ese total el 44,3% (108) se encuentra en estado latente o de formación, 43% (105) en estado moderado y 9% (22) en estado crítico. Los mayores conflictos se registran en los departamentos de Cajamarca y Piura con 8,6% cada uno y Ancash con 7,8%. El funcionario señaló que la falta de información es un punto crucial en la generación de conflictos de este tipo, pues muchas veces se cree que hay descuido o desinterés por parte del Estado. “Hemos instaurado un sistema de información y de capacitación para que los usuarios puedan tener conocimiento de las competencias de la ANA y apenas se publique el reglamento se iniciará toda una campaña de difusión a nivel nacional” resaltó Carrasco. En cuanto al tipo de conflicto, el 58.6 por ciento se genera por el uso del agua, el 19.3 por ciento por disputas en la gestión del agua, el 17.6 por ciento por la disponibilidad del agua y el 4.5 por ciento por acceso al agua. En el caso de los conflictos originados por uso del agua, el 24.5 por ciento está relacionado al sector acuícola y pesquero, el 18.9 por ciento al sector recreativo, el 11.2 por ciento al sector agrario y minero y el 9.1 por ciento al sector agrario, entre otros. Asimismo, el 31% (75) de los conflictos tienen relación con la mala calidad de agua. Para abordar estos casos la ANA ha implementado laboratorios móviles en Piura, Cajamarca, Madre de Dios y Cusco, para constatar estos casos. Finalmente, Carrasco destacó que la solución de los conflictos por agua se lograron debido a una mayor vinculación con las comunidades y la sociedad civil para abordar el problema de manera integral.
[5] Simplemente no confían que el dinero que ingresa al tesoro público va a regresar para inversión en sus cuencas. En contraste, los sistemas privados solo se ocupan de su canal o su sector, y tienden a servir solo a los que pueden pagar… no tiene visión de cuenca. En comunidades indígenas alto-andinas eso se superó con el trabajo de “mingas” y “mitas” en los cuales todos participan por igual.
[6] Sin embargo, esa oposición no existe cuando se trata de pagar arbitrios municipales (que si no se pagan significa que rematan la casa como en Chile) para mantener un barrio (seguridad ciudadana, eliminación de basura, etc.) ni cuando se trata de pagar por los gastos comunes en un edificio. Tampoco se oponen a que se haga un plan regulador urbano y se cumpla la aplicación aplicándolo en una comuna o aprobar un plan para mantener un edificio… pero si se oponen con todo para manejar “las gran casa” y el agua de donde todos viven como es una cuenca.
[7] http://www.jnudrp.com/ Junta de regantes del Perú
[8] En el Perú ello está mejorando paulatinamente. De hecho solo 60 empresas aportan el 80% de los aportes cobrados por usos de agua aun cuando con tarifas aun muy bajas
[9] Ernesto Guhl de Colombia señala por ejemplo: para desarrollar sus visiones, proyectos de desarrollo y actividades de diversas clases, los países han dividido su espacio para gobernar sus territorios, de acuerdo con sus características políticas, sociales, económicas y ecológicas. Si bien es cierto que estas divisiones pueden no ser las mejores, son las que tenemos creadas por las constituciones nacionales y las leyes. Estas divisiones territoriales tienen generalmente tres niveles; el nacional, el regional (estatal, provincial, departamental, etc.) y el local, (municipal, veredal, etc.). Es a través de ellas como se gobierna desarrollando las funciones del Estado y asignando y ejecutando el presupuesto a los tres niveles territoriales. En el caso de Colombia, partiendo del principio constitucional básico de que es una república unitaria, pero permitiendo la inclusión de las muy heterogéneas características y condiciones regionales y locales, la gestión ambiental y dentro de ella la del agua, se deben articular y realizar en los tres niveles territoriales mediante los principios de gradación normativa, rigor subsidiario y armonía regional. Es decir que en nuestro caso la unidad de gestión del Estado más cercana al territorio (entendido como una construcción social colectiva), es el municipio. Los departamentos tienen la función constitucional de orientar y coordinar los planes y acciones de los municipios y diseñar y planear la expresión regional y local de los planes y directrices de carácter nacional. El nivel nacional del Estado a su vez orienta y coordina a los departamentos. Con respecto a los temas ambientales, el agua por ejemplo, la jurisprudencia reconoce que cuando trascienden los límites políticos administrativos, es necesaria la cooperación y articulación de los entes territoriales (departamentos y municipios), con espacios compartidos como por ejemplo las cuencas.
Este arreglo teórico no siempre opera adecuadamente sobre el territorio, puesto que la cooperación institucional y la articulación de los diversos niveles presentan inconvenientes y dificultades prácticas muy difíciles de resolver. Uno de ellos es la falta de coincidencia, por demás obvia, de los límites político administrativo con los límites naturales. Por estas razones y otras como la de "despolitizar", la gestión ambiental ha surgido la idea de hacer un manejo "más natural" de espacios como las cuencas, alejando la gestión del agua de los canales y procedimientos tradicionales por medio de los cuales se realiza la gestión pública en sus diversas facetas. En otras palabras se ha tratado de construir, con buenas intenciones pero ingenuamente, una nueva institucionalidad mas" lógica y técnica" que remplace la ineficiente y poco transparente institucionalidad tradicional. Consideramos que los organismos de cuenca no poseen la fortaleza jurídica ni institucional para lograr un adecuado manejo de las cuencas, ni la capacidad legítima de convocatoria, regulación y obligatoriedad en sus decisiones para que las partes interesadas, tanto públicas como privadas, realicen una gestión integrada del agua. Por ello estamos proponiendo dar nuevamente importancia y obligatoriedad en la gestión del agua a los entes territoriales en sus diversos niveles reviviendo el cumplimiento de sus iniciativas y responsabilidades sobre el tema.
[10] Adolfo Toledo, ex director general de aguas del Perú, indica que la ley nacional – recursos hídricos- se pronuncia claramente sobre este tema, pero las leyes que rigen a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales no están alineados con el tema del agua porque fueron elaborados años antes – se refiere a que su ley orgánica; y por ende la trasferencia de funciones y competencias, quedo ahí en el tintero e incompleto, sin acreditación; pero no se refiere a que solo exista en las leyes orgánicas de las regiones, sino que más allá de la Ley, no existe el compromiso objetivo de cada uno de los niveles de gobierno mencionados. Indica que en la Autoridad Nacional de Agua (ANA) están construyendo esos acuerdos. Señala que todos se preocupan de los usuarios de agua y de los consejos, pero no de los de los niveles de gobierno regional y municipal. La estrategia de la ANA es operar con el sistema nacional de gestión de recursos hídricos del cual la ANA es ente rector y tiene en sus manos inmensas posibilidades de enrollar y alinear sectores, y entidades privadas, con las políticas y estrategias.
[11]. Otro ejemplo de un conflicto del agua entre regiones en el Perú se manifiesta entre las regiones de Piura y Lambayeque sobre el acceso a las agua del río Huancabamba, (que vierte a la cuenca Amazónica), para trasvasarlos a la cuenca del río Piura en la costa del pacífico, para el Proyecto Hidroenergético Alto Piura (PHAP) y riego, y la misma intención de Lambayeque, con el antiguo Proyecto Olmos, de desviar y trasvasar parte de las aguas del mismo río Huancabamba a la cuenca del sistema de irrigación y embalse de Olmos. Parece que a la fecha tras más de cien años de disputas, piuranos y lambayecanos se pusieron de acuerdo en forma inicial para distribuir el agua del Río Huancabamba, entre los proyectos Olmos y Alto Piura son quienes la reciben. El acta señala que para la distribución mensual de las aguas del río Huancabamba entre los proyectos Olmos y Alto Pira, se utilizará como data el año real que se aproxima al año medio histórico de la data 1965-2008 aforada en la estación Limón. El 45% del agua del Huancabamba iría para el proyecto Alto Piura y el restante para el proyecto Olmos. http://radio.rpp.com.pe/cuidaelagua/olmos-y-alto-piura-compartiran-agua-del-rio-huancabamba/
[12] Conflictos por el Agua en Chile, Entre los Derechos Humanos y las Reglas de Mercado. Editores: Sara Larraín – Pamela Poo, Programa Chile Sustentable. Primera Edición Marzo 2010, Santiago de Chile
[13] Dourojeanni, Axel y Andrei Jouravlev, El Código de Aguas de Chile: Entre la Ideología y la Realidad. CEPAL LC/R 1897, Marzo 1999, Santiago de Chile
[14] Carl Bauer, Contra la Corriente: Privatización, Mercados de Agua y el Estado en Chile, LOM Ediciones, Fundación Terram , Santiago de Chile, Diciembre 2002. Carl J. Bauer es geólogo de la Universidad de Yale, geógrafo de la Universidad de Wisconsin y PhD. en Jurisprudencia y Política Social de la Universidad de California. Actualmente es profesor asociado en Geografía y Desarrollo Regional de la Universidad de Arizona.
[15] Regantes denuncian agresiones, disparos al aire y amenazas por sequía en río Aconcagua El Mercurio, 27 de enero 2012, "Guerra del agua" se desata en la Sección III de la cuenca, la más golpeada por la escasez hídrica. Dirigentes de Quillota dicen que se han creado cuadrillas de vigilancia para evitar robos y que la crisis es originada por agricultores del curso superior que "acaparan" el exiguo caudal. Cuadrillas de vigilancia armadas para evitar robos en las acequias comunes están emergiendo en la tercera sección del valle del río Aconcagua, cuyo caudal es mínimo, producto de la crisis hídrica que afecta a la zona. Las pérdidas ascienden a US$ 250 millones anuales por la tala de dos mil hectáreas de paltos y la pérdida de calibre de los frutos a raíz de la prolongada sequía. La Dirección General de Aguas comprobó la denuncia y resolvió intervenir las 24 compuertas de la sección II, que clausurará mañana. El presidente de regantes de la sección II, Jorge Smith, rechazó que se niegue a compartir el recurso hídrico. Además, advirtió que el conflicto entre las secciones se agravará si el interventor obliga a la sección II a abrir sus compuertas más de las 36 horas por fin de semana del acuerdo vigente. Dijo que el problema se evitaría si a su entidad se le diera personalidad jurídica para fiscalizar a sus socios.
[16] Gobierno de Chile, Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas (MOP-DGA) Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos / 2002El factor de uso: El factor de uso refleja la naturaleza de la explotación de aguas subterráneas, que hace que las captaciones sean empleadas sólo en forma temporal y de ese modo, la extracción media de largo plazo desde el acuífero sea sustancialmente menor que la explotación máxima autorizada como derecho de aprovechamiento .En efecto, para una actividad cualquiera, como por ejemplo la actividad agrícola, los pozos se utilizan algunos meses en el año y difícilmente se explotan por más de 8 horas diarias, debido a los requerimientos hídricos del cultivo o plantación; inclusive, en algunos casos las aguas subterráneas se emplean como complemento de recursos superficiales solamente en períodos de déficit y como suplemento al riego superficial: Los factores de uso adoptados son: Agrícola 0.2, Minero 0.75, Industrial 0.3, A. Potable 0.75.Cualquier otro criterio sería funesto para el desarrollo futuro del país, puesto que si se consideraran sólo los derechos nominales en la evaluación de la disponibilidad, no sería posible en la actualidad constituir ningún nuevo derecho de agua subterránea en la mayoría de los acuíferos del territorio nacional, con la consecuente y absurda conclusión de que debido al monto de los derechos constituidos, no existe disponibilidad del recurso para resolver nuevas peticiones sobre esas aguas, cerrando de esta manera cualquier posibilidad de desarrollo de alguna actividad económica que deba recurrir al agua subterránea ya sea porque se necesita de un caudal constante para alimentar sus sofisticados sistemas de riego o porque simplemente no existe disponibilidad en los cauces superficiales cercanos.
[17] Informe del Instituto de Ingenieros de Chile Noviembre 2012, Temas Prioritarios para una Política Nacional de Recursos Hídricos Informe de la Comisión Nacional de Riego (CNR) Cumbre el desafío del agua en Chile, Informe del Banco Mundial, Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos en Chile, Informe del Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente (CIPMA,) ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para una gestión del recurso hídrico más sostenible, justo y transparente? y el Informe de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cumbre El Desafío del Agua en Chile, Santiago de Chile, 2011
