El modelo ideal de institucionalidad, para la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos y el agua, debe diseñarse con fines de lograr alcanzar el modelo ideal de una cuenca y sistema hídrico bien intervenidos: recursos hídricos o fuentes de agua bien conservados, equidad en el acceso al agua, mínimos conflictos entre usos muy usuarios, control sobre los impactos negativos en el ambiente y mitigación de efectos de sequías e inundaciones entre otros. Un plan debe ser una guía para lograr ambas metas: adecuada institucionalidad y una cuenca y recursos hídricos y agua bien intervenidos y bien utilizados.
No se deben confundir la gestión de los recursos hídricos o fuentes de agua con la gestión del agua que se obtiene de dichas fuentes. Tampoco se debe olvidar que la disponibilidad de agua para múltiples usos es función de la buena gestión de dichas fuentes de agua. Planificar el uso del agua, por ejemplo, para abastecer demandas urbanas de agua potable y saneamiento sin considerar y asegurarse de proteger las fuentes de donde vendrá el agua … es tan absurdo como planificar el uso de madera sin preocuparse de manejar y proteger el bosque que la produce o dedicarse a procesar leche sin preocuparse de la crianza y protección de las vacas que producen la leche.
Un plan es una estrategia escrita, es decir debe indicar que hacer y cómo hacerlo, cuanto costara, quien debe dar cada paso, quien va a financiar su aplicación etc. Por ello todo plan debe partir de un buen marco de referencia que pida lo que se debe hacer teniendo claro las metas. El mandato debe ser concordante con el tiempo que se asigna para formular el plan y el monto presupuestado para elaborarlo. Debe estar amparado por una organización que lo debe formular con todos sus atributos y con la capacidad legal, técnica, supervisora etc. para aplicarlo en el tiempo que sea necesario. Hacer planes sin definir su respaldo legal, quien lo financiará y quien lo pondrá en práctica es perder tiempo y dinero.
La usual atomización de roles y atribuciones de las organizaciones públicas dedicadas a normar la intervención o a veces intervenir directamente sobre los recursos hídricos y el agua impide hacer un plan “integral”. Hay organizaciones dedicadas a la gestión de recursos hídricos (fuentes de agua), otros al uso del agua proveniente de las fuentes de agua o usados dentro de las fuentes y otros dedicados a conservar las cuencas de captación…. Esta atomización, si no hay coordinación, no facilita lograr lo que se ha dado por llamar la gestión, ordenamiento o aprovechamiento “integral” de los recursos hídricos. Cada cual tiende a formular sus planes en forma independiente con lo que no se logra integrar los resultados.
La autoridad rectora de la gestión de los recursos hídricos en un país debe tener pleno dominio sobre la aplicación de los instrumentos de gestión de las intervenciones sobre ellos recursos hídricos y el agua. Debe tener información en tiempo real sobre la contabilidad hídrica (no entregar más derechos que el agua disponible, controlar las externalidades externas por el uso del agua etc.), capaz de aplicar la ley y fiscalizar, capaz de aplicar instrumentos económicos y de financiamiento, capaz de organizar los usuarios y la gestión de los recursos hídricos por cuencas y capaz de ordenar las inversiones en obras hidráulicas, conservación de las cuencas y otras tecnologías. Lo más necesario es que tenga capacidad de prevenir situaciones o escenarios a futuro tanto como solucionar situaciones en el presente. Debe disponer y usar indicadores de los efectos de su gestión para evitar o corregir problemas en cada cuenca del país y para ello debe poder delegar atribuciones reales a nivel de cada cuenca o sistema hídrico.
