Las diferentes modalidades y avances en la gestión del agua y las cuencas en América Latina proporcionan un verdadero laboratorio de ensayos con las más diversas experiencias. Países que disponen de planes nacionales de gestión de agua como Brasil mientras otros no lo han iniciado, países que prohíben en la constitución la participación privada en el otorgamiento de servicios de agua potable y saneamiento como Uruguay y Ecuador, otro que lo apoya como Chile, unos que prohíben los mercados de agua mientras otros los apoyan, países que crean organizaciones de cuenca que cubren el territorio del país como México mientras otros las establecen a medida que son necesarias como Brasil, países que apoyan la instalación de Organizaciones de Gestión de Agua por Cuencas(la mayoría pero con diferentes énfasis) y otros como Chile que aún lo evaden y así existen otros muchos contrastes.
En todos los países hay problemas similares como inequidades, contaminación de los cuerpos de agua, efectos de inundaciones y sequías, ocupación del territorio sin seguir un ordenamiento, sobre explotación de acuíferos, presencia de usuarios ilegales o informales, extracción de agua por encima de sus derechos o concesiones, alteración de las cuencas de captación y otros. La diferencia está en cómo están organizados para enfrentar estas situaciones, a quien se hace responsable de hacerlo, como se financian y que capacidades instaladas tienen para hacer cumplir los acuerdos. Según lo evaluado en este documento, parece que las mayores debilidades están en materia de articulación de las intervenciones sobre el agua y las cuencas, capacidad de cobros y financiamiento y en la capacidad de fiscalización de cumplimiento de las leyes, entre otras aplicar normas de zonificación u ordenamiento territorial por cuenca.
La gestión del agua en los límites de disponibilidad ocurre en muchas circunstancias y territorios. No es una situación exclusiva de zonas áridas, puede ser temporal bajo la ocurrencia de períodos secos o se puede proyectar a largo plazo. Puede estar circunscrito a un usuario o empresa o abarcar toda una región. Puede deberse a un fenómeno o evento natural o a una situación producto de fallas en estructuras hidráulicas, o ambas. Los encargados de la gestión del agua siempre deben estar preparados para enfrentar situaciones extremas. Si bien cada país es libre de buscar la fórmula que más le acomoda para establecer sus sistemas de gestión del agua y las cuencas es conveniente que evalúe lo que pasa en la región y que tenga la continuidad y capacidad para hacer ajustes a sus leyes y sistemas para adaptarse a las situaciones propias.
La gestión del agua es compleja. Cuando se altera el medio ambiente para satisfacer necesidades humanas se interviene el sistema natural; así de simple. Una vez alterado el sistema la sociedad adquiere un compromiso a perpetuidad para manipular con conocimiento lo que antes se hacía en forma natural. Dado que los que intervienen el medio son muchos actores con diferentes intereses y conocimientos la posibilidad de lograr acuerdos para hacerlo bien sobre un sistema compartido requiere el compromiso y participación de muchos actores, el conocimiento del efecto de las intervenciones y la autoridad para hacer respetar las normas y acuerdos.
Las leyes de aguas deben dar el marco de trabajo rescatando los elementos esenciales para una buena gestión del agua. Deben ser una ley marco, porque cada región y cada cuenca dentro de un país tiene situaciones particulares y se hace necesario adaptarse a las mismas. No debe basarse sólo en situaciones transitorias en la política. Los extremos de estatización y de privatización del agua y servicios muchas veces responden solo a posiciones políticas y económicas que han probado no ser garantía para lograr una buena gestión. Lo mejor es alcanzar un sano equilibrio entre la participación privada, el Estado y la sociedad civil.
El Estado tiene un rol esencial para lograr alcanzar metas de equidad en las opciones de acceso al agua, la protección ambiental y todo lo que ello implica en materia de agua, el monitoreo del territorio intervenido, el conocimiento de los interventores y la fiscalización del cumplimiento de las normas y acuerdos. Eso por otro lado no significa que deba substituir el rol de las organizaciones privadas y de las comunidades que tradicionalmente han gestionado el agua, debe más bien reforzarlas para que amplíen su gestión a nivel de las cuencas donde se asientan. Tampoco es recomendable prohibir expresamente la participación privada en los servicios públicos de aguas potable dado que en muchas situaciones ello es lo único funcional bajo un control adecuado.
En general las soluciones buscadas cuando se está en los límites de disponibilidad de agua son buscar fuentes alternativas de agua sobre la base de obtener más derechos y otras en base a aplicar tecnologías. Es decir que lo primero es recurrir a cambiar el destino de uso de las aguas y a aplicar las medidas de ingeniería y tecnología disponibles. Los mercados de agua en Chile son los que mejor facilitan el cambio de destino de uso de agua mientras en otros países es el Estado el que lo decide. Ninguna de las dos opciones evita afectar a terceros y al medio ambiente. Las obras hidráulicas de trasvase o regulación son muy importantes aún en los países de la región pero a su vez no están exentas de grandes controversias y conflictos por el ambiente y con los usuarios del agua que se trasvasa o regula.
Los extremos de legislación del agua que apuntan sólo a la estatización o sólo a la privatización del agua basada en posiciones políticas puras han probado no funcionar en forma adecuada. Las leyes deben poder aplicarse adaptándose a las situaciones regionales y características de los sistemas hídricos y la de los interventores sobre el medio. Deben facilitar el establecer una adecuada relación público privada e incluir a la sociedad civil. La participación de todos estos actores en la toma de decisiones es esencial pero también es esencial tener la autoridad del Estado para hacer cumplir los acuerdos.
La gestión del agua requiere el conocimiento que aportan los profesionales y la tecnología que permite monitorear el agua y las cuencas. Es el conocimiento compartido el que genera mejores opciones de solución, el conocer y respetar los límites que impone la naturaleza, el financiamiento de las acciones, el saber cómo no afectar a terceros y solucionar diferencias de intereses para minimizar conflictos, el proteger la equidad y la capacidad de aplicar las normas y acuerdos establecidos. Ello se logra disponiendo de las organizaciones de gestión de agua por cuenca debidamente equipadas.
En América latina hay muchas iniciativas para crear organizaciones de gestión de agua por cuenca. A pesar de ello son aún pocas las organizaciones que cumplen con todos los requisitos para operar debidamente. La continuidad de las políticas hídricas es lo que permite que vayan corrigiendo los aspectos necesarios. La recomendación es que las organizaciones que se establezcan deben nacer en lo posible con todas sus atribuciones ya que, al no cumplirse las expectativas que generan, se produce un retroceso que cuesta superar. La instalación de estas organizaciones requiere protocolos, apoyo permanente, leyes bien estructuradas y continuidad en la gestión.
En síntesis, repitiendo lo que señala López Roldan[1], Independientemente del paradigma que predomine -sistema con predominio del Estado o sistema con predominio privado y de derechos sobre el agua – un Sistema de Gestión del Agua funciona mejor en aquellos países donde existe una mayor vocación de respeto a las normas cívicas y cumplimiento de la ley... Siendo el agua un elemento básico para la subsistencia y desarrollo del ser humano, al final, el grado de equidad en su gestión se convierte en una función directamente proporcional al grado de desarrollo de los propios países. A mayor respeto de las normas, mayor equidad. Si no se respetan las leyes, siempre predominará el caos y la inequidad en la gestión del agua, independientemente del tipo de sistema que predomine…”
