La organización para la gestión de la cuenca debe incentivar y asegurar la participación de los actores relevantes en una forma abierta, equitativa y con soporte de recursos. Deben poder priorizarse inversiones y acciones en general y no ser solo consultivo. Debe incorporar las mejores prácticas de consulta pública y proveer la estructura suficiente para capacitar a los participantes.
Como parte de este elemento, debe existir una persona coordinadora, representatividad de todos los sectores, que no exista dominio de un sector sobre los demás, preferir que participen los habitantes que viven dentro del límite de la cuenca por sobre los que habitan fuera, que los comités que se formen los integren personas con un amplio rango de experiencias, que las decisiones sean trasparentes, que exista equidad fiscal, que estén representadas personas de la parte alta y baja de la cuenca, que se hagan las consultas pertinentes según el proyecto y que se tengan medios efectivos para conciliar intereses y resolver controversias o pleitos entre los actores.
Los compromisos de carácter nacional, regional y de los municipios en los procesos de gestión de las intervenciones sobre los recursos hidricos y cuencas que se encuentran total o parcialmente dentro de su jurisdicción son reveladores del nivel de aceptación del organismo técnico o agencia y del consejo de la cuenca.
Un indicador importante es en qué medida las autoridades locales respetan los propios acuerdos que toman en las asambleas o consejos de la cuenca y cómo lo transforman en mandatos y normas municipales. Por ejemplo, la protección de zonas de recarga de agua subterránea, la construcción de sistemas de tratamiento de aguas, la recolección de basuras evitando que se arrojen a los cauces o la protección de riberas de ríos y de las partes altas de las cuencas de donde captan agua.
