Es solo cuando el ser humano la extrae y la aísla de sus fuentes naturales, que el elemento "agua" se convierte en un elemento aislado del contexto en que estaba (se capta y se lleva por canales, tuberías, camiones, etc. y termina temporalmente en una botella, un sistema riego, en una red urbana, en un proceso minero o industria).
En esas condiciones el "agua” ya no es de "todos”, salvo que luego retorne una parte o todo a alguna fuente natural. Por eso ese eslogan " el agua es de todos” es poco real.
El agua extraída de las fuentes naturales es de aquellos a los cuales el estado les hizo una concesión o les dio permisos o derechos de algún tipo y bajo condiciones de uso o porque alguien se la apropia informal o ilegalmente (para sacar agua o para otros propósitos ilegales como verter contaminantes).
Esto último es muy común cuando los sistemas de gestión de intervenciones en las fuentes de agua y sus ecosistemas, es deficiente o insuficiente o ausente.
Las aguas extraídas de las fuentes naturales en general ya no son bienes "públicos" salvo que se lleven para, quizás, llenar una piscina pública o abastecer un pilón de agua en la plaza de libre acceso. En todo caso, se supone que al menos el agua que es "de todos" es el agua considerada como "derecho humano" o sea un mínimo de libre acceso para sostener la vida humana y de ecosistemas y biodiversidad.
De allí la importancia que el estado, como administrador de bienes públicos, tenga la capacidad de gestionar los “recursos hídricos”, que no son solo "agua”, de un país y hacerlo bien y en beneficio equitativo de las necesidades ambientales y humanas y productivas.
Eso se logra con una adecuada institucionalidad orientada a la gestión de los recursos hídricos (fuentes de agua y ecosistemas asociados) y no solo a la gestión del agua extraída de las fuentes.
